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Pide Epigmenio Ibarra a Segob que debate se transmita en cadena nacional

El Zappo

Tras las declaraciones del presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, en Twitter sobre el debate presidencial y su negativa a transmitirlo, el productor televisivo Epigmenio Ibarra ha decidido recabar firmas a través de una carta en la cual solicita al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, que el debate sea transmitido por cadena nacional. El documento será enviado hoy por la tarde.

Reproducimos a continuación el contenido de la misiva:

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La Rendición ante la Telebancada (Segunda Parte)

Jenaro Villamil

Consulta la primera parte aquí.

El Contragolpe

Raúl Trejo Delarbre, presidente de la AMEDI hasta 2011, consideró que los intereses de las televisoras fueron disfrazados en esta iniciativa.

La propuesta del PRD para modificar los artículos 49 Bis y 79 Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión responde a un reclamo de Televisa y TV Azteca. Desde 2007, ambas televisoras emprendieron una guerra en contra de la reforma electoral aprobada por el Congreso. En los últimos dos años han protagonizado un claro enfrentamiento con el Instituto Federal Electoral que se convirtió en organismo regulador de la transmisión de spots en medios electrónicos.

Gracias a esta contrarreforma, los concesionarios de televisión podrán evadir la obligación de difundir spots de campañas políticas en cada localidad. Los cambios a la legislación sólo les autorizan transmitir las llamadas pautas nacionales y evitar la difusión de mensajes electorales destinados a cada ciudad o estado.

La redacción del artículo 49-Bis quedó de la siguiente forma:

Dos o más estaciones podrán ser operadas bajo la figura de red o cadena, ya sea regional o nacional.

La figura de red o cadena, se refiere al enlace o a la retransmisión del contenido programático que se origine en la estación que para tal efecto sea designada como estación de origen, mediante la notificación correspondiente a la comisión.

En una misma red o cadena se podrán enlazar únicamente estaciones de la misma naturaleza y propósito, ya sean concesiones o permisos.

Las “cadenas” o “enlaces” nacionales ya son una práctica común en las televisoras. Canal 2, de Televisa, y Canal 13, de TV Azteca, son “cadenas” porque enlazan a varias concesiones estatales.

El problema es que se le agregó un apartado al artículo 79-Bis de la Ley Federal de Radio y televisión que excluye a los concesionarios de la obligación de transmitir los spots electorales dispuestos por el IFE en los tiempos de Estado.

El 79-Bis quedó redactado de la siguiente manera:

Para efectos de lo dispuesto por el artículo 79-A de esta ley, así como lo relativo al cumplimiento de los tiempos que correspondan al Estado diariamente, en los casos de las estaciones que operen bajo la figura de red o cadena conforme a lo previsto en el artículo 49-Bis, se considerará cumplida la obligación de los concesionarios y permisionarios de dichas estaciones al transmitir las pautas, programación o propaganda que las autoridades correspondientes entreguen a la estación que haya sido designada como estación de origen conforme al artículo 49-Bis.

Trejo Delarbre puso el siguiente ejemplo para explicar esta contrarreforma: si los televidentes de la estación que repite en Mérida la señal del canal 2 de Televisa sólo tendrán acceso a los spots de las campañas federales, no a los spots de quienes contienden por la gubernatura o por alcaldías y diputaciones locales.

Los intereses de las televisoras fueron disfrazados en la iniciativa. La exposición de motivos hace referencia a la necesidad de “facilitar” el registro de las estaciones de radio indígenas y mencionan la promoción de “la alimentación nutritiva y equilibrada”.

“Resulta ofensivo que los legisladores utilicen el supuesto reconocimiento de emisoras indígenas para enmascarar el propósito de la reforma legal, con ello los supuestos representantes populares se burlan de la histórica demanda de las comunidades indígenas y medios comunitarios para su legítimo reconocimiento en condiciones de equidad. La zanahoria delante del garrote”, advirtió la AMEDI en su comunicado.

La contrarreforma fue aprobada por 244 votos a favor, sólo 4 en contra, 3 abstenciones. Estuvieron ausentes 210 legisladores y se aprobó con apenas 1 legislador para cumplir con el quórum legal.

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La Rendición ante la Telebancada (Primera Parte)

Armando Ríos Pitter, presentó el pasado 20 de marzo, una iniciativa para radio y televisión.

Jenaro Villamil

En pleno proceso electoral, al final de la Legislatura y al vapor, la Cámara de Diputados aprobó el 12 de abril pasado un nuevo “regalo” al duopolio televisivo, similar en las formas y en la rapidez con la aprobación de la Ley Televisa, en vísperas de las campañas presidenciales del 2006.

En esta ocasión, Televisa y TV Azteca contaron con un singular aliado: el ex coordinador de la bancada del PRD, Armando Ríos Pitter, quien presentó la iniciativa apenas el pasado 20 de marzo, antes de irse a su campaña como senador del PRD por Guerrero.

Gracias al cabildeo de la “telebancada”, a las presiones directas de los concesionarios y al desconocimiento de algunos legisladores que pensaron que tal iniciativa era para apoyar a las radios indígenas y promover la “alimentación nutritiva y balanceada”, 244 diputados federales –del PRI, PAN, PRD, Partido Verde, PT y Panal- aprobaron cambios a los artículos 49 Bis y 79 Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión.

“Pasó con dispensa de trámite desde la comisión de Radio y Televisión. Fue al vapor y su redacción fue tan tramposa que muchos se fueron con lo que decía la exposición de motivos”, advirtió Jaime Cárdenas, del PT, el único legislador que argumentó en contra.

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Grupo Salinas-Televisa, el Espíritu del Chiquihuite

Jenaro Villamil

Cuando el gobierno federal decidió licitar la banda 1.7Ghz, en 2010, Grupo Iusacell emprendió una batería de demandas contra la sociedad formada por Nextel-Televisa para anular la concesión de 30 Mhz. Más de 60 demandas interpuestas en varios tribunales marcaron la animosidad de la empresa telefónica de Ricardo Salinas Pliego.

Para sorpresa de muchos, pero no de aquellos que conocen los métodos de extorsión y presión del segundo consorcio mediático más poderoso del país, desde diciembre de 2010 comenzó una negociación con Grupo Televisa para venderle la totalidad o el 50 por ciento de la deuda de Iusacell, convertible en acciones.

La alianza se selló, en secreto y por encima de los accionistas bursátiles, el 21 de diciembre, el mismo día que Telmex y Telefónica, los enemigos en apariencia irreconciliables firmaron un convenio de interconexión.

En enero de 2011 el columnista Miguel Angel Granados Chapa hizo una revelación que mereció la airada reacción de rechazo de Televisa y de TV Azteca. Publicó que Televisa emprendía una operación para comprar la “totalidad” de Grupo Iusacell, la cuarta empresa de telefonía móvil en el país.

La operación se confirmó en abril del mismo año. Ni siquiera le pidieron una disculpa al periodista y, mucho menos, se molestaron en explicar por qué una decisión de este tipo se hacía de espaldas a los inversionistas bursátiles. Era el espíritu del Chiquihuitazo que se apropió de ambas televisoras. No tenían nada qué explicar. Simplemente anunciaron que la empresa de Emilio Azcárraga Jean había comprado títulos de deuda que Iusacell tenía con el financiero David Martínez, a cambio de convertirlos en acciones. La operación equivalía a 1,600 millones de dólares. Televisa se convertía en propietario del 50 por ciento de la empresa telefónica de Grupo Salinas.

El anuncio se dio a conocer en medio de la guerra más dura desatada desde febrero de ese mismo año entre las televisoras y la dupla Telmex-Telcel, de Carlos Slim. Grupo Carso suspendió su publicidad en ambas televisoras. TV Azteca argumentó que no le aceptaría anuncios a ambas empresas hasta que bajaran las tarifas de interconexión.

No se trataba de un pleito arreglado. Era la disputa corporativa más dura protagonizada por los titanes de la radiodifusión y de las telecomunicaciones, sin que el gobierno de Felipe Calderón intentara regular mínimamente esta disputa. Incluso, parecía que desde la SCT se alentó este pleito para avalar la futura sociedad en Iusacell que convertía a Televisa en la única empresa con posibilidades de dar servicios de total play.

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Las “Guerras” de TV Azteca

Jenaro Villamil

Primero fue su alegato en contra de la Comisión Federal de Competencia, seguido de una guerra informativa en contra del “monopolio” de Carlos Slim –que nunca vieron cuando antes estaban cercanos al magnate de Telmex-Telcel-, luego un intento de convertir a Grupo Iusacell en víctima de los malos modos del notificador de la CFC, y después la emprendieron en desplegados y en notas en Hechos contra el Grupo Reforma. Ahora dirigen sus baterías contra las empresas de TV por cable, afiliadas o dominadas por su presunto socio, Televisa.

Desde la semana pasada, en el segmento informativo nocturno de Canal 13, en emisiones de Proyecto 40 y con sus replicantes en la prensa, Grupo Salinas ha emprendido una campaña contra el Grupo Reforma, editor de los periódicos Reforma, Metro, Muro, entre otros.

“La verdadera cara del Grupo Reforma” es el título de los segmentos de linchamiento televisivo. TV Azteca repitió y enriqueció el guión que meses atrás aplicó Televisa para atacar al periódico de Alejandro Junco de la Vega. Se trata de exhibirlo como un periódico de “doble moral” porque vende anuncios de masajes y en el Metro publica fotos sensacionalistas.

No terminaba su guerra punitiva contra Reforma cuando se le abrió otro frente conflictivo a la televisora de Ricardo Salinas Pliego que representa, en apariencia, un distanciamiento con Televisa: el cártel de las empresas de televisión por cable, afiliadas o filiales de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, se negaron a pagarle a TV Azteca su paquete de canales en señal abierta.

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La Megafusión Televisa-Iusacell, Ganar Tiempo (Primera Parte)

Jenaro Villamil

La noche del martes 24 de enero, durante la reunión de los cinco integrantes del pleno de la Comisión Federal de Competencia, sólo se tenía claro que dos comisionados iban a votar en contra de la solicitud de concentración de Televisa en Grupo Iusacell, y otros dos estaban a favor.

Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC y Rodrigo Morales Elcoro, ambos integrantes de la comisión desde el sexenio de Vicente Fox y que han votado coincidentemente en otros asuntos polémicos como la megamulta contra Telcel por 1 mil millones de dólares, estaban en contra de apoyar la solicitud de conversión de deuda por 50 por ciento de las acciones de Televisa en Grupo Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, accionista de TV Azteca.

Pérez Motta había sido el centro de las presiones ejercidas en las pantallas de Televisa y de TV Azteca y, en especial, de los dos principales operadores de la “megafusión”: Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa y estratega de la ampliación del consorcio de Emilio Azcárraga Jean en el área de telecomunicaciones, y Pedro Padilla Longoria, director general de Grupo Salinas (ver Proceso, No. 1838).

Luis Alberto Ibarra Pardo y Cristina Massa Sánchez, los dos comisionados que se integraron en el sexenio de Felipe Calderón, ambos con vínculos estrechos con Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, argumentaron a favor de la concentración, señalando que se necesita un competidor fuerte en telefonía móvil para enfrentar al gigante formado por Telmex-Telcel, del magnate Carlos Slim.

Curiosamente, ambos comisionados también habían votado en contra de la declaración de dominancia contra Telcel, Telefónica y Grupo Iusacell en la terminación de llamadas en su propia red de telefonía móvil, el 7 de noviembre de 2011. Ibarra Pardo, junto con Miguel Flores Bernés votaron en junio del año pasado a favor de que Pérez Motta se recusara en el caso de la megamulta a Telcel porque declaraciones suyas en medios electrónicas ponían en duda su imparcialidad.

El voto del quinto comisionado, Miguel Flores Bernés, estaba en duda. Hasta esa sesión argumentó que estaba en contra de la concentración Televisa-Grupo Iusacell porque no iba a combatir a un gigante como Telmex-Telcel, con la creación de otro formado por las dos televisoras dominantes.

Flores Bernés, como los otros cuatro comisionados, fue objeto de intensas presiones tanto de los dos consorcios televisivos involucrados en la fusión, como de autoridades del gobierno federal que argumentaban a favor de esta operación para “combatir al monstruo” de Telcel-Telmex.

El punto medular de la deliberación interna del organismo, según los testimonios recabados por Proceso, se orientó más hacia el otro escenario: la fusión no tendría problemas si Televisa comprara el 100 por ciento de Grupo Iusacell y se eliminara el “incentivo para prácticas monopólicas” en materia de televisión abierta, donde ambos grupos controlan el 95 por ciento de las frecuencias concesionadas, más del 65 por ciento de la publicidad de las otras compañías de telefonía móvil, así como el mercado de contenidos en televisión abierta y restringida.

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Confirma Iusacell Rechazo a la Fusión con Televisa

Jenaro Villamil

En medio de amenazas de que continuará el litigio y desplegados en prensa de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, la Comisión Federal de Competencia  informó que “está llevando a cabo” el proceso de notificación de la resolución sobre la fusión entre Grupo Iusacell y Televisa, decisión que fue adversa a las dos grandes televisoras, según un comunicado de la empresa de telefonía móvil.

“El proceso (de notificación) ha sido complejo, pero va por buen camino y continuará mañana. Tal como se comunicó el martes 24 de enero, fecha en que el pleno tomó la decisión, la CFC publicará su decisión una vez que haya culminado con éxito este proceso”, advirtió el comunicado del organismo regulador.

A su vez, en un comunicado de prensa Grupo Iusacell informó que la notificación indica que, tras una votación dividida, no se aprobó la concentración.

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Televisa-TV Azteca, el Plan Chantaje: de Rivales a Cómplices

Jenaro Villamil

Segunda parte del texto publicado originalmente en el No. 1838 de la revista Proceso. Consulta la primera parte aquí.

“Monopolio sin Precedentes”: Nextel

El argumento de que la inversión de 1,600 millones de dólares de Televisa en Grupo Iusacell ayudará a una mayor competencia en el mercado de la telefonía móvil ha sido insistente para justificar la sociedad entre los dos agentes que controlan los contenidos, la producción y la distribución de las señales de televisión abierta y televisión restringida en el país.

A través de la Cofetel, se solicitó un “estudio confidencial” a los consultores Dimitri Ypsilanti y Agustín Diaz Pines, ambos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para hacer una revisión del mercado de las telecomunicaciones en México y emitir su opinión sobre la fusión de Grupo Iusacell y Grupo Televisa.

El documento, elaborado entre el 23 y 28 de octubre de 2011, cuya copia obtuvo Proceso, considera que es “necesario” y “benéfico” la entrada de un nuevo operador basado en la alianza Televisa-Iusacell.

Sin embargo, en la nota al pie de página número 61, mandada al final del texto, los analistas de la OCDE admiten que “sin embargo, mientras las perspectivas en el mercado de las telecomunicaciones  podrían ser bienvenidas, las perspectivas para el mercado de la televisión tendría implicaciones negativas para la competencia”.

Es el único párrafo, de las 110 cuartillas del estudio, donde se admite que la sociedad entre ambos grupos será contraproducente para el mercado de la televisión abierta.

Desde el 11 de julio de 2011, Grupo Nextel, ex socio de Televisa en la polémica Licitación 21, presentó ante la CFC una denuncia en contra de la fusión de ambos grupos argumentando que si se autoriza “se creará un monopolio sin precedentes en el mercado de la televisión abierta, de telefonía celular, de publicidad y de televisión restringida”.

Grupo Nextel aportó, entre muchas otras, las siguientes cifras:

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Televisa-TV Azteca, el Plan Chantaje: de Rivales a Cómplices

Jenaro Villamil

Texto original publicado en la revista Proceso, No. 1838.

Eduardo Pérez Motta. Fuente: http://revistafortuna.com.mx/

La mañana del lunes 16 de enero llegaron hasta las oficinas de la Comisión Federal de Competencia (CFC), el vicepresidente de Televisa, Alfonso de Angoitia, responsable de la estrategia de telecomunicaciones del emporio televisivo, y Pedro Padilla Longoria, presidente suplente y director general de Grupo Salinas, considerado el “brazo derecho” de Ricardo Salinas Pliego.

Ambos fueron a presionar a Eduardo Pérez Motta, presidente del órgano regulador, para saber cuál era su posición frente a la solicitud de concentración entre Grupo Iusacell, propiedad de Salinas Pliego, y Grupo Televisa, anunciada desde abril de 2011.

Ambas empresas se volverían propietarias del 50 por ciento de la empresa telefónica, a cambio de que se autorice la compra de deuda convertible en acciones por un monto de 1,600 millones de dólares por parte del corporativo televisivo de Emilio Azcárraga Jean.

La operación, considerada la más ambiciosa y peligrosa al convertir a las dos grandes cadenas de televisión abierta en socios y no en competidores, ha generado una intensa presión en el seno del pleno de la CFC, integrado por cinco comisionados.

Pérez Motta les respondió que aún estaba analizando su voto y que la decisión no dependía sólo de él sino de los otros cuatro comisionados: Luis Alberto Ibarra, Rodrigo Morales, Miguel Flores Bernés y Cristina Massa Sánchez, ésta última designada por Felipe Calderón como integrante de la CFC apenas el 15 de septiembre de 2011.

Padilla y De Angoitia, los ejecutivos más altos de ambas televisoras, salieron descontentos de las oficinas de la CFC en Santa Fe. Versiones extraoficiales señalaban que no tenían 3 de los 5 votos necesarios para autorizar la concentración.

Otras versiones investigadas por Proceso y ventiladas en algunos medios especializados indicaban que la próxima semana el pleno de la CFC podría autorizar la fusión, siempre y cuando se tomaran una serie de medidas para regular el mercado de la televisión restringida, dominada por Televisa, y se autorice también la licitación de una tercera cadena de televisión abierta, en señal digital, de acuerdo al proyecto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Desde ese momento, las presiones dejaron de ser tras bambalinas y se ventilaron en la pantalla de los noticiarios de Televisa y de TV Azteca, como una demostración del “músculo” que poseen ambas empresas, que controlan el 93 por ciento de las señales en televisión abierta.

En los noticiarios más importantes de Canal 2 y de Canal 13, las señales de alcance nacional de Televisa y TV Azteca, se difundieron noticias en contra de Eduardo Pérez Motta y del presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El pretexto fue lo de menos.

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Inicia Cofetel Consulta Pública para Nuevas Cadenas de Televisión

Jenaro Villamil

A partir del 14 de noviembre y hasta el 7 de diciembre de este año, la Comisión Federal de Telecomunicaciones realizará una “consulta pública” para “normar su criterio” en torno a la licitación de nuevas cadenas de televisión abierta.

La convocatoria lanzada por la Cofetel advierte que este ejercicio, no vinculante en la toma de la decisión, tiene como objetivo “allegarse de las opiniones de los diversos actores del sector y del público interesado, que sirvan como referencia para la toma de decisión orientada a la licitación de frecuencias para operar canales de televisión radiodifundidas”.

Desde enero de este año, la revista Proceso adelantó el estudio de viabilidad para licitar dos cadenas de televisión digital, con capacidad de cubrir el 88 y el 95 por ciento del territorio nacional. La convocatoria a la licitación, prevista para agosto de 2011, se atrasó.

Las dos principales empresas televisivas del país, Televisa y TV Azteca, han manifestado de distintas maneras su oposición a la licitación de nuevas frecuencias. El presidente de Grupo Azteca, Ricardo Salinas Pliego, llegó a afirmar que no le teme a la competencia, pero que “no hay espacio” para sostener publicitariamente una tercera cadena.

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