Jenaro Villamil
El 11 de mayo pasado, el Sistema de Administración Tributaria se hizo al sorprendido por el revuelo armado en redes sociales a partir de la nota que acreditaba que este sistema le había condonado a Grupo Televisa casi 3 mil millones de pesos de deudas, a cambio de una renegociación del pago del 10 por ciento de adeudos provenientes de 2007.
Después de la mega mentada dedicada a Peña Nieto el 10 de mayo, el hashtag #SATHazmeUnParo se convirtió en el termómetro de la animadversión social no sólo a la principal empresa televisora sino a los favoritismos del gobierno federal a la compañía de Azcárraga Jean.
En menos de cinco años, el proyecto de Canal 21, la primera señal pública del Gobierno del Distrito Federal, pasó de ser un ambicioso plan para hacer una “televisión alternativa” a convertirse en una frecuencia clandestina, vergonzosa para Marcelo Ebrard y para su sucesor Miguel Mancera, que la han desmantelado y no quieren echarla a andar, con tal de “no pelearse con Televisa y TV Azteca”.
Tal como está redactada la iniciativa de reforma constitucional, los más afectados de inmediato serán los monopolios en telecomunicaciones, como Telmex, y no los de radio y televisión, particularmente Grupo Televisa, coincidieron varios especialistas consultados.
