Segunda parte del reportaje publicado originalmente en la edición No. 1847 del semanario Proceso. Consulta la Primera Parte aquí.
El Caso Romano, Precedente de Cassez
Unas horas después de la muerte del Secretario de Seguridad Pública foxista, Ramón Martín Huerta, el 21 de septiembre de 2005, Televisa transmitió la liberación espectacular del Rubén Omar Romano, director técnico del Cruz Azul, secuestrado durante 65 días previos. Los funcionarios esperaron a que llegaran las cámaras de televisión para presentar al entrenador argentino.
El entonces director de la AFI, Genaro García Luna, le declaró a Proceso que “se llegó a la casa de seguridad casi un día antes del operativo y se detectó que había mucha movilidad del grupo delictivo, por lo que había la presunción de que querían mover a la víctima”.
García Luna negó que la liberación de Romano tuviera alguna vinculación mediática con el accidente en el que perdió la vida Ramón Martín Huerta, pero admitió que lo “prepararon” unos momentos antes para que compareciera ante las cámaras de televisión (ver Proceso, No. 1508).
El espectáculo montado en torno a la liberación de Romano precedió a lo que dos meses y medio después ocurrió con el montaje trasmitido el 9 de diciembre de 2005 con la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, y la liberación de sus presuntas víctimas.
El Caso Jacinta
El 3 de agosto de 2006, en pleno conflicto poselectoral, Jacinta Francisco Marcial, una indígena otomí de Santiago Mexquititlán, fue llevada con engaños por agentes de la AFI a la ciudad de Querétaro. Le habían ofrecido el pago de unas mercancías robadas el 26 de marzo de 2006 por seis elementos de la misma agencia.
La sorpresa para Jacinta Francisco Marcial fue que la presentaron ante los medios de comunicación como la responsable, junto con otras dos mujeres, del secuestro de seis agentes de la AFI. El 19 de diciembre de 2008 fue condenada a 21 años de cárcel y dos mil días de multa. Sus presuntas cómplices, Alberta Alcántara y Teresa González, también fueron enjuiciadas y encarceladas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) asumió su defensa legal. Los abogados del centro demostraron que Jacinta había sido víctima de violaciones a sus derechos humanos debido a que los órganos encargados de impartir justicia habían vulnerado sus garantías procesales. La indígena otomí nunca tuvo acceso a un intérprete o traductor y se le negó el derecho de presunción de inocencia.
Gracias a la presión nacional e internacional, Jacinta fue liberada el 16 de septiembre de 2009, tras estar encarcelada injustamente durante 3 años.
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