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Carta abierta de Amnistía Internacional a Alejandro Poiré

Londres, 21 de febrero de 2012

Señor Secretario de Gobernación,

El 20 de febrero de 2012 se cumplen tres años del día en el que los defensores de los derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron hallados muertos en Tecoanapa, estado de Guerrero. Como es de su conocimiento, ellos eran, respectivamente, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) y trabajaban por defender los derechos de los pueblos indígenas Me’phaa (tlapanecos) y Na savi (mixtecos). Tres años después de tan graves incidentes, su caso continúa en la impunidad y paralelo a ello nos encontramos estudiando un nuevo caso de abuso contra otro de los líderes de esta misma organización.

Amnistía Internacional considera positiva la reciente declaración pública de Ud. en la que reitera el compromiso de su Gobierno por los derechos humanos y por la protección de quienes los defienden. Sin embargo, me dirijo a Usted en esta ocasión para expresarle la profunda preocupación de nuestra organización en relación a la grave situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en México y para reiterar nuestro urgente  llamado a poner en marcha un mecanismo de protección eficaz para ellos.

Los abusos que hoy siguen enfrentando las y los defensores de derechos humanos en México continúan siendo graves, frecuentes e impunes; entre otros, por ejemplo, están siendo víctimas de asesinatos o intentos de asesinatos, amenazas, intimidaciones y  actos de criminalización. Ejemplo de ello son los casos a los que me refiero continuación.

Norma Esther Andrade, miembro fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una organización creada en 2001 para luchar contra la impunidad y la justicia en los casos de secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, fue objeto de dos graves atentados contra su vida en menos de dos meses. El último de ellos ocurrió el 3 de febrero de 2012 en el Distrito Federal, frente al lugar donde se había reubicado para protegerse luego del primer atentado de diciembre. La protección otorgada por las autoridades fue totalmente inadecuada, mostrando de nuevo la falta de eficacia de las medidas de seguridad brindadas por las autoridades.

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Ciudad Juárez y Norma Andrade, la Impunidad del Feminicidio

Jenaro Villamil

La activista Norma Andrade sufrió el día de ayer un segundo atentado. Foto/Fuente: http://www.diario.com.mx/

Reportear en Ciudad Juárez es enfrentar la esperanza, el temor y la dignidad de sus habitantes. También es sentir la permanente impotencia frente a la violencia institucionalizada: la de los juniors millonarios tan mencionados en películas como Bajo Juárez, o en libros como Cosecha de Mujeres, Huesos en el Desierto, Murder City; la de cuerpos policiacos y militares coludidos con los cárteles y con los juniors (en Juárez suelen ser lo mismo); las promesas reiteradas desde el gobierno panista de Francisco Barrio hasta la administración actual del priista César Duarte.

Reportear en Juárez es encontrarse con mujeres de una valentía extraordinaria como Norma Andrade. Morena, intuitiva, de origen muy humilde, Norma inició desde 2001 una batalla en un camino sin retorno para atrapar a los responsables del asesinato brutal de su hija Lilia Alejandra, de 17 años, secuestrada, torturada sexualmente, decapitada y asesinada en ese año.

Desde sus entrañas se amotinó. Norma fundó junto con otros activistas y sociólogos de Ciudad Juárez, como Alfredo Limas, la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, para aglutinar a decenas de madres y familiares que, como ella, se negaban a asumir la verdad oficial del crimen de su hija: ella fue “corresponsable” de su destino; los asesinos materiales eran unos malvivientes y la “gente decente” con apellidos pudientes como los Zaragoza, los Fuentes y la mezcla entreverada de estos potentados del gas, las lecherías y dueños de la frontera, no tenían nada qué ver.

Su insistencia y lucha la llevó a ser candidata a diputada federal del PT en 2003, llevó el caso de su hija ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con otras madres de las víctimas del campo algodonero, símbolo infame del feminicidio institucionalizado en Juárez. Andrade sufrió el embate gubernamental para dividir a las madres, para corromperles el duelo y la lucha, para cerrarles cualquier posibilidad de esperanza en la justicia.

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