Jenaro Villamil
Segunda parte del reportaje publicado en la reciente edición de la revista Proceso.
Consulta la primera parte aquí.
La parcialidad del Instituto Electoral del Estado de México –el organismo que debe ser árbitro de la contienda- ha sido clara en dos casos fundamentales: la exoneración a Bernardo García Cisneros, director de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que fue videograbado cuando recomendó en un mitin del Valle de Chalco que la estructura gubernamental operara a favor del PRI; y el acuerdo IEEM/CG/97/2011 que le ordena al órgano técnico de fiscalización que realice la revisión precautoria de los gastos de campaña, pero acordaron un “candado” para que el dictamen final se conozca hasta seis meses después de que el candidato electo haya tomado posesión del cargo de gobernador.
El 12 de junio, la mayoría de los consejeros estatales argumentaron no tener facultades para sancionar a Bernardo García Cisneros porque éste era funcionario público. Sólo el consejero Abel Aguilar se opuso señalando que la Secretaría General y el Consejo General del IEEM tienen facultades para realizar una investigación y determinar si el funcionario incurrió o no en un delito electoral.
El consejero presidente del IEEM, Jesús Castillo Sandoval, calificó como “irregular” la conducta de García Cisneros, funcionario de la Secretaría del Trabajo, pero precisó que la ley estatal electoral no le permite al instituto imponer sanciones.
El IEEM acordó que en este caso, que fue un escándalo en medios nacionales, se le diera vista a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), a la procuraduría y a la contraloría estatal.
El ex consejero Bernardo Barranco calificó esta decisión como si fuera un “Aburto electoral”, porque “tal parece que García Cisneros actuó como si fuera un pillo solitario, sin tomar en cuenta que durante diez años fue el principal operador del gobierno en el IEEM, primero como secretario general y después como consejero”.
El otro caso es el llamado “Acuerdo 97” del Consejo General del IEEM, en el cual se establece que los topes de gastos de campaña se darán a conocer seis meses después de la elección del 3 de julio.
Para Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, este acuerdo “prefigura un fraude electoral”, ya que pretende “blindar la candidatura de Eruviel”. “Es un acto verdaderamente preocupante, ilegal y alevoso, absolutamente en contra de la transparencia electoral”, afirmó Zambrano el 22 de junio.
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El líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, exigió se investigue al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. 
Jenaro Villamil 