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Estado de México, la Campaña del Descaro (Segunda Parte)

Jenaro Villamil

Segunda parte del reportaje publicado en la reciente edición de la revista Proceso.

Consulta la primera parte aquí.

La parcialidad del Instituto Electoral del Estado de México –el organismo que debe ser árbitro de la contienda- ha sido clara en dos casos fundamentales: la exoneración a Bernardo García Cisneros, director de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que fue videograbado cuando recomendó en un mitin del Valle de Chalco que la estructura gubernamental operara a favor del PRI; y el acuerdo IEEM/CG/97/2011 que le ordena al órgano técnico de fiscalización que realice la revisión precautoria de los gastos de campaña, pero acordaron un “candado” para que el dictamen final se conozca hasta seis meses después de que el candidato electo haya tomado posesión del cargo de gobernador.

El 12 de junio, la mayoría de los consejeros estatales argumentaron no tener facultades para sancionar a Bernardo García Cisneros porque éste era funcionario público. Sólo el consejero Abel Aguilar se opuso señalando que la Secretaría General y el Consejo General del IEEM tienen facultades para realizar una investigación y determinar si el funcionario incurrió o no en un delito electoral.

El consejero presidente del IEEM, Jesús Castillo Sandoval, calificó como “irregular” la conducta de García Cisneros, funcionario de la Secretaría del Trabajo, pero precisó que la ley estatal electoral no le permite al instituto imponer sanciones.

El IEEM acordó que en este caso, que fue un escándalo en medios nacionales, se le diera vista a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), a la procuraduría y a la contraloría estatal.

El ex consejero Bernardo Barranco calificó esta decisión como si fuera un “Aburto electoral”, porque “tal parece que García Cisneros actuó como si fuera un pillo solitario, sin tomar en cuenta que durante diez años fue el principal operador del gobierno en el IEEM, primero como secretario general y después como consejero”.

El otro caso es el llamado “Acuerdo 97” del Consejo General del IEEM, en el cual se establece que los topes de gastos de campaña se darán a conocer seis meses después de la elección del 3 de julio.

Para Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, este acuerdo “prefigura un fraude electoral”, ya que pretende “blindar la candidatura de Eruviel”. “Es un acto verdaderamente preocupante, ilegal y alevoso, absolutamente en contra de la transparencia electoral”, afirmó Zambrano el 22 de junio.

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Estado de México, Focos Rojos en la Campaña Exprés

Eruviel Ávila, Alejandro Encinas y Luis Felipe Bravo Mena, candidatos a gobernador en las próximas elecciones del Estado de México.

Jenaro Villamil

Este lunes inició formalmente la campaña electoral de 45 días para elegir gobernador en el Estado de México entre tres candidatos principales: Eruviel Avila, del PRI-Panal y Partido Verde; Alejandro Encinas, del PRD-PT-Convergencia; y Luis Felipe Bravo Mena, del PAN.

Los medios impresos desplegaron 85 notas informativas sobre el banderazo de salida y comenzó el primer punto de desacuerdo: si habrán o no debates mediáticos semanales entre los tres candidatos, tal como propuso el abanderado del blanquiazul.

En realidad, la contienda por el Estado de México es la antesala que definirá los escenarios de la batalla mediática, política y electoral del 2012, tal como admitió el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, al acompañar a Eruviel Avila, el candidato  a vencer en el principal bastión nacional del tricolor.

Si nos atenemos a las encuestas, Eruviel Avila, ex alcalde del municipio más grande del país, arranca con una cómoda ventaja de más de 20 puntos frente a su segundo competidor que es Alejandro Encinas, ex jefe de Gobierno capitalino, quien ganó su primera batalla al ser registrado por el Instituto Electoral del Estado de México como candidato a gobernador, desechando así el debate sobre que no contaba con la residencia oficial.

Luis Felipe Bravo Mena, quien también fue candidato a gobernador en 1993, al igual que Encinas, comenzó presionando para que exista un debate semanal televisado, algo que no ha sido acordado por los equipos de campaña.

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