Dos Mil Millones de Pesos más para Favorecer a Televisa-Nextel.

A la serie de irregularidades y favoritismos para beneficiar a Televisa-Nextel en la licitación 21 –correspondiente a la banda 1.7Ghz. de telefonía móvil- se suma ahora una “artimaña” que puede significar la ausencia del pago de impuestos de cerca de 2 mil millones de pesos de todas las compañías ganadoras, incluyendo a Telefónica y Telcel, ganadoras en los otros bloques de 10 Mhz licitados.

Televisa-Nextel ganaron el bloque nacional de 30Mhz pagando sólo 180.3 millones de pesos, lo cual ha sido considerado como una “ganga” y un “quebranto al patrimonio nacional”, ya que las otras compañías pagaron hasta 5 mil millones de pesos por un espectro equivalente, pero dividido en 9 regiones. Quedó sin licitar un tercer bloque nacional de 30 Mhz, ya que no hubo otro competidor.

La nueva “artimaña” que beneficiará a todos, pero especialmente a Televisa-Nextel, fue detectada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) que destacó en un estudio que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “está demorando la entrega formal de esas frecuencias, pero no por respeto a las inconformidades judiciales de algunas empresas afectadas con esa licitación”.

“La tardanza de la SCT se debe a la artimaña que contiene la Ley Federal de Derechos aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado entre octubre y noviembre de 2009, y que estableció una controvertida exención a las empresas que resultaran ganadoras de la licitación del espectro radioeléctrico para telefonía celular”, recuerda el organismo presidido por el investigador Raúl Trejo Delabre.

En el primer transitorio del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos se establece que los concesionarios de esas bandas estarán exentos del pago de derechos correspondientes conforme a lo siguiente:

“I.-El 1 de enero de 2012, cuando las concesiones correspondientes se otorguen a más tardar el 30 de noviembre de 2010”.

Sin embargo, en el segundo transitorio se aclara:

“II.-El 1 de enero de 2013, cuando las concesiones correspondientes se otorguen entre el 1 de diciembre de 2010 y el 30 de noviembre de 2011”.

Es decir, si la firma del secretario de Comunicaciones y Transportes se retrasa hasta después del 1 de diciembre de este año, esto representará una exención equivalente a casi 2 mil millones de pesos (1,920 millones de pesos), según las cuentas consultadas por Proceso, con la AMEDI.

Por esta razón, advierte Raúl Trejo Delabre, “la firma de Juan Molinar Horcasitas se puede convertir en una de las rúbricas más costosas para el país en nuestra ya bicentenaria licitación. La demora de ese funcionario constituiría un motivo más para que se le finquen responsabilidades judiciales”.

La demora de la entrega de las concesiones es prácticamente un hecho. El miércoles 23 de septiembre el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que encabeza la magistrada María Guadalupe Rivera González, ordenó la suspensión provisional del proceso de la licitación 21, con lo que la SCT está “impedida” de entregar los títulos de concesión.

La resolución de la jueza no cancela la licitación sino que simplemente pospone la entrega de las concesiones. Así lo señala en uno de los párrafos claves de la resolución:

“La medida suspensiva es procedente en contra de la ejecución del fallo de la Licitación 21 para el otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento y explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en el segmento 1710-1770/2110-2170 Mhz, de fecha 13 de agosto de 2010; únicamente para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente guardan, es decir, para que no se lleve a cabo la materialización de la entrega de los títulos de concesión a las empresas mencionadas en dicho fallo, respecto de las cuales se determinó el estado jurídico actual de las concesiones respectivas en él otorgadas”.

Con este fallo, la SCT podrá tardar  un mes o dos meses más para la entrega de los títulos de concesión, resueltos por dos de los cinco comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el pasado 13 de agosto. Este retraso  beneficiará a las compañías ganadoras en la licitación, ya que podrán exentar el pago de derechos durante todo el 2011 y todo el 2012.

El Huevo de la Serpiente

Las irregularidades y favoritismos en la Licitación 21, la más importante del sexenio calderonista en materia de telefonía móvil convergente con triple play, se gestaron desde que en octubre de 2009 la bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó en medio de la discusión del paquete fiscal para este año un artículo transitorio en el artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos para exentar por dos años a las compañías que ganaran las concesiones.

Previamente, la Comisión Federal de Competencia estableció una barrera de participación en el proceso licitatorio. Lo denominó “límite máximo acumulatorio”. En la licitación sólo podrían competir por alguno de los dos bloques nacionales de 30 Mhz cada uno las compañías que no acumularan así más de 80Mhz de espectro en telefonía móvil.

Este candado tenía una clara dedicatoria: sólo las compañías Nextel y Televisa, éste un jugador entrante en el mercado de telefonía móvil, llenaban este requisito. Las demás posibles competidoras –Telefónica, Telcel, Iusacell-, sólo podían competir en los otros tres bloques de 10 Mhz cada uno para no rebasar el límite máximo de 80 Mhz acumulados.

La exención fiscal fue negociada directamente con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo la presión de los principales estrategas de Televisa en esta materia, Alfonso de Angoitia, vicepresidente Ejecutivo de la compañía, y Salvi Folch, vicepresidente de Administración y Finanzas de Televisa, y quien antes trabajó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Desde esa posición Folch fue clave para la reestructuración financiera de Televisa y para exentarla de pagos de impuestos durante el final del gobierno de Ernesto Zedillo.

Junto con estos dos personajes, el ex procurador fiscal Luis Mancera de Arrigunaga, quien trabajó entre 2004 y 2008 fue clave para la estrategia de beneficios impositivos para Televisa. Mancera de Arrigunaga trabajó de 1997 a 2002 como jefe ejecutivo legal para Asuntos de Regulación en la compañía Avantel, bajo las órdenes de Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda durante el foxismo y actual presidente de Telefónica.

Experto en el tema de impuestos en telecomunicaciones, Mancera de Arrigunaga ya se incorporó a trabajar a Televisa. Fuentes internas del consorcio revelaron a Proceso que esta incorporación es “el pago” de la asesoría especial para lograr que Televisa saliera ganando por todos lados en la Licitación 21: primero, obteniendo a precio de ganga el mayor bloque del espectro licitado y, segundo, logrando la exención fiscal del pago de derechos por dos años.

Las redes de Mancera de Arrigunaga se extienden hasta el equipo de Juan Molinar Horcasitas. El actual comisionado de Cofetel, Gonzalo Martínez Pous trabajó bajo las órdenes de Mancera en la Secretaría de Hacienda. Martínez Pous, junto con Mony de Swaan, presidente de Cofetel, fueron los únicos dos comisionados de cinco que aprobaron en una polémica sesión otorgarle a la sociedad de Televisa-Nextel el bloque de 30 Mhz pagando solamente 180.3 millones de pesos “de enganche”.

El cálculo de la exención fiscal se basa en el precio mínimo por cada megahertz con cobertura nacional para la banda 1.7Ghz, que estableció la Secretaría de Hacienda.

Un documento fechado el 28 de agosto de 2009, firmado por Juan Manuel Pérez Porrúa, jefe de la unidad de la subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, autoriza a la Cofetel a “cobrar en el presente ejercicio fiscal, un aprovechamiento consistente en pagos anuales durante la vigencia de la concesión correspondiente por cada megahertz que obtenga en cada región del país el ganador de la licitación Número 21, un importe de 31 millones 814 mil 630 pesos por cada megahertz de cobertura nacional”.

Si se licitaron 90 Mhz, a casi 32 millones de pesos el pago de derechos anual por cada megahertz, tenemos que son 2 mil 780 millones de pesos anuales de impuestos. La exención por dos años es equivalente a 5 mil 560 millones de pesos que no ingresaron a las arcas de la Secretaría de Hacienda.

Finalmente, la licitación 21 dejó libre un bloque de 30 Mhz porque no hubo otro postor. Si sólo se licitaron 60 Mhz, la suma de impuestos que deberían pagarse tan sólo en 2011 sería de1 mil 820 millones de pesos. La exención por dos años equivale a 3,640 millones de pesos.

Las Otras Demandas

Los diputados federales del PRD, Estela Damián Peralta y José Narro Céspedes presentaron una denuncia de hechos esta semana ante la Procuraduría General de la República contra Juan Molinar Horcasitas, titular de la SCT, por presuntas irregularidades en la licitación 21 y por daño al patrimonio propiedad de la nación.

Los legisladores argumentaron que el artículo 9-A, fracción V, de la Ley Federal de Telecomunicaciones señala que la Cofetel “debe someter a la aprobación de la SCT el programa de concesiones sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, lo cual no se hizo” en el caso de la banda 1.7Ghz.

“Molinar Horcasitas ha reconocido que la licitación sobre bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, ocasionó un quebranto cercano al 40 por ciento, ya que la dependencia a su cargo remató (sic) en casi la mitad de su valor la banda del espectro en la denominada licitación 21”, abundan.

Acusan al titular de la SCT de articular “un esquema de simulación y engaño que obstaculizó la protección del patrimonio nacional”

Por su lado, el abogado  de Iusacell, Rafael Rodríguez, también presentó otra denuncia penal contra Molinar Horcasitas y contra Mony de Swaan, presidente de Cofetel, por el uso indebido de sus facultades y atribuciones en el proceso de licitación 21.

Rodríguez argumentó que los actos de estos funcionarios afectan gravemente el erario federal, ya que no recaudaron lo suficiente por la concesión del espectro, “ya que las cantidades ofertadas por las autoridades se encuentran muy por debajo de las pagadas por otros concesionarios, denotándose la discrepancia e ilicitud del diseño de la licitación para beneficiar a ciertas empresas”.

Al mismo tiempo, el abogado de Iusacell acusa a la Cofetel de haber incumplido con las medidas cautelares otorgadas por el Poder Judicial de la Federación, ya que, al menos dos jueces ordenaron que se suspendiera la licitación 21.