Texto publicado en la edición No. 1842 de Proceso.
Jenaro Villamil

Pedro Joaquín Coldwell, envió una carta pública a la procuradora Marisela Morales para calificar como “grave e inadmisible” la salida del titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, José Luis Vargas Valdés. Foto: Germán Canseco. Fuente: proceso.com.mx
En franca disputa desde las elecciones de Michoacán del 2011, que perdió el PAN frente al PRI, el gobierno de Felipe Calderón ha filtrado versiones de investigaciones ministeriales para vincular a tres ex gobernadores priistas de Tamaulipas con el crimen organizado, mientras el PRI decidió en estas dos últimas semanas abandonar la cautela y responder “golpe con golpe” calderonista a la que acusa abiertamente de “criminalizar el proceso electoral” con estas indagatorias.
El terreno de las acusaciones del gobierno calderonista se ha concentrado en los tres últimos gobiernos priistas de Tamaulipas y en la presunta participación del crimen organizado para favorecer al priista Fausto Vallejo, que recientemente tomó posesión como gobernador de Michoacán. El viernes 17, Vallejo advirtió que tomará “las medidas legales conducentes” contra los dirigentes del PAN que acusan al crimen organizado de favorecer al PRI.
El PRI reviró esta semana impulsando un punto de acuerdo de la bancada local en el Congreso del estado de Baja California para exhortar a la PGR a investigar a los ex gobernadores panistas Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy, por presuntos nexos con el narcotráfico. Al mismo tiempo, su dirigente nacional Pedro Joaquín Coldwell, envió una carta pública a la procuradora Marisela Morales para calificar como “grave e inadmisible” la salida del titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, José Luis Vargas Valdés.