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Aspe, Córdoba y Levy, los “Cerebros” de Peña Nieto

Primera parte del reportaje publicado en la edición No. 1851 de Proceso.

José Córdoba Montoya y Pedro Aspe, los principales “cerebros” del modelo político y económico del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.

Reconvertidos en consultores, accionistas o cabilderos de trasnacionales importantes en materia energética, eléctrica y manufacturera; asesores e intermediarios entre gobiernos estatales y la banca privada  para “renegociar” las millonarias deudas locales, los dos colaboradores más importantes del sexenio salinista, Pedro Aspe y José Córdoba Montoya, están de vuelta como los principales “cerebros” del modelo político y económico del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.

Pilares de la tecnocracia mexicana, sobrevivientes en la disputa entre Carlos Salinas y su sucesor Ernesto Zedillo, integrantes del “grupo compacto” que surgió en la Secretaría de Programación y Presupuesto desde el sexenio de Miguel de la Madrid, Aspe y Córdoba operan fuera de los reflectores, influyen en las principales propuestas de gobierno de Peña, convencen a empresarios para apoyar al ex gobernador del Estado de México y, sobre todo, definen el tono ideológico de quien aspira a ser el presidente de los “compromisos cumplidos” y del “gobierno eficaz”.

El vínculo entre Pedro Aspe, autor de la frase “la pobreza es un mito genial”, y el equipo de Peña Nieto no es sólo ideológico sino político. Luis Videgaray, su coordinador general de campaña, es socio y alumno de Aspe desde la consultora Protego Asesores, rebautizada el 2 de abril como Evercore Casa de Bolsa, “empresa líder en banca de inversión”.

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Reforma Política, Prevención en Caso de Parálisis

Texto publicado en la edición No. 1799 del semanario Proceso.

Jenaro Villamil

José Woldenberg. Imagen: http://elorbe.com

Tras dos años de negociaciones en las comisiones del Senado los tres principales partidos –PAN, PRI y PRD- acordaron una iniciativa de reforma política “preventiva” y no “fundacional” del régimen político para incorporar mecanismos que eviten una parálisis de gobierno en los casos de falta de mayoría  de algún partido en las cámaras del Congreso, o de falta de votos suficientes para aprobar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos.

El dictamen, firmado por los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y Estudios Legislativos, enumera los “grandes temas” que se incorporan para la reforma constitucional: iniciativa ciudadana, consulta popular, candidaturas independientes, iniciativa preferente, reconducción presupuestal, observaciones del Ejecutivo al Presupuesto de Egresos de la Federación, sustitución del presidente en caso de falta absoluta, reelección de legisladores, ratificación de comisionados de órganos reguladores (Comisión de Competencia Económica, Cofetel, Comisión Reguladora de Energía) e integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Los aspectos más polémicos del “decálogo presidencial” para la reforma política, presentado el 15 de diciembre de 2009 por Felipe Calderón, quedaron fuera de la iniciativa, tales como la segunda vuelta en la elección presidencial –vetada por el PRI-, la disminución de 500 a 400 legisladores en la Cámara de Diputados y de 128 a 96 en el Senado, el incremento de 2 a 4 por ciento como porcentaje mínimo de votación para mantener el registro de un partido político o el tema del “veto” presidencial y las observaciones a proyectos de ley como el Presupuesto de Egresos.

Sin embargo, también se eliminaron las propuestas tendientes a la configuración de un régimen semipresidencial o semiparlamentario, como la ratificación total o parcial de los miembros del gabinete –propuesta por PRI y PRD-, la autonomía del ministerio público, la revocación de mandato o la moción de censura y control parlamentario para los secretarios de Estado. En este sentido, quedaron fuera varios puntos propuestos por académicos y especialistas del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quienes presentaron desde 2009 un extenso documento en el Senado.

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