Jenaro Villamil
Desde finales de 2010 y en las primeras semanas de 2011 existen tres frentes de conflicto en el servicio de telefonía móvil que afectan directamente a los consumidores mexicanos: en primer lugar, las constantes interferencias en el servicio de 3G de Telcel que han padecido miles de usuarios en la Ciudad de México; los servicios de buzón de voz entre los operadores Unefon, Telefónica y Telcel que ha generado el inicio de un proceso de sanción por parte de la Cofetel y Profeco; y, en tercer lugar, la disputa entre la empresa de telefonía fija Axtel y las compañías de telefonía móvil –especialmente Telcel- por las tarifas de interconexión que tal parece sólo está orientada a beneficiar a la compañía de Tomás Milmo y no a los usuarios de Axtel.
Las compañías que resultan beneficiadas de un mercado que genera ventas por más de 20 mil millones de dólares al año prácticamente se han hecho ojo de hormiga frente al descontento de los consumidores, echándole la culpa a otras compañías o con estrategias jurídicas para no asumir su responsabilidad frente a los errores en un servicio que es muy caro.
Las autoridades responsables, especialmente la Cofetel, han actuado con suma lentitud, justificándose por su falta de inspectores o por la falta de “dientes” legales que permitan sanciones ejemplares y que las compañías no sigan afectando al consumidor.