Jenaro Villamil
Texto original publicado en la revista Proceso, No. 1838.
La mañana del lunes 16 de enero llegaron hasta las oficinas de la Comisión Federal de Competencia (CFC), el vicepresidente de Televisa, Alfonso de Angoitia, responsable de la estrategia de telecomunicaciones del emporio televisivo, y Pedro Padilla Longoria, presidente suplente y director general de Grupo Salinas, considerado el “brazo derecho” de Ricardo Salinas Pliego.
Ambos fueron a presionar a Eduardo Pérez Motta, presidente del órgano regulador, para saber cuál era su posición frente a la solicitud de concentración entre Grupo Iusacell, propiedad de Salinas Pliego, y Grupo Televisa, anunciada desde abril de 2011.

Ambas empresas se volverían propietarias del 50 por ciento de la empresa telefónica, a cambio de que se autorice la compra de deuda convertible en acciones por un monto de 1,600 millones de dólares por parte del corporativo televisivo de Emilio Azcárraga Jean.
La operación, considerada la más ambiciosa y peligrosa al convertir a las dos grandes cadenas de televisión abierta en socios y no en competidores, ha generado una intensa presión en el seno del pleno de la CFC, integrado por cinco comisionados.
Pérez Motta les respondió que aún estaba analizando su voto y que la decisión no dependía sólo de él sino de los otros cuatro comisionados: Luis Alberto Ibarra, Rodrigo Morales, Miguel Flores Bernés y Cristina Massa Sánchez, ésta última designada por Felipe Calderón como integrante de la CFC apenas el 15 de septiembre de 2011.
Padilla y De Angoitia, los ejecutivos más altos de ambas televisoras, salieron descontentos de las oficinas de la CFC en Santa Fe. Versiones extraoficiales señalaban que no tenían 3 de los 5 votos necesarios para autorizar la concentración.
Otras versiones investigadas por Proceso y ventiladas en algunos medios especializados indicaban que la próxima semana el pleno de la CFC podría autorizar la fusión, siempre y cuando se tomaran una serie de medidas para regular el mercado de la televisión restringida, dominada por Televisa, y se autorice también la licitación de una tercera cadena de televisión abierta, en señal digital, de acuerdo al proyecto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Desde ese momento, las presiones dejaron de ser tras bambalinas y se ventilaron en la pantalla de los noticiarios de Televisa y de TV Azteca, como una demostración del “músculo” que poseen ambas empresas, que controlan el 93 por ciento de las señales en televisión abierta.
En los noticiarios más importantes de Canal 2 y de Canal 13, las señales de alcance nacional de Televisa y TV Azteca, se difundieron noticias en contra de Eduardo Pérez Motta y del presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El pretexto fue lo de menos.
Sigue leyendo.