Jenaro Villamil
En la industria televisiva se llaman “productos milagros” a los infomerciales que inundan la pantalla anunciando lo mismo pastillas para bajar de peso que remedios para los hongos de uña o para mal de riñones; aparatos de tonificación muscular y tenis para corregir hasta las malas posiciones. Todo lo que se pueda adquirir en CV Directo –comercializadora vinculada a las televisoras– es un “producto milagro”. Todo aquello que implique una cultura del menor esfuerzo y del máximo gasto, es un “producto milagro”.
En la política mexicana ya tenemos un “producto milagro”: el Pacto por México. Promete resolver el hambre, acabar con los monopolios, reformar la educación, democratizar los medios, frenar la corrupción, generar empleos, y hasta relanzar al país como potencia ferrocarrilera, entre otros muchos de sus más de 90 puntos.
Desde las reuniones del lunes 18 de marzo, en vísperas de que se discutiera la iniciativa de reforma constitucional en la Cámara de Diputados, los principales negociadores del Consejo Rector del Pacto por México, del gobierno federal y de las tres bancadas principales (PRI, PRD y PAN) comenzaron a discutir e incorporar las observaciones de otros legisladores y de especialistas.
La tarde del 21 de marzo, el vicepresidente de Grupo Televisa, Bernardo Gómez, montó en cólera ante sus colaboradores al enterarse que América Móvil, del magnate Carlos Slim, había obtenido del Comité Olímpico Internacional la licencia de exclusividad para transmitir en toda América Latina, excepto en Brasil, los contenidos de los Juegos Olímpicos de Río de 2016 y de las Olimpiadas de Invierno de Sochi, Rusia, en 2014.
Al filo de las 22:15 horas, 414 diputados federales del PRI, PAN, PRD, Panal y Partido Verde votaron a favor de una reforma a siete artículos constitucionales, más 17 artículos transitorios para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, sin aceptar ningún cambio a favor de los derechos de las audiencias y con nuevos candados para el mercado del must offer y del must carry, favorables a los intereses de Grupo Televisa.
En menos de cinco años, el proyecto de Canal 21, la primera señal pública del Gobierno del Distrito Federal, pasó de ser un ambicioso plan para hacer una “televisión alternativa” a convertirse en una frecuencia clandestina, vergonzosa para Marcelo Ebrard y para su sucesor Miguel Mancera, que la han desmantelado y no quieren echarla a andar, con tal de “no pelearse con Televisa y TV Azteca”.
El único ordenamiento de la reforma constitucional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones que sí afecta los intereses dominantes de Grupo Televisa pretende ser cambiado en el dictamen por los diputados del PRI que quieren excluir a la televisión restringida vía satélite de la obligación de ofrecer must offer y must carry de manera gratuita, confirmó un especialista que fue testigo de las presiones y negociaciones.
A través de un intercambio de mensajes vía Twitter, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, le negó al senador del PAN, Javier Corral, que el tricolor esté negociando en las reservas a la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión que la gratuidad en must offer y must carry, tema sensible a los intereses de Televisa, sea eliminada o condicionada para los sistemas de televisión satelital (Sky).
Jenaro Villamil 