CIDH y ONU protestan por represión del gobierno de Rafael Correa contra trabajadores de la información

El Zappo

A través de un comunicado de prensa, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero Marino, y el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, expresaron su profunda preocupación tras la sentencia penal y civil de Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga, César Pérez Barriga y Emilio Palacio, los primeros tres directivos y éste último periodista del diario ecuatoriano El Universo, que publicó una columna que ofendió al presidente Rafael Correa.

A los cuatro miembros del rotativo se les acusa de  injurias calumniosas contra una autoridad, después de que Palacio publicase una columna el pasado 6 de febrero de 2011, titulada «No a las mentiras». En ella, el periodista cuestionaba de forma dura decisiones tomadas por Correa el pasado 30 de septiembre de 2010.

Todo indica que el presidente rechazó categóricamente las acusaciones de Palacio y las consideró calumnias que afectaban su reputación, demandando al grupo el pasado 21 de marzo.

Correa se amparó en los artículos 489, 491 y 493 del Título VII, del Código Penal ecuatoriano, titulado «DE LOS DELITOS CONTRA LA HONRA». En ellos, se estableceque serán castigados aquellos que formulen «falsa imputación de un delito» o «toda otra expresión proferida en descrédito, deshonra o menosprecio», de una «autoridad». El artículo 493, además de multas, establece de uno a tres años de prisión a quienes «hubieren dirigido a la autoridad imputaciones que constituyan injuria calumniosa».

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Los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y la CIDH reiteran su llamado a proteger la libertad de expresión en Internet

CIDH – Relatoria para la Libertad de Expresion

Washington, D.C., 20 de enero de 2012—La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero Marino, y el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, instaron hoy a Estados Unidos a proteger enérgicamente la libertad de expresión en Internet. Los relatores especiales recordaron que las leyes que regulan Internet deben tener en cuenta sus características especiales como herramienta única de transformación, que permite a miles de millones de personas ejercer su derecho a la libertad de pensamiento y expresión, además de otros derechos humanos.

Los relatores especiales han observado atentamente los debates relativos a los dos proyectos de ley sobre piratería en Internet que están siendo tratados en el Congreso de Estados Unidos: la Ley contra la Piratería en Línea (Stop Online Piracy Act – SOPA) y la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual (PROTECT IP Act). Si bien estas normas tienen el objetivo legítimo de procurar proteger los derechos de propiedad intelectual, existen serias preocupaciones con respecto a su impacto sobre el derecho a la libertad de expresión. Concretamente, algunas versiones de los proyectos de ley podrían silenciar expresiones que son absolutamente lícitas, por ejemplo, al crear un procedimiento extrajudicial de “notificación y rescisión”, al exigir a los sitios web que controlen el contenido generado por sus usuarios, para identificar violaciones de los derechos de autor, y al permitir que la totalidad de un sitio web pueda verse afectada aun cuando solo una pequeña proporción de sus contenidos se consideren ilícitos. Los relatores especiales consideran positivo que en los últimos días algunos líderes del Congreso hubieren manifestado su intención de suspender el debate sobre la ley “SOPA” para profundizar el análisis y lograr un mayor consenso, mientras que el Gobierno del Presidente Obama anunció que “no apoyará leyes que reduzcan la libertad de expresión, aumenten los riesgos para la ciber-seguridad o frustren la capacidad dinámica e innovadora de la red global de Internet”.

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Relatoria Especial Manifiesta Preocupacion por Detenciones y Agresiones contra Periodistas que Cubren Protestas en Estados Unidos

Washington D.C., 17 de noviembre de 2011— La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por las detenciones y agresiones que han sufrido periodistas y trabajadores de medios de comunicación durante la cobertura de las manifestaciones de las agrupaciones Occupy Wall Street, Nashville y Oakland en las ultimas semanas,  y llama a las autoridades a garantizar y proteger el ejercicio del periodismo en las manifestaciones públicas.

De acuerdo con la información recibida, al menos tres periodistas habrían sido agredidos desde el pasado octubre por agentes policiales y dos más por personas participantes en las manifestaciones referidas. Asimismo, al menos una docena de periodistas habrían sido temporalmente arrestados mientras cumplían sus tareas profesionales.

Según lo informado, el periodista Dick Brennan de la estación Fox 5 habría sufrido agresiones el 5 de octubre en la ciudad de Nueva York mientras cubría las manifestaciones de Occupy Wall Street, junto con su camarógrafo Roy Isen. La Relatoría también tuvo conocimiento de presuntas agresiones contra Scott Campbell, periodista independiente, el 7 de noviembre en Oakland. Según lo reportado, agentes de la Policía habrían disparado una bala de goma a Campbell, sin aparente provocación o aviso. Campbell divulgó el video que registró el ataque. A su turno, el 28 de octubre, el reportero John Huddy de la estación Fox 5 habría sido agredido por un manifestante mientras cubría la manifestación de Occupy Wall Street en Nueva York y el 10 de noviembre el camarógrafo Randy Davis, de la estación KGO, habría sido severamente golpeado por manifestantes en Oakland que le impedían captar imágenes de un crimen ocurrido minutos antes. Los agresores habrían golpeado al periodista hasta que otros manifestantes intervinieron para protegerlo.

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Relatoría especial condena crimen contra periodista en México

Washington D.C. 29 de julio de 2011 – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de la periodista mexicana Yolanda Ordaz, que apareció muerta el 26 de julio en el municipio de Boca del Río, Veracruz. La Relatoría Especial solicita a las autoridades la realización de investigaciones prontas y diligentes para esclarecer el motivo del crimen, identificar y sancionar adecuadamente a los responsables, y nuevamente exhorta al Estado a implementar una política integral de prevención, protección y procuración de justicia ante el contexto de violencia que sufren periodistas y medios de comunicación en México.

De acuerdo con la información recibida, Yolanda Ordaz trabajaba como reportera de asuntos policíacos en el periódico Notiver de Veracruz. La misma había desaparecido desde el domingo 24 de julio, después de avisar a familiares que iba a cubrir una información. Su cuerpo fue encontrado decapitado detrás de las oficinas del periódicoImagen del Golfo y cerca de la radioemisora MVS.

Este es el segundo homicidio cometido contra periodistas de Notiver en un mes y el quinto contra comunicadores en México en 2011, que podrían estar relacionados con el ejercicio de la profesión. El pasado 20 de junio, el periodista Miguel Ángel López Velasco(conocido como Milo Vela), subdirector de Notiver, fue asesinado en su casa, en Veracruz, junto con su esposa y su hijo. En 2011 han sido reportados además: la desaparición y el posterior asesinato de Noel López Olguín, el 8 de marzo en Veracruz; los homicidios de Luis Ruiz Carrillo y José Luis Cerda Meléndez, el 25 de marzo en Monterrey; y la desaparición de Marco Antonio López Ortiz, el 7 de junio en Guerrero, cuyo paradero todavía es desconocido. En otros ataques contra medios de comunicación murieron la repartidora Maribel Hernández, el 31 de enero en Ciudad Juárez; y el ingeniero Rodolfo Ochoa Moreno, el 9 de febrero en Coahuila.

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Periodista mexicano que busca asilo en Estados Unidos pide a OEA que se pronuncie sobre inseguridad en México

Mónica Medel

Emilio Gutiérrez. Imagen: Reporteros sin Fronteras.

Emilio Gutiérrez, un periodista mexicano que busca asilo en Estados Unidos tras huir de la violencia ligada al narcotráfico en el norte del país, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que investigue y se pronuncie sobre la incapacidad del Estado mexicano para proteger los derechos de los periodistas amenazados por militares en el marco de la guerra antidrogas desplegada por el presidente Felipe Calderón desde 2006, reportó El Diario de El Paso, Texas.

Esta es la primera demanda de este tipo que presenta un periodista mexicano en el exilio y tiene por objeto allanar el camino para obtener el asilo de Gutiérrez en Estados Unidos, detalló la agencia Associated Press.

El periodista explicó al Centro Knight para Periodismo en las Américas que aunque la solicitud de intervención de la CIDH ciertamente contribuye a crear más argumentos para que se apruebe su asilo, «es un camino paralelo» que también persigue buscar justicia «para miles de mexicanos que se encuentran en una situacion similar, pero que viven bajo la sombra y en el miedo permanente en Estados Unidos».

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Las complicidades alejan la justicia: familiares de Ochoa

Blanche Petrich

Periódico La Jornada
Lunes 13 de diciembre de 2010, p. 14

Un grueso paquete de más de 400 páginas con peritajes de criminalística, química y medicina forense fue aportado hace tres años por la familia Ochoa y Plácido a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El expediente contiene pruebas técnicas que demuestran que la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, ocurrida el 19 de octubre de 2001, fue un asesinato, no una acción suicida.

Semanas antes de anunciar su ratificación a la versión del suicidio, Mancera recibió a los familiares de Digna y a su actual abogado, David Peña. Nos dijo que nuestras pruebas y dictámenes fueron aceptados y agregados al expediente del Caso Digna Ochoa, pero que su contenido no fue analizado o contrastado con las actuaciones que en su momento realizó una fiscalía especial. Así de cantinflesca fue su explicación, señala el penalista.

La nueva conclusión del suicidio simulado –que implica que Digna montó una falsa escena del crimen para aparentar su propio homicidio– va a ser rebatida nuevamente por la defensa, pero ahora en un foro internacional. Puede convertirse en la primera demanda por el asesinato de una defensora de derechos humanos atendida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con posibilidades de llegar a la más alta instancia legal, la Corte Interamericana.