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La rendición del IFAI

Jenaro Villamil

 

Gerardo Laveaga Rendón en su toma de posesión como presidente del IFAI en sustitución de la comisionada Jacqueline Peschard. Foto: Notimex.

Gerardo Laveaga Rendón en su toma de posesión como presidente del IFAI en sustitución de la comisionada Jacqueline Peschard. Foto: Notimex.

Algo grave está sucediendo en torno al IFAI. Una semana atrás, Enrique Peña Nieto simplemente olvidó el nombre correcto y la materia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. No fue un simple desliz. El mexiquense demostró que el organismo no le sirve para sus objetivos políticos (confunde acceso a la información pública con opinión pública) ni está en su lista de compromisos reales.

La confusión de Peña Nieto ocurrió justo cuando anunciaba una gran reforma legal para extender las potestades y funciones del organismo e incorporar a dos nuevos comisionados que se sumarían a los 5 que actualmente integran la dirección colegiada del instituto.

Fue el mismo día que la rendición de cuentas pareció una broma. Los integrantes del gabinete y el propio mandatario dieron a conocer una lista de su declaración patrimonial sin especificar valor, ubicación y menos montos exactos de sus cuentas bancarias. Peña Nieto nos reveló que en una sola fecha (8 de diciembre de 2011) recibió 5 “donaciones”: dos casas y tres terrenos, como si se tratara de una ofrenda que se acostumbra en los rumbos de Atlacomulco.

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Acceso a la Información, Periodismo y Redes Sociales, Escenarios Futuros (Tercera Parte)

Jenaro Villamil

Tercera y última parte del Ensayo escrito para el INFODF. Consulta la primera parte aquí y la segunda aquí.

La Segunda Ola de Acceso a la Información

Infografía de la web 3.0

El 17 de noviembre de 2011 el comisionado presidente de InfoDF, Oscar Guerra, aportó una información que prácticamente pasó desapercibida en los medios de comunicación mexicanos: en los últimos cinco años de vigencia de la ley de acceso en la capital del país, 280 funcionarios de la administración local han sido sancionados por incumplimiento.

“Tenemos un acumulado en los cinco años de 280 funcionarios que han sufrido un tipo de sanción, que van desde la amonestación privada, la suspensión sin goce de sueldo por algunos días y la inhabilitación en el servicio público por dos años”, abundó Guerra.

Tampoco en las redes sociales o en los blogs de las organizaciones vinculadas al acceso a la información se generó mayor interés. Tal número de funcionarios sancionados por lo menos debió provocar algunas preguntas entre el gremio periodístico: ¿quiénes son? ¿qué niveles de responsabilidad tenían? ¿por qué fueron sancionados? ¿quiénes fueron inhabilitados? ¿qué balance hace el InfoDF frente a estas sanciones?

En fin, hay un grado de indiferencia o “minimización” de los asuntos relacionados al acceso a la información y a la protección de datos personales que deben prender un foco de alerta tanto entre los promotores, como entre ciudadanos y medios de comunicación.

Más grave parece ser que la sociedad y las organizaciones civiles, empresariales y académicas en el Distrito Federal y en el país han avanzado más en la cultura del acceso a la información que la misma clase política y el sector periodístico tradicional.

La corriente de organismos dedicados a evaluar el avance en esta materia han insistido en generar una “segunda ola” de promoción al acceso a la información que no se quede solamente en la respuesta a las solicitudes sino en una promoción activa y una rendición de cuentas efectiva, así como capitalizar las nuevas tecnologías para hacer más útil y generalizado el uso de este derecho.

No deja de ser sintomático que una de las áreas de mayor opacidad en la rendición de cuentas e información pública siga siendo el régimen de concesiones y permisos en el régimen de medios electrónicos de comunicación, así como en los convenios publicitarios que las distintas instancias de gobierno establecen tanto con los medios masivos como con los impresos.

La opacidad en las relaciones entre medios y poder se extiende a la discrecionalidad en la relación entre los dueños de los medios y los propios trabajadores de la información (sean éstos reporteros, articulistas, fotógrafos, cartonistas, colaboradores, editores, etc). Los derechos profesionales de los periodistas no se limitan únicamente al salario digno y a condiciones modernas de trabajo sino a la protección de la secrecía de las fuentes, incluir medidas de protección mutua en el caso de los reporteros dedicados a la cobertura de asuntos altamente sensibles, como el narcotráfico.

En muchas ocasiones, el principio de secrecía de las fuentes puede parecer una contradicción en relación con la transparencia y la máxima publicidad, pero en este principio debe prevalecer la necesidad de garantizar un acceso a información a temas reservados aún por distintas áreas del Estado, como son asuntos de seguridad nacional, los fideicomisos y fondos que manejan recursos públicos, la rendición de cuentas de los partidos políticos, la transparencia sindical, el manejo de la información ambiental y el acceso a la información en materia del agua, estos dos últimos particularmente sensibles en el caso del Distrito Federal.

Es importante que los medios de información cuenten con unidades de acceso a la información que operen como entidades periodísticas que sistematicen, analicen, promuevan, investiguen y difundan los procesos vinculados al acceso a la información. En múltiples foros hemos promovido algunas medidas tendientes a reforzar e incorporar a los medios en la “segunda ola” de acceso a la información:

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Acceso a la Información, Periodismo y Redes Sociales, Escenarios Futuros (Segunda Parte)

Jenaro Villamil

Segunda parte del Ensayo escrito para el INFODF. Consulta la primera aquí.

Periodistas y Medios Frente al Acceso a la Información

Wikileaks representa un parteaguas para la manera de hacer periodismo en la era de las redes sociales, del acceso a la información y en la capacidad para divulgarla globalmente.

A nivel internacional, las leyes de acceso a la información no son utilizadas mayoritariamente por periodistas o medios de comunicación. Menos del 20 por ciento de las solicitudes se realizan por los trabajadores profesionales de los medios informativos.

En México este fenómeno no ha sido la excepción. A nivel nacional, de las casi 720 mil solicitudes reportadas por el IFAI en estos ocho años, los porcentajes son los siguientes:

-45 por ciento proviene de sectores académicos.

-17 por ciento de instituciones gubernamentales.

-12 por ciento de medios de comunicación.

-26 por ciento del mundo empresarial.

Del 12 por ciento que proviene de medios de comunicación, un porcentaje de más del 30 por ciento se orienta a solicitudes de acceso a la información dirigidas al Consejo de Seguridad Nacional, según la ponencia del comisionado Angel Trinidad Zaldívar (Informe del comisionado Angel Trinidad Zaldívar, 12 noviembre 2012, Versión electrónica.).

Es interesante observar que este interés coincide con el periodo de lucha contra el crimen organizado, emprendida en este sexenio por el gobierno de Felipe Calderón.  Observamos que más de un 70 por ciento de estas solicitudes realizadas por los periodistas se concentran en cuatro instituciones: la Secretaría de la Defensa Nacional (23.5 por ciento), la Secretaría de Marina (18 por ciento), la Procuraduría General de la República (27.3 por ciento) y la Secretaría de Seguridad  Pública (17.5 por ciento).

Muchas de estas solicitudes han dado pie a la apertura de información, a pesar de las restricciones que se amparan en las reservas de seguridad nacional. La resolución 1600 /08 es un buen ejemplo. Se solicitó información relativa a los homicidios relacionados con el narcotráfico para los años 1997-2007. PGR reservó la información en términos del artículo 13-I y V de la ley federal que clasifica “temporalmente” como reservada toda aquella información que “comprometa a la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional” y cuando la información “obstaculiza o bloquea operaciones militares o navales contra delincuencia organizada” y “ponga en riesgo infraestructura estratégica”.

El IFAI localizó información proporcionada por la PGR en boletines y comunicados de prensa emitidos entre 1997 y 2007, donde se hacía referencia al número de homicidios relacionados con el narcotráfico. El instituto procedió a revocar la clasificación de la información. A raíz de esta solicitud, se divulgó en prensa que, según los datos de la PGR entre enero y octubre de 2007 existían un total de 2, 222 homicidios relacionados con el narcotráfico.

En el Distrito Federal, la relación entre solicitudes de acceso a la información y trabajadores de los medios de comunicación ha ido de más a menos. Según el reporte del InfoDF, en 2007, el 24.3 por ciento de las solicitudes provinieron de medios de comunicación. Este porcentaje disminuyó a 14.5 por ciento en 2008, cayó a 4 por ciento en 2009 y en 2010 y 2011 se ha mantenido con el 3.4 por ciento del porcentaje total.

Es interesante observar que en números absolutos, las solicitudes de acceso provenientes de los medios no disminuyó mucho entre 2007 y 2009 (364 en 2007, 355 en 2008, 314 en 2009), pero sí cayó a 213 y 231 solicitudes en 2010 y 2011. Esto provocó que en términos porcentajes, los medios de comunicación representaran menos del 5 por ciento de las solicitudes de acceso en el Distrito Federal.

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Acceso a la Información, Periodismo y Redes Sociales, Escenarios Futuros (Primera Parte)

Jenaro Villamil

Primera parte del Ensayo escrito para el INFODF

El 12 de junio de 2002, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México. Fue la primera reforma a la estructura del sistema político –y quizá la única de esa trascendencia- realizado en el “sexenio del cambio”, encabezado por el panista Vicente Fox.

Fue también uno de los primeros avances tangibles para reglamentar el artículo 7º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que consagraba, desde 25 años atrás, el derecho a la información como parte de la primera gran reforma política que inició formalmente el proceso de transición a la democracia.

En esos momentos pocas fuerzas sociales alcanzaron a percibir las dimensiones del cambio fundamental al sistema político que representaba obligar a todas las instancias del Poder Ejecutivo federal a publicar de manera completa los datos relacionados con contrataciones, licitaciones, presupuesto, nóminas, deliberaciones para la toma de decisiones, etc.

La principal resistencia provino del propio gremio periodístico. El acceso a la información era un concepto difícil de digerir o desconocido. La mayoría de los periodistas mexicanos, de la vieja guardia, menospreciaban o leían con extraña curiosidad lo que se acababa de aprobar. Había apoyo en términos informativos, pero no entendimiento de los cambios que iniciaban. Los más interesados eran los jóvenes periodistas y estudiantes de comunicación que estaban más familiarizados con la búsqueda documental a través de instrumentos digitales y cibernéticos, como el internet, y también hacían una clara apuesta a favor del periodismo de investigación.

Mucho menos se dimensionó el hecho de que se creaba un nuevo ente administrativo, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), con un grado de autonomía mucho mayor al organismo que proponía el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Gobernación, aunque sin llegar a ser el IFE de la transaprencia como algunos queríamos.

La ley federal y el organismo creado, el IFAI, pronto tendría sus similares en las 31 entidades federativas y en el Distrito Federal. En esta ciudad, a pesar de las resistencias originales del gobierno capitalino y del escaso apoyo de las fuerzas mayoritarias, la ley local y la creación del Instituto de Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal entró en vigor en 2004, un año después de la federal.

El crecimiento de las solicitudes de acceso a la información en este periodo es un hecho incontrastable del éxito de este nuevo derecho. A nivel nacional, del 12 de junio de 2003 al 31 de octubre de 2011 (101 meses) se habían contabilizado: 719, 075 solicitudes de información (Informe del comisionado Angel Trinidad Zaldívar, 11 noviembre 2012). En el Distrito Federal, de 2004 a septiembre de 2011 se contabilizaron 331, 153 solicitudes de acceso (Informe Estadístico del Ejercicio del Derecho a la Información Pública en el Distrito Federal, Noviembre 2011). Es decir, las solicitudes realizadas en el Distrito Federal ante el InfoDF representan casi el 50 por ciento de todas las solicitudes realizadas a nivel nacional ante el IFAI, a pesar de que la ley capitalina entró en vigor un año después.

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El IFE y Todo a Media luz

Jenaro Villamil

En penumbras por una falla eléctrica en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, los legisladores eligieron por 385 votos a favor a los tres últimos ciudadanos que integrarán el Consejo General del IFE, después de atrasar durante 14 meses esta elección y de una nueva andanada de ataques contra el organismo por parte de los grandes medios electrónicos.

Finalmente, los tres principales partidos se repartieron los nombramientos bajo el sistema de “cuotas” que ha definido la integración del máximo organismo del árbitro electoral: el PRI propuso e impulsó al ex procurador general Sergio García Ramírez, quien vivió un momento estelar en 1988 cuando algunos despistados pensaron que él podía ser el candidato presidencial en lugar de Carlos Salinas de Gortari; el PAN propuso al investigador Lorenzo Córdova, perteneciente a la generación de especialistas electorales impulsados por José Woldenberg; y el PRD avaló a María Marván Laborde, la ex presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), donde se capacitó y demostró un claro compromiso a favor de la transparencia.

Estos tres nuevos consejeros, por su trayectoria y su prestigio en las distintas áreas donde se han desarrollado, podrán ensombrecer también a los otros seis consejeros del IFE. Los rumores sobre una posible sustitución de Leonardo Valdés como consejero presidente del IFE se han incrementado a raíz de esta nueva elección.

La primera y dura tarea de los nuevos consejeros será la discusión del catálogo de emisoras que transmitirán los spots para el proceso federal electoral del 2012. En este terreno, las televisoras y los principales grupos radiofónicos han expresado su profunda oposición ante lo que consideran una intromisión del organismo electoral en su programación.

IFAI responderá dudas en torno a “El Equipo”

El Zappo

El Equipo, la teleserie realizada en colaboración entre Televisa y la Secretaría de Seguridad Pública sigue generando controversias. Tantas, que el Instituto Federal de Acceso a la Información dedicará su sesión de hoy a las quejas interpuestas a la SSP y a la Policía Federal a raíz de este programa.

Una de las instituciones que solicitó información respecto a este programa y la SSP fue el periódico El Universal, que el pasado 13 de julio informó que el contrato entre Televisa y la SSP había tenido un costo de 118 millones de pesos y que, si bien, en el documento se explicaba el ingreso de personal de Televisa a las instalaciones de la Secretaría, en ninguna parte se detalla el uso de otros como armas y helicópteros. Una nota publicada hoy por el periódico afirma que tampoco se detallaron los pagos que la institución realizaría a Televisa.

De igual forma, El Universal detalla que entre las cosas que solicitó al IFAI estaban el listado de las instalaciones de la Policía Federal y la SSP que se emplearon dentro de la serie, el tipo de capacitación que recibieron los actores, número de agentes de la PFP que participaron en las grabaciones de la serie, un listado del armamento, vehículos y cualquier otro objeto empleado en la realización del programa.

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Plantean relanzar temas de transparencia y rendición de cuentas para su inclusión en Agenda Nacional

IFAI/063/11

Académicos, periodistas y representantes de la sociedad civil, que integraron el Grupo Oaxaca hace 10 años, acordaron relanzar los temas de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, para reposicionarlos en la agenda nacional.

Con motivo de la conmemoración de los 10 años de la Declaración de Oaxaca, iniciativa que alentó la elaboración y posterior promulgación de esa Ley Federal de Transparencia, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) organizó el panel de discusión  Perspectivas y retos  sobre la implementación de la Ley Federal de Acceso a la Información.

En este evento, los panelistas coincidieron en la necesidad de reactivar al Grupo; impulsar el fortalecimiento de una cultura de la transparencia; identificar y atacar “zonas grises” en el acceso a la información, como sindicatos, fideicomisos y partidos políticos, y socializar el tema en las redes sociales.

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Homenajea el IFAI a exintegrantes del Grupo Oaxaca

Arturo Rodríguez García

MÉXICO, D.F. 25 de mayo (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) celebró hoy la declaración emitida por el llamado “Grupo Oaxaca”, que hace 10 años elaboró la propuesta para integrar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), que permitió el perfeccionamiento del derecho de acceso a la información en México.

En Casa Lamm, el IFAI homenajeó a varios ex integrantes del “Grupo Oaxaca”, entre ellos el reportero de la revista Proceso, Jenaro Villamil, y el analista Ernesto Villanueva, colaborador del semanario.

En su discurso, el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar expuso que la legitimación del derecho a la información, ganado con la LFTAIPF, se patenta con las más de 600 mil solicitudes que han hecho los ciudadanos desde que se fundó el IFAI.

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