Tribunal Electoral Ciudadano presenta Dictamen que declara como «inválida» la elección presidencial

Jenaro Villamil

El pasado 29 de agosto el grupo de ciudadanos que conforman el Tribunal Electoral Ciudadano elaboró un Dictamen Ciudadano Relativo a la Declaración de No Validez de la Elección Presidencial.

En el documento, los ciudadanos declaran inválida la elección que ratifica como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a Enrique Peña Nieto. Además, encausa al TEPJF para reconocer «las violaciones a principios fundamentales perpetradas por la coalición Compromiso por México y su candidato presidencial»; hacer respetar la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia; ejercer su facultad de control constitucional difuso de la Carta Magna, para dejar de aplicar normas secundarias en materia electoral y que en consecuencia se declare que algunos principios constitucionales fundamentales han sido violados, actualizando así sus causales de nulidad y, por ende, declarando como no válida la elección presidencial de 2012, ya que resulta contraria al principio constitucional de elecciones y voto libres.

De acuerdo al Dictamen, se establece que durante el proceso electoral se dieron claras «violaciones constitucionales y convencionales», graves y sistemáticas que generaron condiciones de inequidad a lo largo de las campañas electorales y durante el día de la elección, misma que fueron determinantes en el resultado de la misma.

Ante posibles dudas de carácter jurídico, el Dictamen Ciudadano expone los elementos necesarios que permitirán al lector interpretar «que la violación a principios constitucionales es un factor determinante para la nulidad de las elecciones».

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Para documentar nuestro optimismo: Los millonarios magistrados del fraude

Jenaro Villamil

Ganan 343 mil 744 pesos al mes. Tienen bonos millonarios. Reciben prebendas que ningún otro alto burócrata obtiene. Son inamovibles, salvo que renuncien, se enfermen o cumplan su plazo millonario. Son los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cónclave de jueces que se han convertido en la “última palabra” en materia electoral, pero no la más creíble y, menos, la más legítima.

No hay plazo que no se cumpla. A partir de este 30 de agosto y, quizá, pocas horas después, veremos a estos señores declarar válida la elección presidencial del 1 de julio. En otras palabras, Enrique Peña Nieto será declarado presidente electo y los comicios serán considerados válidos, ya que no hubo rebase de topes de gastos de campaña, coacción del voto, compra encubierta de espacios en televisión, triangulación de fondos, presunto lavado de dinero, uso y abuso de las encuestas para inhibir la equidad en la contienda. Todo eso no existió. Y los magistrados así lo declararán. ¡Para eso ganan tanto dinero! No pueden ser millonarios y respondones.

El juez por su boca muere. Y estos magistrados no están exentos de esto. Forman parte del “Ballet Folklórico del Estado de Derecho” (como lo definió Carlos Monsiváis en varias entregas de Por mi Madre, Bohemios) porque se dedican al duro arte de la coreografía institucional, que es una estampita increíble de nuestra democracia.

Quien los critique es antidemocrático. Quien no les haga caso, es un peligro para México (y para sus salarios). Quien no baile al son de la Negra Copetuda, será expulsado del reino de Soriana, Monex, HSBC, Televisa, y tantos otros “logos” de la nueva democracia a la mexicana.

Para documentar nuestro optimismo, he aquí unas perlas recientes de nuestros magistrados.

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“La presidencia no se compra”, estampas de la tercera #MegaMarchaAntiEPN

Jenaro Villamil

Pancartas en inglés, francés, alemán y hasta en ruso lanzan sus mensajes a una prensa internacional que para muchos es el último reducto de exhibición del fraude que se ha gestado. Dos jóvenes con máscaras, sobre la avenida Juárez, portan un cartel informativo. Es un mensaje del colectivo Anonymous a todo el mundo. Foto: Jenaro Villamil

Han transcurrido tres semanas de los comicios presidenciales del 1 de julio y el malestar ciudadano por el resultado, el proceso poselectoral y las trampas y delitos que afloran no ha disminuido. La batalla cívica se enfrenta a la batalla jurídica. La insurrección moral contra el discurso de “nada se puede comprobar” y nada se puede invalidar.

Por más que exista una operación mediática para minimizar el impacto de las movilizaciones, para inducir ahora la “infiltración” del movimiento #YoSoy132 o para revivir a Diego Fernández de Cevallos –primera plana en Milenio Diario y sus noticiarios- para atacar a López Obrador por “violento”, la realidad es que las movilizaciones se gestan de manera intensa y desde redes horizontales difíciles de romper con el discurso oficial o desde un aparato de opinión pública, herido de muerte en su credibilidad.

He aquí una selección de estampas e imágenes, a manera de una crónica de la tercera megamarcha “contra la imposición” y antiPeña Nieto que se registró en la Ciudad de México, y las réplicas en otras 30 ciudades del país.

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Académicos proponen la anulación de la elección presidencial

Difusión Cencos México D.F., 11 de julio de 2012

Boletín de prensa

#YoSoy132-académicos

El pasado 7 de julio vivimos una jornada inédita en la vida política de nuestro país. Convocados por nuestra propia indignación a través de las redes sociales, cientos de miles de mexicanos nos reunimos en las principales ciudades de México y en algunas del extranjero con el objetivo de rebelarnos contra la decisión del Instituto Federal Electoral, que apresuradamente le dio el triunfo a Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI. Nos unimos en una sola voz para rechazar tal impostura que anuncia ser una nueva imposición.

Ante la evidencia de las innumerables y atroces irregularidades presentadas  antes, durante y después del proceso electoral, para favorecer la candidatura de EPN, la indignación aumentó cuando se demostró fehacientemente que el PRI, abusando de las condiciones de deterioro social y pobreza en que viven millones de mexicanos, había comprado una incalculable cantidad de votos utilizando recursos públicos de varios estados de la república gobernados por ese partido,  mediante el reparto de tarjetas electrónicas de las tiendas Soriana y de Monex. Al mismo tiempo, se hizo evidente la manipulación mediática de falsas encuestas -advertida tiempo atrás por nuestro movimiento- que día a día señalaban al candidato priísta con una gran ventaja respecto a sus competidores  con el claro propósito de inducir el voto; por todo lo anterior, no se garantizó un escenario donde la sociedad emitiera su voto libre, razonado e informado, como convocamos desde un inicio, para salvaguardar la democracia participativa de este país.

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Rebelión de la CIRT ante el IFE: Amenaza con Acudir a Organismos Internacionales

Jenaro Villamil

En vísperas de que este 16 de febrero inicie el periodo denominado “intercampañas” o de “veda electoral” entre los aspirantes a puestos de elección en el 2012, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión anunció que acudirá a “organismos internacionales” para “defender la libertad de información y el derecho a la expresión de los comunicadores de la radiodifusión mexicana”.

El organismo cúpula de los concesionarios de medios electrónicos revive así su rebelión en contra de la reforma electoral de 2007 que prohibió la compra de tiempo-aire por parte de partidos políticos, candidatos o simpatizantes, y criticó las recientes decisiones adoptadas por el Consejo General del IFE que prohíbe los debates o la participación en reuniones públicas, mítines o asambleas entre los candidatos.

Para la CIRT “las recientes decisiones tomadas por autoridades electorales, lejos de dotar reglas claras a los actores involucrados, han generado aún mayor confusión para medios y comunicadores de la radio y la televisión”.

La cámara cita algunas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del IFE. En el primer caso, el TEPJF ordenó en las elecciones estatales de Michoacán que el IFE iniciara un “procedimiento especial sancionador” contra estaciones de radio que, presuntamente, vendieron entrevistas a candidatos del PRD y del PRI a la gubernatura.

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Las televisoras pueden transmitir espots en el plazo fijado por el IFE

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 18 de julio de 2011, p. 7

Foto: Notimex. Imagen: http://www.radioformula.com.mx/

Los dos principales concesionarios de canales de televisión en el país (Televisa y Televisión Azteca) tienen la estructura operativa para transmitir promocionales en el plazo que fijó el Instituto Federal Electoral (IFE).

En sus catálogos de oferta comercial estas empresas informan a sus clientes que deben entregar los materiales con tiempo suficiente para su difusión; este plazo no rebasa los tres días. Es decir, precisamente lo que dictó el IFE para sustituir los mensajes políticos (que se difundan en radio y televisión) cuando el contendiente así lo requiera.

En los próximos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dará su veredicto sobre las apelaciones promovidas por los concesionarios y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de la resolución del IFE.

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Interpone la CIRT recurso masivo contra modificaciones al reglamento de radio y tv

Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 7 de julio de 2011, p. 22

Representantes legales de concesionarios entregaron 600 recursos de impugnación. Foto: Carlos Cisneros. Imagen: jornada.unam.mx

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) interpuso 600 recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de las reformas al reglamento de medios electrónicos que modifica los plazos de entrega y sustitución de promocionales de los partidos políticos en tiempos de campaña y precampaña, así como el reconocimiento que se confiere a las radios comunitarias.

Los empresarios interpusieron el recurso por separado, con el argumento de no haber sido consultados y de la imposibilidad técnica para cumplir con los nuevos plazos.

El director jurídico de la CIRT, Pedro Zamora, acusó al Instituto Federal Electoral (IFE) de hacer peligrar la viabilidad de los comicios presidenciales de 2012.

“Está en riesgo la elección porque van a provocar un incumplimiento por parte de los medios de comunicación, y eso va a provocar que se pueda entrar en una causa de invalidez de la elección.”

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Estado de México, la Campaña del Descaro (Segunda Parte)

Jenaro Villamil

Segunda parte del reportaje publicado en la reciente edición de la revista Proceso.

Consulta la primera parte aquí.

Imagen: http://revistaemet.net

La parcialidad del Instituto Electoral del Estado de México –el organismo que debe ser árbitro de la contienda- ha sido clara en dos casos fundamentales: la exoneración a Bernardo García Cisneros, director de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que fue videograbado cuando recomendó en un mitin del Valle de Chalco que la estructura gubernamental operara a favor del PRI; y el acuerdo IEEM/CG/97/2011 que le ordena al órgano técnico de fiscalización que realice la revisión precautoria de los gastos de campaña, pero acordaron un “candado” para que el dictamen final se conozca hasta seis meses después de que el candidato electo haya tomado posesión del cargo de gobernador.

El 12 de junio, la mayoría de los consejeros estatales argumentaron no tener facultades para sancionar a Bernardo García Cisneros porque éste era funcionario público. Sólo el consejero Abel Aguilar se opuso señalando que la Secretaría General y el Consejo General del IEEM tienen facultades para realizar una investigación y determinar si el funcionario incurrió o no en un delito electoral.

El consejero presidente del IEEM, Jesús Castillo Sandoval, calificó como “irregular” la conducta de García Cisneros, funcionario de la Secretaría del Trabajo, pero precisó que la ley estatal electoral no le permite al instituto imponer sanciones.

El IEEM acordó que en este caso, que fue un escándalo en medios nacionales, se le diera vista a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), a la procuraduría y a la contraloría estatal.

El ex consejero Bernardo Barranco calificó esta decisión como si fuera un “Aburto electoral”, porque “tal parece que García Cisneros actuó como si fuera un pillo solitario, sin tomar en cuenta que durante diez años fue el principal operador del gobierno en el IEEM, primero como secretario general y después como consejero”.

El otro caso es el llamado “Acuerdo 97” del Consejo General del IEEM, en el cual se establece que los topes de gastos de campaña se darán a conocer seis meses después de la elección del 3 de julio.

Para Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, este acuerdo “prefigura un fraude electoral”, ya que pretende “blindar la candidatura de Eruviel”. “Es un acto verdaderamente preocupante, ilegal y alevoso, absolutamente en contra de la transparencia electoral”, afirmó Zambrano el 22 de junio.

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Televisoras y Tribunal Electoral a la Defensa de los Spots de Peña Nieto

Imagen: esmas.com

Horas después que Enrique Peña Nieto apadrinara en el noticiario estelar de Televisa los nuevos spots para promocionar “las tradiciones” del Estado de México –curiosamente en los meses previos a las elecciones para gobernador- el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exhoneró con 4 votos a favor y tres en contra al mandatario mexiquense por la difusión de sus spots sobre su Quinto Informe de Gobierno, en septiembre de 2010, a nivel nacional.

La magistrado presidenta, María del Carmen Alanís, quien protagonizó una polémica por promover reuniones privadas en su domicilio para “gestionar” esta resolución, revocó en su sentencia la resolución del IFE, del 18 de enero de 2011, en la cual se sanciona a Peña Nieto por violaciones a los artículos 134 de la Constitución y 228 párrafo 5 del Cofipe.

De acuerdo con el expediente, Peña Nieto apareció entre el 29 de agosto y el 10 de septiembre de 2010 en un total de 3 mil 484 spots en 214 emisoras en 30 entidades distintas al Estado de México, con lo cual violentó la prohibición de promoverse personalmente.

A pesar de exonerar al mandatario priista, los magistrados consideraron que había responsabilidad de las televisoras en la violación al artículo 228 párrafo 5 del Cofipe que prohibe la difusión de spots de informes de gobierno fuera del ámbito territorial de responsabilidad del servidor público, en este caso, el Estado de México.

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