El “apagón” diferido en Tijuana, conjura digital (Segunda Parte)

Jenaro Villamil

Segunda parte del texto original del reportaje publicado en Proceso, No. 1996. Consulta la primera parte aquí.

“Maniobra de las televisoras” AMEDI

Por su parte, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) emitió un comunicado para alertar que los bloqueos y la petición del IFE para diferir el apagón analógico en Tijuana forman parte de “maniobras de las empresas mediáticas” que se oponen a esta medida.

“Es conocida la resistencia de las principales televisoras para la transición a la televisión digital terrestre porque ello las obliga a devolver los canales espejo y se comienza en nuestro país una innovación indispensable para empezar a generar las condiciones para una mayor competencia en la televisión, en la medida que la digitalización permitirá que entren nuevos actores”, argumentó la AMEDI en un comunicado.

La asociación subrayó que la oposición de Televisa y de TV Azteca mediante amparos y diferentes estrategias “obedece a la defensa de sus intereses para evitar la competencia, por lo que han desatado una campaña mediática” en contra de la Cofetel, “magnificando las protestas de algunos ciudadanos y las declaraciones del presidente municipal”.

La AMEDI califica como “sorprendente” que el Comité de Radio y Televisión del IFE, integrado por los consejeros Lorenzo Córdova, Benito Nacif y Marco Antonio Baños, haya solicitado que el “apagón analógico” se difiriera.

“Lamentamos que la máxima autoridad electoral no haya actuado como garante del derecho a la información de la población en el caso de los bloqueos, como si lo hace manifestando su preocupación por el apagón analógico, pues ante la imposibilidad de contar con información específica de sus candidatos, tomando en cuenta la penetración que la televisión sigue manteniendo en 14 entidades federativas en donde habrá elecciones, se elimina la posibilidad de que los ciudadanos, con información pertinente y necesaria, sean quienes en un marco de libertad, objetividad, imparcialidad y certeza, acudan a las urnas a ejercer su derecho al voto para elegir a sus representantes locales por los siguientes tres años”, abundó la agrupación presidida por Aleida Calleja.

En contraparte, voceros y analistas vinculados a Televisa y a TV Azteca, pero también legisladores del PRI aprovecharon para contratacar acusando a la Cofetel de apoyar al candidato opositor del PAN-PRD en Baja California.

Por ejemplo, especialistas como Javier Tejado Dondé, director de Información de Televisa, reviró señalando que la posición de Cofetel es para apoyar la alianza PRD-PAN.

“Es una pena que el tema se use políticamente para ganar votos”, opinó en su cuenta de Twitter @JTejado.

El senador panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, se subió al ring, pero no para defender a Cofetel. En su cuenta de Twitter escribió:

“Todos los medios destacan el desastre con el ‘apagón analógico’ en Tijuana. Fiel a su estilo @Mony_de_Swaan minimiza los hechos. Qué pena”.

La comisión que preside Lozano acordó llamar a comparecer a los comisionados de Cofetel y se pronunció a favor de suspender el “apagón” hasta después del 7 de julio.

Lozano deslizó una posibilidad que es el verdadero objetivo de la guerra de las televisoras contra el calendario del llamado “apagón analógico” a nivel nacional:

“Si derivado de estas reuniones y de los análisis que se realicen, se llega a la conclusión de que no son realistas las fechas para el apagón analógico en todo el país y no lo vamos a poder cumplir, se necesitará cambiar los transitorios de la Constitución para que no sea diciembre de 2015 la fecha del apagón total sino para extenderlo más tiempo”.

La recién aprobada reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión estableció en uno de sus transitorios que la fecha para el “apagón analógico” nacional será el 31 de diciembre de 2015, según estableció el propio decreto presidencial de Felipe Calderón Hinojosa del 2 de septiembre de 2010.

Ese mismo decreto ya había sido objeto de una controversia constitucional impulsada por el entonces diputado federal del PRI, Alfonso Navarrete Prida. Legisladores del PRI, PRD y del PVEM acusaron al decreto de Calderón de “electorero, inoportuno y carente de información” porque sólo 3 de los 27 millones de hogares en México están preparados para recibir la señal digital.

La Suprema Corte de Justicia finalmente resolvió el 14 de noviembre de 2011 que era legal el decreto de Calderón y se mantenían las fechas estipuladas en el mismo.

Camino “accidentado” y de “ocurrencias”

Para el especialista e investigador de la UAM-Xochimilco, Gabriel Sosa Plata, el proceso de transición hacia la Televisión Digital Terrestre (TDT) ha sido “accidentado y de ocurrencias según los tiempos políticos y las necesidades de la poderosa industria televisiva”.

En un extenso ensayo, publicado en el libro Pensar la Televisión Pública, Sosa Plata advierte que desde diciembre de 2011, luego de casi 8 años de haber iniciado el proceso de transición tecnológica (a raíz del decreto de julio de 2004), en el país sólo 76 estaciones comerciales operaban digitalmente y 5 públicas.

En 2010, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), informó que sólo el 14 por ciento de los 27 millones de hogares en México disponía de receptores digitales, lo que finalmente ha beneficiado a Televisa y TV Azteca, empresas que acaparan el 96 por ciento de las frecuencias analógicas y no quieren ninguna competencia en este terreno.

En su ensayo, cuya copia obtuvo Proceso, Sosa Plata establece una serie de errores, accidentes y “ocurrencias” en el proceso de digitalización de la televisión que se han reflejado en el episodio reciente de Tijuana:

• “Tanto la elección del estándar de TDT como la política a seguir, se ha hecho sin discusiones públicas y abiertas, sin la participación directa de la sociedad civil y considerando en esencia los puntos de vista del Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión, creado en julio de 1999, y en el que sólo participan tres representantes del gobierno y tres de la industria (la CIRT), con voz y voto”.
• El acuerdo original del 2 de julio de 2004, durante el gobierno de Vicente Fox, benefició a las televisoras porque el gobierno refrendó las concesiones de televisión hasta el 31 de diciembre de 2021, es decir, 17 años más, a cambio de que aceptaran los plazos para el “apagón analógico” estipulados en seis periodos que culminaban en 2021.
• Las televisoras salieron beneficiadas porque también “el gobierno federal otorgó y ha seguido otorgando a cada uno de los concesionarios y permisionarios un canal adicional para las transmisiones digitales”. A estos canales se les conocen como “canales espejos”. El acuerdo original es que las televisoras devuelvan al Estado los canales analógicos originales.
• El decreto de Calderón, del 2 de septiembre de 2010, acortó los plazos para el “apagón analógico” disminuyéndolo de 2021 a 2015, sin previa consulta. También estableció liberar la banda de 700 Mhz para el 2012 “y así posibilitar la prestación de otros servicios de telecomunicaciones para favorecer el uso eficiente de dicha banda”.
• Para que las televisoras aceptaran los términos del decreto de Calderón, se hizo una nueva reforma al acuerdo del 2004 que le permitió a las televisoras la multiprogramación, es decir, la transmisión de diferentes señales en un mismo canal.

La AMEDI también se pronunció en contra de la multiprogramación. En un comunicado del 12 de septiembre de 2011 esta agrupación expresó que “la multiprogramación constituye un obsequio de fin de sexenio al duopolio televisivo”. Y ejemplificó: Televisa opera 2 canales nacionales y 2 regionales. Con la multiprogramación podrá tener 16 o más con el mismo modelo de programación comercial. TV Azteca, en lugar de sus 2 canales nacionales, podrá explotar más de 8 señales.

En síntesis, las televisoras no quieren perder en ninguno de los escenarios. Sosa Plata concluye que “la falta de políticas públicas en esta materia, las diferencias partidistas y políticas en el Congreso de la Unión, la presión de las principales televisoras para que la transición analógico-digital se lleve a cabo bajo su agenda, entre otros factores, han contribuido a que la TDT camine a paso lento y la estructura de alta concentración de frecuencias en pocas manos –con sus efectos negativos en competencia y en la calidad, diversidad y pluralidad de contenidos–, no tenga cambios relevantes”.

Por lo pronto, las televisoras, más los intereses electorales y la falta de organización de la Cofetel lograron aplazar el “apagón analógico” en Tijuana por dos meses más. Al mismo tiempo, también “congelaron” por unos días más la publicación en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión aprobada por el Congreso.