El Senado de la República aprobó un punto de acuerdo, propuesto por el legislador petista Ricardo Monreal, para solicitarle a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República y al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN), un informe pormenorizado sobre la existencia de grupos armados denominados “escuadrones de la muerte”.
El dictamen, aprobado después de un año en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, establece que estas agrupaciones “son eminentemente determinadas para el exterminio surgido en la ilegalidad a partir del espacio de ingobernabilidad existente y de la escalada de violencia producto de un Estado fallido, por lo que estas agrupaciones ilegales han ocupado funciones primigeniamente competencia del Estado mexicano”.
Entre los ejemplos de anteriores “escuadrones de la muerte” el dictamen menciona el Batallón Olimpia, formado en 1968 por militares provenientes del 18 y 19 regimiento de Caballería; el grupo paramilitar de Los Halcones, en 1971, así como el escuadrón denominado “Máscara Roja”, involucrado en la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997.
En tribuna, Monreal afirmó que en nuestro país los “escuadrones de la muerte” “tienen características similares a aquellos que operaron en Colombia, se rigen con estructuras y disciplinas castrenses. El grupo más notorio son precisamente ex militares que se han retirado de las filas del ejército o simplemente son desertores, son sicarios profesionales, muchos al servicio de los grandes capos, pero hoy también contratados por autoridades o por empresarios con poder económico para poder hace frente al clima de inseguridad, de violencia que azota a nuestra nación”.
El dictamen, aprobado por mayoría de votos, establece que dichas agrupaciones operan en entidades como Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Quintana Roo.
El Senado solicita que las dependencias del Ejecutivo federal emitan formal pronunciamiento sobre la existencia, cantidad, ubicación, circunstancias y modalidades implementadas por grupos de choque o de reacción “que susceptiblemente puedan estar utilizándose por particulares en sustitución de fuerzas federales, para realizar labores en materia de seguridad pública y de combate al narcotráfico”.
Jenaro Villamil 