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Calderón-Cassez, Supremo ¡Corte!

Jenaro Villamil

La escalada de presiones políticas y mediáticas del gobierno de Felipe Calderón sobre la Suprema Corte de Justicia llegó a su máximo nivel, a unas horas de que los cinco ministros de la Primera Sala Penal determinen si aprueban o no el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, quien propuso la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez como resultado de las irregularidades procesales en su contra.

La presión ya no se circunscribió a la presunta candidata panista a jefa de Gobierno capitalino, Isabel Miranda de Wallace, quien se convirtió en vocera de las víctimas y defensora de Genaro García Luna. Miranda de Wallace, con apoyo de medios afines, organizó un road show para exigirles a los ministros que no liberen a Florence Cassez. En la segunda parte del reality judicial también participó el subprocurador Cuitláhuac Salinas Martínez, titular de la SIEDO. El funcionario tuvo la puntada de justificar las irregularidades de la detención de Florence Cassez por el tráfico de ese día: “hay que analizar el tránsito ese día, la disposición de vías, cuestiones que son tan particulares”.

Ahora la presión la encabeza el primer mandatario Felipe Calderón. Acompañado de su socio y funcionario estelar, Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (director de la AFI durante la “recreación indebida” de la detención de Cassez e Israel Vallarta), Calderón se lanzó en un discurso agresivo, admonitorio para reclamarle al Poder Judicial que “nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad”.

El discurso de Calderón no ha tenido buena recepción en las redes sociales y en varios medios impresos. “Intromisión indebida”, tituló el periódico La Jornada en su editorial de hoy. Varios usuarios de Twitter recordaron la protección de Calderón a García Luna y se extrañaron porque nunca actuó con la misma vehemencia en otros casos como el de la guardería ABC o el Casino Royale.

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Preparan los diputados juicio político a Molinar

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de junio de 2010, p. 5

Roberto Garduño y Enrique Méndez

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad –incluido el PAN– instruir a la dirección jurídica del órgano legislativo a proporcionarle –en un plazo de cinco días hábiles– los argumentos legales, jurídicos, de opinión y valoración técnica sobre el procedimiento a seguir en caso de iniciarse el procedimiento de juicio político en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, si se configura su probable responsabilidad en el caso de la tragedia de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.

Los argumentos del principal órgano de gobierno de la Cámara de Diputados establecen que en el denominado estado de derecho el ámbito de acción de los poderes públicos está determinado por la ley, y los servidores públicos, por elección o designación, deben responder ante ésta por el uso de las facultades que expresamente se les confiere; además, la responsabilidad de los servidores públicos no se concreta debidamente ante la ley cuando las obligaciones son meramente declarativas y por tanto no son exigibles, generando impunidad.

Por tal cúmulo de razones, la Junta de Coordinación Política valoró el contenido del Dictamen de la Facultad de Investigación 1/2009, sobre el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, elaborado por el ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, en torno a la responsabilidad de servidores públicos y en lo particular en lo referente a la imputada a Juan Molinar Horcasitas, de quien se señala lo siguiente:

“Le es atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propiciaron las condiciones para la tragedia ocurrida en la guardería ABC… Juan Molinar Horcasitas, en el periodo de sus gestiones, tenía el deber ineludible de supervisar y ejercer un control efectivo de la actuación de sus subordinados, por lo que las acciones u omisiones que le resulten imputables (…) en lo concreto, irradian hacia el titular del instituto.”

La Junta de Coordinación advierte que por tratarse de un asunto de interés general es necesario valorar todas las condiciones técnicas y jurídicas necesarias con objeto de explorar la procedencia del juicio político en contra del citado funcionario federal.

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Corte: Bours, Karam y Molinar, inocentes

Seguimos con nuestro monitoreo en el caso de la Guardería ABC. Hoy la Corte ha llegado a una conclusión, y es ésta:

Jueves 17 de junio de 2010

Carlos Avilés | El Universal

La mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ningún funcionario de alto nivel estuvo involucrado en la violación grave de garantías que se produjo durante el incendio de la guardería ABC que dejó 49 niños muertos.

Por mayoría de votos, los ministros decidieron que el ex director del IMSS y secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular del instituto, Daniel Karam, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, no tienen responsabilidad en la violación de garantías. La resolución incluye también al ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara.

Al concluir la revisión del asunto, el máximo tribunal resolvió declarar involucrados en la violación grave de garantías sólo a los funcionarios de menor rango en todos los órdenes de gobierno.

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La Corte no atribuirá culpas por el caso ABC

Continuamos nuestro monitoreo informativo en torno al caso de la Guarderia ABC, hoy les compartimos esta nota publicada por La Jornada:

La Corte no atribuirá culpas por el caso ABC
· Se limitará a señalar funcionarios vinculados en los hechos.
· Rechazan ocho de 11 ministros el dictamen de Arturo Zaldívar.
Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Martes 15 de junio de 2010, p. 5

Al iniciar la discusión sobre el caso de la Guardería ABC, la mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que no fincará responsabilidades a los funcionarios que violaron gravemente las garantías individuales de las víctimas y se limitará a señalar a los funcionarios vinculados en los hechos.

Ayer, ocho de los 11 ministros presentes rechazaron el dictamen elaborado por Arturo Zaldívar, en la parte que tiene que ver con la asignación de responsabilidades. La mayoría rechazó la propuesta del ministro Zaldívar, quien los convocó a crear un nuevo paradigma del derecho procesal constitucional, para que el máximo tribunal, con base en su autoridad política, moral y constitucional, señalara directamente a los funcionarios que violaron los derechos fundamentales de los menores.

Así, quedó en el aire el exhorto del ministro instructor, quien le había dicho a sus colegas: Si la muerte de 49 niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este país para que actuemos con energía?

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