Domingo 6 de noviembre de 2011, p. 2
Fuente: jornada.unam.mx
Monterrey, NL. Sin funcionarios públicos detenidos, sin peritajes concluyentes, sin detenciones de los dueños, sin arrestar a los grandes jefes del crimen organizado, sin desvelar los nombres de los operadores; a más de dos meses de uno de los mayores ataques contra la población civil perpetrado en México, las víctimas del casino Royale siguen en espera de justicia.
No hay justicia para vivos, ni para muertos
, dice con tono de amargura Baldemar Villarreal, padre de dos trabajadores del casino Royale que lograron salvarse. Y lanza una frase lapidaria para rematar: La justicia en México es letra muerta
.
Los familiares de las 52 víctimas de la casa de apuestas y los 180 trabajadores que laboraban en el casino Royale han visto con desolación la opacidad en las investigaciones sobre las responsabilidades de miembros de Protección Civil de Nuevo León que cubrieron el ataque, los enredos entre municipio, estado y Federación sobre los peritajes del siniestro, la protección a Raúl Rocha Cantú, dueño del negocio, la ocultación del resto de los propietarios, el manejo turbio para encubrir y proteger a funcionarios implicados de los tres niveles de gobierno, la inacción del gobierno federal para atraer por completo el caso y la falta de apoyo gubernamental a las víctimas para solventar las consecuencias de la tragedia.
También han visto con escepticismo la detención de 17 presuntos implicados, la mayoría de ellos jóvenes y menores de edad que son presentados como cabecillas
de Los Zetas y en muchos casos ni siquiera forman parte de la lista revelada por la Procuraduría General de la República de 18 presuntos culpables de la masacre, de los cuales sólo se ha detenido a ocho personas.
Y finalmente han asistido al bochornoso espectáculo de impunidad ofrecido por autoridades policiacas y judiciales en torno a la protección de Jonás Larrazabal –hermano del alcalde panista de Monterrey–, Fernando Larrazabal; a quien se exhibió como extorsionador de varios casinos y está detenido bajo condiciones de privilegio y por cargos menores a los hechos, mientras el edil regiomontano es sostenido en su puesto por su partido y sin ser molestado por las autoridades correspondientes.
Todo ha sido una burla, la justicia nunca llegará, de eso estamos seguros
, dice con desánimo María Teresa Salazar Ibarra, madre de un escolta del casino y esposa de un guardia de seguridad de la misma casa de apuestas.
Jenaro Villamil 