Jenaro Villamil
Unos hombres no identificados llegaron un día a la casa de Marichú Bravo, acusada por el gobierno de Veracruz de un delito equiparado a “terrorismo”. Le desconectaron la luz, la obligaron a firmar un acta en la que se comprometía a no usar nunca más una red social.
“Fui maltratada, golpeada con armas y perdí el conocimiento”, afirmó Bravo, durante su participación en el foro “El papel de Internet en un Contexto de Violencia en México”. A partir de esa visita, decidió cancelar su cuenta en Facebook y no volvió a emitir ningún mensaje en Twitter o en alguna otra red social.
Marichú, como la conocen en Veracruz, fue trasladada del cuartel de San José al penal de Pacho Viejo, Veracruz, junto con su presunto “cómplice”. Ambos fueron acusados por el gobierno de Javier Duarte, del PRI, de haber cometido un delito equiparado con el terrorismo por divulgar rumores sobre presuntos ataques del crimen organizado en unas escuelas de Veracruz.
Su testimonio fue el más conmovedor y sirvió de marco para el foro que fue inaugurado en el Senado por el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Francisco Javier Castellón Fonseca, firme defensor de los twitteros arrestados en Veracruz. Sólo la presión nacional y el escándalo internacional permitieron que fueran liberados.