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Carta abierta de Amnistía Internacional a Alejandro Poiré

Londres, 21 de febrero de 2012

Señor Secretario de Gobernación,

El 20 de febrero de 2012 se cumplen tres años del día en el que los defensores de los derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron hallados muertos en Tecoanapa, estado de Guerrero. Como es de su conocimiento, ellos eran, respectivamente, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) y trabajaban por defender los derechos de los pueblos indígenas Me’phaa (tlapanecos) y Na savi (mixtecos). Tres años después de tan graves incidentes, su caso continúa en la impunidad y paralelo a ello nos encontramos estudiando un nuevo caso de abuso contra otro de los líderes de esta misma organización.

Amnistía Internacional considera positiva la reciente declaración pública de Ud. en la que reitera el compromiso de su Gobierno por los derechos humanos y por la protección de quienes los defienden. Sin embargo, me dirijo a Usted en esta ocasión para expresarle la profunda preocupación de nuestra organización en relación a la grave situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en México y para reiterar nuestro urgente  llamado a poner en marcha un mecanismo de protección eficaz para ellos.

Los abusos que hoy siguen enfrentando las y los defensores de derechos humanos en México continúan siendo graves, frecuentes e impunes; entre otros, por ejemplo, están siendo víctimas de asesinatos o intentos de asesinatos, amenazas, intimidaciones y  actos de criminalización. Ejemplo de ello son los casos a los que me refiero continuación.

Norma Esther Andrade, miembro fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una organización creada en 2001 para luchar contra la impunidad y la justicia en los casos de secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, fue objeto de dos graves atentados contra su vida en menos de dos meses. El último de ellos ocurrió el 3 de febrero de 2012 en el Distrito Federal, frente al lugar donde se había reubicado para protegerse luego del primer atentado de diciembre. La protección otorgada por las autoridades fue totalmente inadecuada, mostrando de nuevo la falta de eficacia de las medidas de seguridad brindadas por las autoridades.

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La derecha gana terreno en la ONU ¿y la comunidad LGBT?

A pesar de que la ONU contempla temas relacionados a diversidad sexual, salud sexual y reproductiva, y derechos humanos, siguen habiendo países que parecen oponerse. Imagen: frontpagemag.com

Ricardo Baruch

Cuando se habla de equidad de género como una fuerza destructora de la sociedad pareciera que estamos en los años 60; cuando se habla sobre homosexualidad como si fuera una enfermedad pareciera que estamos en los 70; cuando se habla de abstinencia como herramienta para prevenir el VIH pareciera que estamos en los años 80 pero en realidad, en pleno 2011, todo lo anterior se sigue escuchando en los pasillos de las Naciones Unidas con más frecuencia de lo que se podría imaginar.

Una nueva ola de conservadurismo invade a muchos países miembros de las Naciones Unidas, algo sumamente preocupante para las cuestiones relacionadas a los derechos humanos, la salud pública y la política internacional en general. Si bien es cierto que tanto los países musulmanes así como el  Vaticano (que aunque no es un miembro pleno de la ONU, sí participa como observador y negociador) y Malta siempre han tenido posiciones a favor de los “valores tradicionales” ahora  tienen más aliados entre los países africanos, países de Europa del Este y Asia Central, así como aquellos en el Caribe.

A pesar de que figuras muy importantes dentro de la ONU como el Secretario General, Ban Ki Moon y la Alta Comisionada por los Derechos Humanos, Navi Pillay se han manifestado en varias ocasiones abiertamente a favor de los derechos de las personas LGBT, el hecho de que no haya un consenso por parte de los miembros de la ONU hace que no se reconozcan los mínimos derechos de las personas sexo-diversas. Un claro ejemplo de esto es cuando hace unos meses el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra quería aprobar una resolución para prohibir la ejecuciones extrajudiciales en cualquier contexto, sin embargo los países de la Organización de la Conferencia Islámica, la Unión Africana –a excepción de Sudáfrica- y el Caribe dijeron que estaban de acuerdo siempre y cuando no se hiciera mención a la orientación sexual, es decir, bajo su visión debe estar prohibido a nivel internacional ejecutar a alguien sin un juicio bajo cualquier circunstancia, a excepción de ser gay, lesbiana o trans.

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