Jenaro Villamil
Al utilizar por primera vez la reforma constitucional de 2011 que permitió utilizar el amparo por interés legítimo, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), con el apoyo de la organización Litiga Ole, consiguió que el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal aceptara la solicitud de amparo en contra de la decisión de la Comisión Federal de Competencia (CFC) que autorizó la fusión entre Iusacell y Grupo Televisa.
La Amedi sostiene que el objetivo de este amparo es proteger “la libertad de expresión, el derecho a la información y prevenir los efectos sociales, políticos y económicos perjudiciales de la concentración de medios”, y subrayó que también se solicitó la suspensión de oficio de la decisión de la CFC.
“La CFC pretendió equilibrar el mercado de las telecomunicaciones, pero erradicó la escasa competencia que existía en la radiodifusión, fusionando a las dos televisoras que concentran la casi totalidad del mercado audiovisual, la publicidad, la audiencia, las frecuencias concesionadas y el espectro radioeléctrico”, advirtió la Amedi.