Jenaro Villamil
Tercera y última parte del Ensayo escrito para el INFODF. Consulta la primera parte aquí y la segunda aquí.
La Segunda Ola de Acceso a la Información
El 17 de noviembre de 2011 el comisionado presidente de InfoDF, Oscar Guerra, aportó una información que prácticamente pasó desapercibida en los medios de comunicación mexicanos: en los últimos cinco años de vigencia de la ley de acceso en la capital del país, 280 funcionarios de la administración local han sido sancionados por incumplimiento.
“Tenemos un acumulado en los cinco años de 280 funcionarios que han sufrido un tipo de sanción, que van desde la amonestación privada, la suspensión sin goce de sueldo por algunos días y la inhabilitación en el servicio público por dos años”, abundó Guerra.
Tampoco en las redes sociales o en los blogs de las organizaciones vinculadas al acceso a la información se generó mayor interés. Tal número de funcionarios sancionados por lo menos debió provocar algunas preguntas entre el gremio periodístico: ¿quiénes son? ¿qué niveles de responsabilidad tenían? ¿por qué fueron sancionados? ¿quiénes fueron inhabilitados? ¿qué balance hace el InfoDF frente a estas sanciones?
En fin, hay un grado de indiferencia o “minimización” de los asuntos relacionados al acceso a la información y a la protección de datos personales que deben prender un foco de alerta tanto entre los promotores, como entre ciudadanos y medios de comunicación.
Más grave parece ser que la sociedad y las organizaciones civiles, empresariales y académicas en el Distrito Federal y en el país han avanzado más en la cultura del acceso a la información que la misma clase política y el sector periodístico tradicional.
La corriente de organismos dedicados a evaluar el avance en esta materia han insistido en generar una “segunda ola” de promoción al acceso a la información que no se quede solamente en la respuesta a las solicitudes sino en una promoción activa y una rendición de cuentas efectiva, así como capitalizar las nuevas tecnologías para hacer más útil y generalizado el uso de este derecho.
No deja de ser sintomático que una de las áreas de mayor opacidad en la rendición de cuentas e información pública siga siendo el régimen de concesiones y permisos en el régimen de medios electrónicos de comunicación, así como en los convenios publicitarios que las distintas instancias de gobierno establecen tanto con los medios masivos como con los impresos.
La opacidad en las relaciones entre medios y poder se extiende a la discrecionalidad en la relación entre los dueños de los medios y los propios trabajadores de la información (sean éstos reporteros, articulistas, fotógrafos, cartonistas, colaboradores, editores, etc). Los derechos profesionales de los periodistas no se limitan únicamente al salario digno y a condiciones modernas de trabajo sino a la protección de la secrecía de las fuentes, incluir medidas de protección mutua en el caso de los reporteros dedicados a la cobertura de asuntos altamente sensibles, como el narcotráfico.
En muchas ocasiones, el principio de secrecía de las fuentes puede parecer una contradicción en relación con la transparencia y la máxima publicidad, pero en este principio debe prevalecer la necesidad de garantizar un acceso a información a temas reservados aún por distintas áreas del Estado, como son asuntos de seguridad nacional, los fideicomisos y fondos que manejan recursos públicos, la rendición de cuentas de los partidos políticos, la transparencia sindical, el manejo de la información ambiental y el acceso a la información en materia del agua, estos dos últimos particularmente sensibles en el caso del Distrito Federal.
Es importante que los medios de información cuenten con unidades de acceso a la información que operen como entidades periodísticas que sistematicen, analicen, promuevan, investiguen y difundan los procesos vinculados al acceso a la información. En múltiples foros hemos promovido algunas medidas tendientes a reforzar e incorporar a los medios en la “segunda ola” de acceso a la información: