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AquinoGate, la Mano Dura de Peña

Jenaro Villamil

Un despacho de cabildeo que asesoró al presidente golpista de Honduras, Roberto Micheletti, y un buffette de abogados especializados en defender a altos mandos de la Marina de Estados Unidos y con fuertes contactos en el Pentágono, son las dos nuevas “adquisiciones” del equipo de Enrique Peña Nieto para defenderse en los medios y ante el tribunal de California por el escándalo detonado por el empresario José Aquino y los tentáculos que representa su demanda en el caso MonexGate.

A sugerencia de Diego Gómez Pickering, un colaborador de Luis Videgaray, cerebro del equipo de Peña Nieto, contrataron por un monto aún no aclarado a la firma Chlopak, Leonard, Schechter and Associates (CSLA) para contrarrestar en los medios norteamericanos las versiones sobre la compra de voto, el fraude y el presunto lavado de dinero a través del Monexgate.

Los peñistas estaban desesperados desde hace quince días. La demanda presentada por José Aquino y la cobertura crítica de la prensa internacional a su triunfo el 1 de julio, les generó la urgencia de contratar a CSLA especializada en “asesoría en comunicación y asistencia al equipo de transición” de Peña Nieto, según el Acta de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés).

Casualmente, CSLA también cabildea a favor del ex presidente mexicano Ernesto Zedillo, ex priista también, demandado en un tribunal federal de Estados Unidos por presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, a raíz de la matanza de Acteal Chiapas, en diciembre de 1997. La versión, nada secreta, entre las filas del PRI es que esa demanda contra Zedillo fue impulsada por su archienemigo interno en la tecnocracia gobernante: Carlos Salinas de Gortari.

De esta manera, el peñismo parece enredarse contratando también a una empresa de cabildeo que seguramente hará mucho negocio con los pleitos internos en el bloque que llevó a Peña Nieto al poder.

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Aquino sostiene que continuará demanda contra equipo de EPN

Jenaro Villamil

El empresario mexicano-estadounidense José Aquino reiteró que continuará su demanda en contra de empresarios e integrantes del equipo de Enrique Peña Nieto y aclaró que, hasta el momento, no ha recibido la notificación de renuncia de su abogado Maxwell C. Agha, anunciada por el PRI un día antes.

En entrevista radiofónica, Aquino subrayó que su abogado ya le había expresado temor “por su familia y porque el caso es un poco peligroso”, pero indicó que continuará con la demanda interpuesta en una corte de California contra operadores de la campaña peñista, a quienes acusó de presunto fraude por 56 millones de dólares.

Consultado vía telefónica, Aquino también reiteró que no tuvo ningún trato ni convenio político con Julio Di Bella, director de PCTV y ex colaborador de la campaña de la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, tal como han insistido algunos medios y el PRI para desestimar la demanda que ha detonado un escándalo en México por presunto lavado de dinero en el manejo de las cuentas del peñismo.

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Desmiente José Aquino versiones de Milenio Diario

Jenaro Villamil

El empresario mexico-norteamericano José Aquino desmintió la información publicada en dos partes por Milenio Diario, negando que haya tenido una relación política con Julio DiBella, director de PCTV y que se integró a la campaña de Josefina Vázquez Mota, así como que acostumbre utilizar 5 alias o nombres distintos y que mantenga más de “100 demandas civiles” en el estado de California.

En entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, en MVS Noticas, Aquino reiteró que el eje principal de su demanda es contra el empresario Alejandro Carrillo, quien fue el enlace para un proyecto de promoción televisiva de Enrique Peña Nieto entre la comunidad hispana de Estados Unidos y derivó en un presunto fraude por 56 millones de dólares.

El dueño de Frontera Television Network fue categórico al aclarar que “Milenio miente”. Explicó que los juicios y demandas que tiene en Estados Unidos se derivan de su actividad como comprador de hasta “800 predios y bienes raíces” al año que se ponen a remate por las instituciones bancarias en el país vecino.

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