Texto publicado en la edición No. 1799 del semanario Proceso.
Jenaro Villamil
José Woldenberg. Imagen: http://elorbe.com
Tras dos años de negociaciones en las comisiones del Senado los tres principales partidos –PAN, PRI y PRD- acordaron una iniciativa de reforma política “preventiva” y no “fundacional” del régimen político para incorporar mecanismos que eviten una parálisis de gobierno en los casos de falta de mayoría de algún partido en las cámaras del Congreso, o de falta de votos suficientes para aprobar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos.
El dictamen, firmado por los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y Estudios Legislativos, enumera los “grandes temas” que se incorporan para la reforma constitucional: iniciativa ciudadana, consulta popular, candidaturas independientes, iniciativa preferente, reconducción presupuestal, observaciones del Ejecutivo al Presupuesto de Egresos de la Federación, sustitución del presidente en caso de falta absoluta, reelección de legisladores, ratificación de comisionados de órganos reguladores (Comisión de Competencia Económica, Cofetel, Comisión Reguladora de Energía) e integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Los aspectos más polémicos del “decálogo presidencial” para la reforma política, presentado el 15 de diciembre de 2009 por Felipe Calderón, quedaron fuera de la iniciativa, tales como la segunda vuelta en la elección presidencial –vetada por el PRI-, la disminución de 500 a 400 legisladores en la Cámara de Diputados y de 128 a 96 en el Senado, el incremento de 2 a 4 por ciento como porcentaje mínimo de votación para mantener el registro de un partido político o el tema del “veto” presidencial y las observaciones a proyectos de ley como el Presupuesto de Egresos.
Sin embargo, también se eliminaron las propuestas tendientes a la configuración de un régimen semipresidencial o semiparlamentario, como la ratificación total o parcial de los miembros del gabinete –propuesta por PRI y PRD-, la autonomía del ministerio público, la revocación de mandato o la moción de censura y control parlamentario para los secretarios de Estado. En este sentido, quedaron fuera varios puntos propuestos por académicos y especialistas del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quienes presentaron desde 2009 un extenso documento en el Senado.
Jenaro Villamil 