El caso Unefon, “vendetta” de Lozano

Reportaje original publicado en Proceso, No. 1908.

Jenaro Villamil

Jorge ALvarez HothUn nuevo caso de “justicia” al estilo calderonista, más cercano a la venganza y a la persecución política, fue enmendado por la Secretaría de la Función Pública del actual gobierno peñista. La dependencia revocó el pasado 13 de mayo por “notoriamente improcedente” la sanción que la misma secretaría ordenó el 26 de octubre de 2012, treinta y cinco días antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, en contra de Jorge Alvarez Hoth, ex subsecretario de Comunicaciones en el gobierno de Vicente Fox.

La resolución original de la Secretaría de la Función Pública le ordenó el 26 de octubre al ex funcionario foxista pagar 550 millones de pesos y lo inhabilitó de cualquier cargo durante diez años, al considerarlo responsable del “pago indebido” por la misma cantidad a la empresa telefónica Unefon, en noviembre de 2006.

Alvarez Hoth, ex coordinador de la precamapaña presidencial de Santiago Creel en 2012, decidió solicitar la revocación de la resolución el 16 de noviembre de 2012. Seis meses después, la SFP revocó la resolución emitida por el entonces director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP, Alfonso Víctor Sáenz.

Lo paradójico es que el caso de Unefón, único en la historia de las telecomunicaciones del país, ya había sido resuelto mucho antes por la propia Auditoría Superior de la Federación en 2008. En su informe sobre la cuenta pública, la ASF estableció que no hubo irregularidad en el pago de 550 millones de pesos a la empresa de telefonía inalámbrica, entonces propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y que el origen de la disputa con Unefon radicó en el otorgamiento “indebido y sin facultad para ello” de dos prórrogas autorizadas en 1998 y 1999 por el entonces presidente de la Cofetel, Javier Lozano Alarcón, y por el titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán, quienes le permitieron a la empresa diferir el pago de 80 por ciento de una contraprestación de 2 mil 620 millones de pesos en el otorgamiento de 18 títulos de concesión (ver Proceso, Nos. 1639 y 1642).

Salinas Pliego, en ese año, había insistido en el pago de los restantes 46 millones de pesos de un total de 596 millones, según la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, así como otros 3 mil 57 millones de pesos por “actualizaciones”, intereses acumulados y recargos.

En noviembre de 2009, la propia Secretaría de la Función Pública absolvió al entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, y también a Jorge Alvarez Hoth por el pago de los 550 millones de pesos a Unefon.

Sin embargo, el 2 de agosto de 2011, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promovió un “juicio de lesividad” en contra de Alvarez Hoth.  La Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa desechó en marzo de 2012 esta demanda.

No contentos con esta resolución, en octubre de 2012, el consejero jurídico de la presidencia de la República, Miguel Alessio, el entonces precandidato presidencial del PAN, Javier Lozano, promovieron ante la SFP otro procedimiento sancionador en contra de Alvarez Hoth argumentando “nuevas irregularidades” en el caso de Unefon.

Entrevistado por Proceso, Alvarez Hoth no dudó en considerar su caso como “un claro ejemplo del abuso de autoridad por parte de todos los integrantes del grupo calderonista” y específicamente responsabilizó a Javier Lozano Alarcón, actual senador en rebeldía en contra del dirigente nacional panista Gustavo Madero, como el responsable de esta “persecución y vendetta política”.

“Les gusté como chivo expiatorio. Lozano violó la ley y usó el poder como lo usa ahora para perseguir y condenar a todos los que no formen parte del núcleo claderonista”, advirtió Alvarez Hoth.

“Los voy a demandar penalmente y evalúo otras acciones legales correspondientes por daño moral, así como daños y prejuicios. ¿Creen que me pasé 6 años perseguido por los calderonistas y voy a dejarla pasar así nomás?”, reviró el ex subsecretario foxista.

-¿Por qué revivieron el caso en octubre de 2012, a unos meses de que terminara el sexenio calderonista?

-La gota que derramó el vaso fue que ayudé a Santiago Creel en su campaña interna por la candidatura presidencial. Los calderonistas son excluyentes, mesiánicos. Creyeron que yo buscaba llegar al Congreso a través de una candidatura y Lozano lo convenció de detonar de nuevo el caso.

La “Doble Cara” de Lozano

Javier Lozano 03Alvarez Hoth aún recuerda cuando Javier Lozano, en 2001, le pidió que lo ayudara ante la Secretaría de la Función Pública por presuntas irregularidades en las licitaciones de unas bandas de 12 Mhz otorgadas en el sexenio de Ernesto Zedillo a favor del Grupo MVS.

“Fui a la Función Pública en 2001. Les expliqué que no hubo ninguna irregularidad. El trámite duró alrededor de tres años. Y Lozano hacía antesala en mi oficina para pedirme el favor”, rememoró.

La actitud de Lozano cambió cuando la Auditoría Superior de la Federación investigó y fue en contra de lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había auditado en 2007. La ASF encontró que sí hubo irregularidades, pero no en el pago de 550 millones de pesos a Unefon sino en el otorgamiento de las prórrogas al pago de contraprestaciones que debió hacer la empresa.

“Lozano pertenece al mismo grupo político y de interés que viene desde el sexenio zedillista y que se aliaron con los calderonistas. Ahí estaban el entonces titular de la SCT, Luis Téllez, el oficial mayor de la dependencia, Fernando Casanueva, el subsecretario de Comunicaciones, Rafael del Villar, y el responsable jurídico de la SCT, Gonzalo Martínez Pous”, actual comisionado de la Cofetel.

Alvarez Hoth reseñó que Lozano Alarcón también se alió con el Grupo Televisa para iniciar una persecución jurídica en contra de los funcionarios de la SCT en el sexenio foxista. A principios del calderonismo, Unefon y Ricardo Salinas Pliego medían la posibilidad de una alianza con Carlos Slim, el accionista de Telmex y Telcel, para entonces enfrentado con el grupo de Emilio Azcárraga Jean en Televisa.

El origen del litigio con Unefon estuvo en las licitaciones de 1998, las primeras que entregó la Cofetel para telefonía móvil y fija inalámbricas para explotar durante los próximos 20 años. La Cofetel era presidida entonces por Javier Lozano.

En octubre de 1998 y en marzo de 1999 Javier Lozano y Gonzalo Martínez Pous, entonces director general adjunto de la SCT, autorizaron dos prórrogas irregulares a Unefon, en contra de las mismas bases de licitación que la Cofetel emitió en junio de 1997 para explotar estas frecuencias (ver Proceso 1626). Las bases establecieron que las compañías ganadoras debían pagar cuando menos 20 por ciento de la contraprestación, como pago inicial, y posteriormente, el 80 restante.

El 31 de agosto de 1998, Javier Sarro Cortina, representante de Unefon, le solicitó a Lozano la prórroga de 180 días para pagar el 80 por ciento restante. El pleno de Cofetel, sin facultades para ello, aprobó la primera prórroga el 1 de octubre, a cambio de que Unefon pagara una serie de intereses, como si se tratara de un crédito fiscal.

Unefon, entonces propiedad de Moisés Saba, no alcanzó a cubrir esa primera prórroga y solicitó otra. Aceptó que tenía pendiente de pagar 2 mil 96 millones de pesos, más 453 millones 681 mil esos, en un oficio dirigido al entonces titular de la SCT, Carlos Ruiz Sacristán.

Lozano Alarcón emitió su opinión favorable y le otorgó una segunda prórroga a Unefon el 29 de marzo de 1999, algo inédito en la historia de las telecomunicaciones, según la propia Auditoría Superior de la Federación. El acta de notificación estuvo firmada por Jorge Antonio Miranda, notificador; por Javier Sarro Cortina, a nombre de la empresa, y por Gonzalo Martínez Pous y Alfonso Varela González, quienes aparecen como testigos.

La ASF estableció en su dictamen de 2008:

“Se comprobó que la empresa Sistemas Profesionales de Comunicación S.A. de C.V., ahora Operadora Unefon S.A. de C.V., resultó ganadora de 18 títulos de concesión que amparan 27 bandas de frecuencias, al ofrecer 2 mil 620 millones 905 mil pesos por las concesiones, habiendo pagado, conforme a las bases de licitación, 602 millones 808 mil pesos, correspondientes al 20 por ciento de la contraprestación.

“Para el pago del 80 restante, Unefon solicitó una prórroga de 180 días; al respecto, y sin tener facultades para ello, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) autorizó indebidamente dicha prórroga, pero condicionándola al pago de intereses. Las tasas de dichos intereses fueron sometidas por Cofetel a la consideración de la Secretaría de Hacienda, dependencia que, sin tener tampoco facultades, señaló que las mismas eran adecuadas y que no encontraba objeción alguna para su aplicación”.

Durante el sexenio de Vicente Fox, Unefon emprendió una serie de demandas en tribunales y presiones políticas para reclamar el pago de 596 millones de pesos por la presunta irregularidad en los intereses establecidos en las dos prórrogas. En septiembre de 2006, el Sistema de Adminitración Tributaria le ordenó al subsecretario de Comunicaciones, Jorge Alvarez Hoth, que le pagara a Unefon “con sus recursos” el monto litigado. El 30 de noviembre de 2006, último día del sexenio, la SCT le pagó 550 millones de pesos a Unefon y quedaron 46 millones de pesos pendientes.

En junio de 2007, Unefon, ahora propiedad de Ricardo Salinas Pliego, emprendió un juicio contencioso administrativo en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para reclamar el pago de 46 millones de pesos restantes, así como otros 3 mil 57 millones de pesos por “actualizaciones”, intereses acumulados y recargos”.

Las Dos Caras de la SFP

Con seis meses de diferencia, la Secretaría de la Función Pública sancionó por 550 millones de pesos a Jorge Alvarez Hoth en octubre de 2012 y en mayo de 2013 revocó esta misma sanción considerando “motivadas y fundadas” los alegatos del ex subsecretario de Comunicación.

La última estrategia jurídica del gobierno calderonista contra Alvarez Hoth fue acusar al ex funcionario de violar el artículo 72 del Código Fiscal de la Federación en el que se señala:

“Los funcionarios y empleados públicos que, en ejercicio de sus funciones, conozcan de hechos y omisiones que entrañen o puedan entrañar infracción a las disposiciones fiscales, lo comunicarán a la autoridad fiscal competente para no incurrir en responsabilidad, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de tales hechos u omisiones”.

En su resolución, las autoridades de la SFP consideraron que Alvarez Hoth omitió informar al SAT que Unefon “no había efectuado el entero correcto y oportuno de los aprovechamientos causados con motivo del otorgamiento de las concesiones en 1998 y 1999 para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico”.

En su resolución del 13 de mayo, en los apartados cuarto y quinto la SFP consideró que fue “indebidamente fundada y motivada” la presunta violación al artículo 72 del Código Fiscal de la Federación y que Alvarez Hoth sí comunicó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el pago de los 550 millones de pesos a Unefon, a finales del sexenio foxista.

Alvarez Hoth concluyó que este caso es “el ejemplo de una persecución y vendetta política documentada” en el área de telecomunicaciones, durante el gobierno de Calderón.

-¿Por qué Lozano estaba interesado en emprender esta persecución?

-Porque él está implicado. Fue el responsable de otorgar 2 prórrogas irregulares, violando las bases de licitación. Es evidente que eso fue amañado y que la empresa Unefon logró al devolución del dinero, gracias a las decisiones de Lozano.

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