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Peña Nieto y Pemex, los enredos y la ganga

por Jenaro Villamil

Plataformas petroleras de PEMEX. Fuente: E-Consulta.com

En ningún otro gobierno entrante, el nombre del futuro director de Pemex había generado tantas expectativas y ambiciones. No es para menos. Los sectores empresariales, burocráticos, políticos y sindicales ya saben que el principal negocio del sexenio peñista será el energético y quien encabece la paraestatal más importante del país protagonizará el nuevo montaje del sueño petrolero…para la iniciativa privada.

En menos de tres meses hay versiones de cuatro nombres que se barajan en el equipo de transición para encabezar la paraestatal: Alfredo del Mazo González, el tío más influyente de Peña Nieto, ex gobernador mexiquense, ex secretario de Energía y que anhela restablecer los negocios suspendidos desde que no fue presidente de la República en 1988; Liébano Sáenz, cuyo nombre se mencionó entre los círculos zedillistas para hacer valer la fuerza del ex presidente más famoso entre los corporativos multinacionales; Francisco Labastida Ochoa, interlocutor del calderonismo en la frustrada reforma energética de 2008, experto en la materia, ex candidato presidencial y con un fuerte veto de quien tiene más poder en el tache que en el palomeo: Carlos Salians de Gortari; y otro perfil que represente menos compromisos y más cercanía directa con el propio Peña Nieto, que podría ser alguien de su círculo más cercano.

Hasta los calderonistas y foxistas mencionan al actual director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, como un posible repetidor en la paraestatal, a pesar de la ola de corrupción que deja tras su gestión; de la forma escandalosa y opaca con la que ha manejado temas como el de los floteles u “hoteles flotantes” de Galicia; o el caso de Mexicana de Lubricantes que en Proceso se ha documentado con toda precisión.

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Encuestadoras y Televisoras

Jenaro Villamil

El dominio de las dos grandes televisoras mexicanas (Televisa y TV Azteca) sobre las encuestas electorales, especialmente, los exit poll o sondeos de salida se ha incrementado en los últimos dos años. Tan sólo en el 2010, de las 12 elecciones estatales, el 55.6 por ciento de las encuestas fueron realizadas por dos empresas vinculadas a Televisa: Consulta Mitofsky y el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), mientras que el 3 de julio de  2011, la empresa Mendoza Blanco y Asociados, cercana a TV Azteca, se presentó como la gran competidora en las encuestas de salida del Estado de México, Coahuila y Nayarit.

Un estudio comparativo sobre las 135 encuestas realizadas por 20 empresas encuestadoras en los comicios estatales de 2010, concluye que el 28.2 por ciento de las encuestas correspondieron a sondeos a cargo de Consulta Mitofsky, dirigida por Roy Campos, mientras que el 27.4 por ciento corrió a cargo del Gabinete de Comunicación Estratégica, dirigida por Federico Berrueto y Liébano Sáenz, ex secretario privado de Ernesto Zedillo.

En el caso de Consulta Mitofsky “esta empresa se concentró en los procesos electorales de Oaxaca (donde realizó 42 sondeos, el número más alto en el 2010), Puebla y Sinaloa y en menor medida en Hidalgo, Durango, Tamaulipas, Veracruz y Tlaxcala. Chihuahua, Quintana Roo y Zacatecas fueron excluidos del monitoreo de la encuestadora”, detalla el estudio comparativo, elaborado en agosto de 2010, para la dirigencia nacional del PRI.

En contraste, GCE fue “la única encuestadora que llevó a cabo sondeos en el total de entidades donde fue disputada la gubernatura, pero concentrándose en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, con cuatro encuestas en cada caso; en el resto, a excepción de Quintana Roo y Chihuahua, donde la empresa solamente llevó a cabo dos encuestas, se realizaron 3 sondeos”.

El mismo estudio, cuya copia obtuvo Proceso, ubicó como tercera encuestadora más importante al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen). Este organismo era dirigido en 2010 por Guillermo Valdés, socio del ex director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, y cercano al equipo calderonista. El Cisen realizó sondeos en 8 entidades que representaron el 10.5 por ciento del total.

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Estado de México, la Campaña del Descaro (Segunda Parte)

Jenaro Villamil

Segunda parte del reportaje publicado en la reciente edición de la revista Proceso.

Consulta la primera parte aquí.

La parcialidad del Instituto Electoral del Estado de México –el organismo que debe ser árbitro de la contienda- ha sido clara en dos casos fundamentales: la exoneración a Bernardo García Cisneros, director de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que fue videograbado cuando recomendó en un mitin del Valle de Chalco que la estructura gubernamental operara a favor del PRI; y el acuerdo IEEM/CG/97/2011 que le ordena al órgano técnico de fiscalización que realice la revisión precautoria de los gastos de campaña, pero acordaron un “candado” para que el dictamen final se conozca hasta seis meses después de que el candidato electo haya tomado posesión del cargo de gobernador.

El 12 de junio, la mayoría de los consejeros estatales argumentaron no tener facultades para sancionar a Bernardo García Cisneros porque éste era funcionario público. Sólo el consejero Abel Aguilar se opuso señalando que la Secretaría General y el Consejo General del IEEM tienen facultades para realizar una investigación y determinar si el funcionario incurrió o no en un delito electoral.

El consejero presidente del IEEM, Jesús Castillo Sandoval, calificó como “irregular” la conducta de García Cisneros, funcionario de la Secretaría del Trabajo, pero precisó que la ley estatal electoral no le permite al instituto imponer sanciones.

El IEEM acordó que en este caso, que fue un escándalo en medios nacionales, se le diera vista a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), a la procuraduría y a la contraloría estatal.

El ex consejero Bernardo Barranco calificó esta decisión como si fuera un “Aburto electoral”, porque “tal parece que García Cisneros actuó como si fuera un pillo solitario, sin tomar en cuenta que durante diez años fue el principal operador del gobierno en el IEEM, primero como secretario general y después como consejero”.

El otro caso es el llamado “Acuerdo 97” del Consejo General del IEEM, en el cual se establece que los topes de gastos de campaña se darán a conocer seis meses después de la elección del 3 de julio.

Para Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, este acuerdo “prefigura un fraude electoral”, ya que pretende “blindar la candidatura de Eruviel”. “Es un acto verdaderamente preocupante, ilegal y alevoso, absolutamente en contra de la transparencia electoral”, afirmó Zambrano el 22 de junio.

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