Jenaro Villamil
La noche del martes 24 de enero, durante la reunión de los cinco integrantes del pleno de la Comisión Federal de Competencia, sólo se tenía claro que dos comisionados iban a votar en contra de la solicitud de concentración de Televisa en Grupo Iusacell, y otros dos estaban a favor.
Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC y Rodrigo Morales Elcoro, ambos integrantes de la comisión desde el sexenio de Vicente Fox y que han votado coincidentemente en otros asuntos polémicos como la megamulta contra Telcel por 1 mil millones de dólares, estaban en contra de apoyar la solicitud de conversión de deuda por 50 por ciento de las acciones de Televisa en Grupo Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, accionista de TV Azteca.
Pérez Motta había sido el centro de las presiones ejercidas en las pantallas de Televisa y de TV Azteca y, en especial, de los dos principales operadores de la “megafusión”: Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa y estratega de la ampliación del consorcio de Emilio Azcárraga Jean en el área de telecomunicaciones, y Pedro Padilla Longoria, director general de Grupo Salinas (ver Proceso, No. 1838).

Luis Alberto Ibarra Pardo y Cristina Massa Sánchez, los dos comisionados que se integraron en el sexenio de Felipe Calderón, ambos con vínculos estrechos con Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, argumentaron a favor de la concentración, señalando que se necesita un competidor fuerte en telefonía móvil para enfrentar al gigante formado por Telmex-Telcel, del magnate Carlos Slim.
Curiosamente, ambos comisionados también habían votado en contra de la declaración de dominancia contra Telcel, Telefónica y Grupo Iusacell en la terminación de llamadas en su propia red de telefonía móvil, el 7 de noviembre de 2011. Ibarra Pardo, junto con Miguel Flores Bernés votaron en junio del año pasado a favor de que Pérez Motta se recusara en el caso de la megamulta a Telcel porque declaraciones suyas en medios electrónicas ponían en duda su imparcialidad.
El voto del quinto comisionado, Miguel Flores Bernés, estaba en duda. Hasta esa sesión argumentó que estaba en contra de la concentración Televisa-Grupo Iusacell porque no iba a combatir a un gigante como Telmex-Telcel, con la creación de otro formado por las dos televisoras dominantes.
Flores Bernés, como los otros cuatro comisionados, fue objeto de intensas presiones tanto de los dos consorcios televisivos involucrados en la fusión, como de autoridades del gobierno federal que argumentaban a favor de esta operación para “combatir al monstruo” de Telcel-Telmex.
El punto medular de la deliberación interna del organismo, según los testimonios recabados por Proceso, se orientó más hacia el otro escenario: la fusión no tendría problemas si Televisa comprara el 100 por ciento de Grupo Iusacell y se eliminara el “incentivo para prácticas monopólicas” en materia de televisión abierta, donde ambos grupos controlan el 95 por ciento de las frecuencias concesionadas, más del 65 por ciento de la publicidad de las otras compañías de telefonía móvil, así como el mercado de contenidos en televisión abierta y restringida.
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