La “Cargada” de las Televisoras Contra Telcel y Telmex

Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego. Imagen: jornada.unam.mx

De la guerra de las tarifas publicitarias con Grupo Carso, Televisa y TV Azteca pasaron en menos de una semana a la guerra de las tarifas de interconexión con Telcel y Telmex, agrupando a las empresas de telecomunicaciones afines a sus intereses, en medio de la indolencia de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Cofetel y del Congreso, mientras que un documento emitido por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) generó un enojo generalizado entre los principales actores de esta disputa.

El 2 de marzo pasado, el mismo día que el presidente de la Cofeco, Eduardo Pérez Motta, hizo público un documento en el que sugirió que disminuyan las tarifas de interconexiónen telefonía, que las autoridades autoricen el cambio de título de concesión de Telmex para dar servicios de televisión restringida y que se licite otra cadena de televisión abierta, distintos operadores de telecomunicaciones se agruparon para exigirle al gobierno federal que aplique una regulación procompetencia en materia de interconexión.

El grupo encabezado por las empresas filiales de Televisa (Sky, Cablevisión, Televisión Internacional, Bestel, Cablemás) y por las de TV Azteca (Iusacell-Unefon, Total Play) más otros grupos como Axtel-Avantel, Megacable y Nextel advierte que están dispuestos “a no cobrar por la interconexión a Telcel a cambio de un trato recíproco para beneficiar a todos los usuarios de la telefonía en México”.

Reclaman “bajar los altos costos de las telecomunicaciones”; y prometen “obtener un mínimo de 73,500 millones de pesos” para beneficio de los consumidores, “mejores servicios y calidad en las redes de telecomunicaciones” y “pago justo por los consumos en servicios de telecomunicaciones”.

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Contratacan Empresas Rivales de Telmex-Telcel

Jenaro Villamil

Un día después que la Comisión Federal de Competencia se pronunció a favor de resolver el tema de la interconexión entre Telmex-Telcel y las empresas telefónicas rivales, operadores de la competencia, como Avantel, Axtel, Bestel, Cablemás, Cablevisión, Iusacell, Megacable, Sky y Unefon, entre otras, le solicitaron al gobierno federal “que aplique una regulación precompetencia en materia de interconexión, en beneficio de 90 millones de consumidores mexicanos”.

Algunas de estas empresas están afiliadas o son subsidiarias de Televisa, como el caso de Bestel, Cablemás, Cablevisión y Sky, mientras que Megacable es su socio en la empresa Yoo, mientras que Iusacell y Unefón están vinculados a TV Azteca, y Avantel y Axtel tienen diferencias de tiempo atrás con las empresas de Slim.

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Derechos de Usuarios de Teléfonos Móviles Afectados por Irregularidades de Compañías

Jenaro Villamil

Desde finales de 2010 y en las primeras semanas de 2011 existen tres frentes de conflicto en el servicio de telefonía móvil que afectan directamente a los consumidores mexicanos: en primer lugar, las constantes interferencias en el servicio de 3G de Telcel que han padecido miles de usuarios en la Ciudad de México; los servicios de buzón de voz entre los operadores Unefon, Telefónica y Telcel que ha generado el inicio de un proceso de sanción por parte de la Cofetel y Profeco;  y, en tercer lugar, la disputa entre la empresa de telefonía fija Axtel y las compañías de telefonía móvil –especialmente Telcel- por las tarifas de interconexión que tal parece sólo está orientada a beneficiar a la compañía de Tomás Milmo y no a los usuarios de Axtel.

Las compañías que resultan beneficiadas de un mercado que genera ventas por más de 20 mil millones de dólares al año prácticamente se han hecho ojo de hormiga frente al descontento de los consumidores, echándole la culpa a otras compañías o con estrategias jurídicas para no asumir su responsabilidad frente a los errores en un servicio que es muy caro.

Las autoridades responsables, especialmente la Cofetel, han actuado con suma lentitud, justificándose por su falta de inspectores o por la falta de “dientes” legales que permitan sanciones ejemplares y que las compañías no sigan afectando al consumidor.