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Leyes sin discriminación para toda la nación

Ricardo Baruch

El título de esta columna es también el lema de la XXXIII Marcha del Orgullo LGBT de la Ciudad de México que se llevará a cabo el próximo sábado 25 de Junio. El Comité Orgullo, principal organizador del evento  propone con dicho lema que el D.F. no sea el único lugar donde haya leyes incluyentes con la población no-heterosexual sino que en los estados o en la federación se reconozca en materia legislativa lo que en la capital ya existe y no me refiero únicamente al matrimonio o las sociedades de convivencia.

En muchos estados pareciera que el matrimonio igualitario es la llave mágica hacia la igualdad sin embargo hay muchos otros obstáculos que minan el pleno reconocimiento de derechos de la comunidad LGBT. En estados como Tlaxcala, Guerrero, Colima y otros ha habido intentos de los partidos de izquierda de proponer sociedades de convivencia o matrimonio igualitario pero sólo en uno ha prosperado: Coahuila. De hecho, en los últimos 2 años en casi la mitad de los estados del país, diputados del PT, Convergencia y PRD plantearon crear la figura de sociedades de convivencia o pactos de solidaridad como se les llama en Coahuila pero en ninguno prosperó debido a la oposición del PAN y el PRI pero también a la oposición de otros diputados de esos mismos partidos de izquierda.

Durante el 2009, mientras en la mitad de los estados el cabildeo de la derecha lograba que en las leyes estatales se defendiera “la vida desde la concepción” de paso lograban que se protegieran las familias de hombre y mujer como fue el caso de Puebla y Chiapas. Es necesario tomar el ejemplo de países como Colombia donde antes de legalizar las uniones entre personas del mismo sexo, se impulsaron leyes en las cuales las personas podían obtener seguridad social a través de sus cónyuges sin importar el sexo de la misma. Dicha cuestión en México no se ha logrado para efectos prácticos a pesar del matrimonio igualitario en el D.F. por lo que los derechos de las personas casadas con otras del mismo sexo no son precisamente los mismos.

Por otro lado, otra de las “leyes incluyentes” son las relacionadas con la penalización de la discriminación. En el D.F.se tiene un artículo que criminaliza la discriminación por orientación sexual o identidad de género entre otras cuestiones, pero según la PGJ no hay casos de personas que hayan levantado una denuncia con base en dicho artículo. La Ley Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación también menciona dicha prohibición pero no hay sanción para quien comete la ofensa.

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