Jenaro Villamil
La nueva ola de grupos de autodefensa en Guerrero y en otras entidades como Oaxaca, atenazadas por el crimen organizado y la derrota de las fuerzas estatales de seguridad pública, ha despertado los viejos demonios del Estado mexicano. Tanto, que dos políticos del calibre de Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, y Angel Aguirre, su ex aliado y actual gobernador guerrerense, se enfrascaron en una serie de acusaciones mutuas.
¿Es legítimo y legal consentir que grupos civiles armados apliquen su propia ley para atrapar a los presuntos criminales? ¿Es un síntoma de la descomposición de diez años de corrupción y de “captura” de los cuerpos policiacos frente a los grupos del crimen organizado o es el inicio de un fenómeno que puede desembocar en escuadrones de la muerte o en grupos justicieros? ¿Es un problema de “usos y costumbres” o de incapacidad de las autoridades para asumir sus responsabilidades?