El día de hoy que se ha dado el supuesto esclarecimiento del asesinato de la periodista Regina Martínez, reproducimos a continuación el réquiem que en abril de este año Jenaro Villamil escribió para la periodista.
La oscura y asesina mano en tu cuerpo
pudo ser para mí,
pudo ser para otros, fue para todos
porque matar a un periodista
es llenar de noche la plaza pública
este sitio que habitamos tantos
algunos con tatuaje de expulsados
decreto para el silencio irreversible.
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Jenaro Villamil
“No se trató de un ataque del crimen organizado…es sólo una pandilla. Tenemos nombres, apellidos, fotografías, retratos hablados y hasta direcciones de los responsables”, afirmó el procurador mexiquense Alfredo del Castillo sobre el caso de El Colibrí.
“No se trató de un ataque del crimen organizado…es sólo una pandilla. Tenemos nombres, apellidos, fotografías, retratos hablados y hasta direcciones de los responsables”, afirmó enfático el procurador mexiquense Alfredo del Castillo, en una ronda de entrevistas que realizó en los últimos días frente a la conmoción en la opinión pública por la violación y los abusos sexuales contra 7 jóvenes, la mayoría menores de edad, en el paraje El Colibrí, en la frontera entre Chalco e Ixtapaluca.
Del Castillo, famoso por litigar mediáticamente los casos más polémicos en el Estado de México como el de la niña Paulette, soltó también en entrevista con Milenio TV que éste no era el primer ataque de la “pandilla”. Incluso, mencionó que ya habían atacado antes a un grupo de alpinistas y violado a dos mujeres. Afirmó que cuatro de los integrantes de este grupo delictivo se encuentran detenidos.
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Etiquetado Alfredo del Castillo, El Colibrí, Feminicidios
Foto/Fuente: RPP
Jenaro Villamil
El 8 de marzo fue decretado como Día Internacional de la Mujer para recordar los aspectos fundamentales de los derechos de género, políticos y económicos de más de la población mundial, en los medios de comunicación, especialmente los mexicanos, se aportaron algunos datos que habla de la persistencia de una cultura de discriminación y violencia contra las mujeres.
Estos son algunos de los datos recientes:
Jenaro Villamil
Edición Especial de Proceso, No. 34
Foto/Fuente: http://www.libertadlatina.org
CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.-En 1983, una década antes que esta ciudad alcanzara notoriedad internacional por la historia de femincidios y desapariciones de mujeres, la sociedad juarense se conmovió con el caso de Cynthia Liliana González Rivero, una niña secuestrada, violada y asesinada, con particular sadismo.
La Procuraduría de Justicia del estado, entonces a cargo de Toribio Porras Villegas, quiso cerrar el caso con celeridad e inculpó a Lucas Juárez Lozano, trabajador de la construcción, sin que hubiera evidencia sólida en su contra. Se le condenó a 35 años de prisión con base en un solo testimonio realizado bajo presión y tortura.
La prensa y la sociedad juarenses estaban convencidas de que se trataba de un “chivo expiatorio”. En 1986 el gobernador priista Fernando Baeza Meléndez ordenó el indulto de Juárez Lozano. Entre la opinión pública predominó la idea de que los verdaderos responsables eran “varios juniors”, hijos de personajes influyentes en la política y la economía de Ciudad Juárez.
Nadie los investigó. El juez que consignó a Juárez Lozano fue José Chávez Aragón. Por sus buenos servicios, ascendió a magistrado de la Segunda Sala Penal, y llegó a ser entre 2004 y 2007, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua.
La cadena de impunidad iniciada en 1983 llegó hasta finales de 2010, con el caso de Rubí Marisol Freyre, una joven de 17 años asesinada en Chihuahua en 2008. La sombra de Chávez Aragón se hizo presente en este homicidio.
En mayo de 2010 los jueces Catalina Ochoa Contreras, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Baudib Jurado, este último protegido de Chávez Aragón, dejaron libre al asesino confeso de Rubí, Rafael Barraza Bocanegra.
Jenaro Villamil
La activista Norma Andrade sufrió el día de ayer un segundo atentado. Foto/Fuente: http://www.diario.com.mx/
Reportear en Ciudad Juárez es enfrentar la esperanza, el temor y la dignidad de sus habitantes. También es sentir la permanente impotencia frente a la violencia institucionalizada: la de los juniors millonarios tan mencionados en películas como Bajo Juárez, o en libros como Cosecha de Mujeres, Huesos en el Desierto, Murder City; la de cuerpos policiacos y militares coludidos con los cárteles y con los juniors (en Juárez suelen ser lo mismo); las promesas reiteradas desde el gobierno panista de Francisco Barrio hasta la administración actual del priista César Duarte.
Reportear en Juárez es encontrarse con mujeres de una valentía extraordinaria como Norma Andrade. Morena, intuitiva, de origen muy humilde, Norma inició desde 2001 una batalla en un camino sin retorno para atrapar a los responsables del asesinato brutal de su hija Lilia Alejandra, de 17 años, secuestrada, torturada sexualmente, decapitada y asesinada en ese año.
Desde sus entrañas se amotinó. Norma fundó junto con otros activistas y sociólogos de Ciudad Juárez, como Alfredo Limas, la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, para aglutinar a decenas de madres y familiares que, como ella, se negaban a asumir la verdad oficial del crimen de su hija: ella fue “corresponsable” de su destino; los asesinos materiales eran unos malvivientes y la “gente decente” con apellidos pudientes como los Zaragoza, los Fuentes y la mezcla entreverada de estos potentados del gas, las lecherías y dueños de la frontera, no tenían nada qué ver.
Su insistencia y lucha la llevó a ser candidata a diputada federal del PT en 2003, llevó el caso de su hija ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con otras madres de las víctimas del campo algodonero, símbolo infame del feminicidio institucionalizado en Juárez. Andrade sufrió el embate gubernamental para dividir a las madres, para corromperles el duelo y la lucha, para cerrarles cualquier posibilidad de esperanza en la justicia.
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Etiquetado Ciudad Juárez, Feminicidios, Norma Andrade, Nuestras Hijas de Regreso a Casa
Ana Marcela Yarce y Rocío González Trápaga. Foto: Contralínea. Fuente: http://www.guardian.co.uk/
El Zappo
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de las reporteras Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, cuyos cuerpos fueron hallados el 1 de septiembre pasado y advirtió que es indispensable “investigar de manera exhaustiva” las hipótesis sobre el doble crimen y urgió a las autoridades a “esclarecer las circunstancias de las muertes, identificar y sancionar a los responsables y reparar de manera justa a los familiares de las víctimas”.
La relatoría recuerda que Marcela Yarce era una de las fundadoras de la revistaContralínea, fundada en 2002, y que “se ha distinguido por un periodismo crítico acerca de los temas políticas y especialmente por formular importantes denuncias en materia de corrupción”.
“La revista y sus periodistas han sido objeto de diversos actos de intimidación y hostigamiento, como ataques armados, amenazas, robos de equipos e información y restricciones judiciales”, abundó.
Segunda parte del reportaje especial publicado ayer. Consulta la primera parte aquí.
Jenaro Villamil
Sentencia del Campo Algodonero
Foto: M.A. Fuente: elmundo.es
El hallazgo de ocho osamentas en el lote baldío conocido como “campo algodonero”, el 6 de noviembre de 2001, conmocionó a la opinión pública nacional e internacional. Los juarenses observaron que el terreno es colindante con el rancho de Jaime Bermúdez Cuarón, conocido como “el padre de la industria maquiladora de Juárez”, y uno de los personajes que apoyó a Francisco Barrio para llegar a la presidencia municipal por el PAN en 1983.
El campo algodonero está ubicado frente a las oficinas de la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez, emblema del desarrollo industrial de los años ochenta, y a unos ciento cincuenta metros del consulado norteamericano.
En noviembre de 2001 gobernaba Patricio Martínez, del PRI. Al interior de la procuraduría estatal se especuló que el hallazgo constituía un “mórbido mensaje” del Cártel de Juárez al gobierno patricista porque, presuntamente, apoyó la estancia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se ocultó en un poblado de la serranía de Chihuahua, después de su espectacular fuga del penal de Puente Grande, Jalisco.
Jenaro Villamil
Reportaje especial.
Marisela Escobedo, buscaba justicia por el asesinato de su hija. Fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua el pasado 16 de diciembre. Fuente: elpais.com
CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.-En 1983, una década antes que esta ciudad alcanzara notoriedad internacional por la historia de femincidios y desapariciones de mujeres, la sociedad juarense se conmovió con el caso de Cynthia Liliana González Rivero, una niña secuestrada, violada y asesinada, con particular sadismo.
La Procuraduría de Justicia del estado, a cargo de Toribio Porras Villegas, quiso cerrar el caso con celeridad e inculpó a Lucas Juárez Lozano, un trabajador de la construcción que fue sentenciado a 35 años de prisión sin que hubiera evidencia sólida en su contra, sólo su testimonio, realizado bajo presión y tortura.
La prensa y la sociedad juarense estaban convencidas de que se trataba de un “chivo expiatorio”. En 1986 el gobernador priista Fernando Baeza Meléndez ordenó el indulto de Juárez Lozano. Entre la opinión pública predominó la idea de que los verdaderos responsables eran “varios juniors”, hijos de personajes influyentes en la política y la economía de Ciudad Juárez.
Nadie los investigó. El juez que consignó a Juárez Lozano fue José Chávez Aragón. Por sus buenos servicios, este personaje fue premiado como magistrado de la Segunda Sala Penal y llegó a ser presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, entre 2004 y 2007.
La cadena de impunidad que inició en 1983 llegó hasta finales de 2010, con el caso de Rubí Marisol Freyre, una joven de 17 años asesinada en Chihuahua en 2008. La sombra de Chávez Aragón también apareció en este homicidio.
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Etiquetado Catalina Ochoa Contreras, Ciudad Juárez, Feminicidio, Feminicidios, José Chávez Aragón, marisela escobedo, Norma Ledezma, Rubí Marisol Freyre
Jenaro Villamil
Imagen: http://www.letraese.org.mx/
A 75 días de dejar un gobierno marcado por el exceso de gastos en mercadotecnia televisiva, por faraónicas obras de infraestructura vial calculadas en 120 mil millones de pesos y por expedientes de corrupción no resueltos como el de su antecesor Arturo Montiel, la maquinaria electoral de Enrique Peña Nieto se enfrenta a dos grandes desafíos en los comicios de este 3 de julio: retener para el PRI la gubernatura de la entidad más poblada del país y ganar con la suficiente holgura para iniciar su lanzamiento formal a la candidatura presidencial del 2012.
No son pocos los contrastes que marcan el fin de la gestión de Peña Nieto y su relanzamiento a la candidatura presidencial. Frente a inversiones millonarias para contratar a desarrolladores inmobiliarios como Corporaciones Geo, Ara, Sadasi, Urbi, Hogares Unión y Sare, beneficiados en los proyectos de construcción de casi 500 mil viviendas en las llamadas Ciudades Bicentenario, su gestión culmina con 60 mil damnificados por las inundaciones en Nezahualcóyotl y Ecatepec, las zonas más afectadas por el continuo desbordamiento del Río de los Remedios, el Xochiaca y el Gran Canal.
“Yo desearía que este fenómeno no se politizara, me parece que es n fenómeno natural, que estamos actuando, que hay coordinación en todos los niveles de gobierno”, insistió Peña Nieto en entrevistas televisivas el viernes 1 de julio para evitar un posible impacto electoral que redujera la ventaja de más de 25 puntos de su candidato Eruviel Avila, ex alcalde de Ecatepec.
Publicado en El Reality Show de Peña Nieto, Reportaje Central
Etiquetado Elecciones 2011, Elecciones 2012, Enrique Peña Nieto, Eruviel Avila, Feminicidios, Grupo Atlacomulco
Arturo Cano Publicado: 21/06/2011 09:47
La Jornada
Imagen: vivirmexico.com
México, DF. Estados Unidos sospechaba que durante su desempeño como procurador de Chihuahua, Arturo Chávez Chávez ofreció una “‘mano de ayuda’ a ciertas figuras de un cártel”.
En un cable enviado el 21 de septiembre de 2009, cuatro días antes de la ratificación de Chávez Chávez como procurador general de la República, el embajador Carlos Pascual firmó el despacho que se refiere a la cuestionada actuación del funcionario frente a los asesinatos de jóvenes mujeres en Ciudad Juárez:
“El difícil entorno local que enfrentó en los años noventa (en Chihuahua) pone los cargos en contexto –algunos de nuestros informes de ‘fuentes no públicas’ en ese momento también relatan un episodio en el que Chávez ofrece una ‘mano de ayuda’ a ciertas figuras de un cártel–, pero nada de eso refuta las acusaciones de errores graves” (cable 09MEXICO2759).
Una semana antes, en el despacho 09MEXICO2701, el mismo Pascual había calificado a Chávez de “soldado de a pie”, y en la nueva entrega insistía en que, aun con los votos suficientes en el Senado mexicano, “la reacción (a su nombramiento) de las comunidades de derechos humanos de Estados Unidos y México será negativa”.
Cualquiera fuese el resultado, Pascual estaba seguro de que el nuevo abogado de la nación tendría un margen de acción estrecho: “No hay manera de que Calderón permita a cualquier procurador general retroceder en la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, especialmente cuando necesita nuestra ayuda para obtener resultados”.
Publicado en Monitoreo Informativo
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Jenaro Villamil 