Jenaro Villamil
Cuando el gobierno federal decidió licitar la banda 1.7Ghz, en 2010, Grupo Iusacell emprendió una batería de demandas contra la sociedad formada por Nextel-Televisa para anular la concesión de 30 Mhz. Más de 60 demandas interpuestas en varios tribunales marcaron la animosidad de la empresa telefónica de Ricardo Salinas Pliego.
Para sorpresa de muchos, pero no de aquellos que conocen los métodos de extorsión y presión del segundo consorcio mediático más poderoso del país, desde diciembre de 2010 comenzó una negociación con Grupo Televisa para venderle la totalidad o el 50 por ciento de la deuda de Iusacell, convertible en acciones.
La alianza se selló, en secreto y por encima de los accionistas bursátiles, el 21 de diciembre, el mismo día que Telmex y Telefónica, los enemigos en apariencia irreconciliables firmaron un convenio de interconexión.
En enero de 2011 el columnista Miguel Angel Granados Chapa hizo una revelación que mereció la airada reacción de rechazo de Televisa y de TV Azteca. Publicó que Televisa emprendía una operación para comprar la “totalidad” de Grupo Iusacell, la cuarta empresa de telefonía móvil en el país.
La operación se confirmó en abril del mismo año. Ni siquiera le pidieron una disculpa al periodista y, mucho menos, se molestaron en explicar por qué una decisión de este tipo se hacía de espaldas a los inversionistas bursátiles. Era el espíritu del Chiquihuitazo que se apropió de ambas televisoras. No tenían nada qué explicar. Simplemente anunciaron que la empresa de Emilio Azcárraga Jean había comprado títulos de deuda que Iusacell tenía con el financiero David Martínez, a cambio de convertirlos en acciones. La operación equivalía a 1,600 millones de dólares. Televisa se convertía en propietario del 50 por ciento de la empresa telefónica de Grupo Salinas.
El anuncio se dio a conocer en medio de la guerra más dura desatada desde febrero de ese mismo año entre las televisoras y la dupla Telmex-Telcel, de Carlos Slim. Grupo Carso suspendió su publicidad en ambas televisoras. TV Azteca argumentó que no le aceptaría anuncios a ambas empresas hasta que bajaran las tarifas de interconexión.
No se trataba de un pleito arreglado. Era la disputa corporativa más dura protagonizada por los titanes de la radiodifusión y de las telecomunicaciones, sin que el gobierno de Felipe Calderón intentara regular mínimamente esta disputa. Incluso, parecía que desde la SCT se alentó este pleito para avalar la futura sociedad en Iusacell que convertía a Televisa en la única empresa con posibilidades de dar servicios de total play.
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Al utilizar por primera vez la reforma constitucional de 2011 que permitió utilizar el amparo por interés legítimo, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), con el apoyo de la organización Litiga Ole, consiguió que el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal aceptara la solicitud de amparo en contra de la decisión de la Comisión Federal de Competencia (CFC) que autorizó la fusión entre Iusacell y Grupo Televisa.
Jenaro Villamil 