Reforma a telecomunicaciones, simulación o cambio histórico (Primera Parte)

Jenaro Villamil

Foto EE: Araceli López

Tras más de un mes de retraso en la presentación de la iniciativa, la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión puede derivar en una “gran simulación” para favorecer el poder del presidente de la República por encima de los concesionarios, en una “transformación histórica” del sector con mayor crecimiento anual en la economía o un largo proceso legislativo que desembocará en una negociación entre el gobierno federal y los poderes dominantes del sector, especialmente Televisa y Telmex.

Así lo expresaron los distintos legisladores involucrados en la negociación, los especialistas que han estado cerca del proceso de negociación –que se ha hecho a puerta cerrada- y se deja entrever en las múltiples versiones de los documentos previos que han circulado, cuyas copias obtuvo Proceso.

La reforma pone en juego la apertura real a la competencia de un sector que está en manos de un duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca concentran 92.33 por ciento de las concesiones), de un actor dominante en telefonía fija y móvil (Telmex-Telcel) que quiere participar en el mercado de contenidos y televisión, así como de un enorme rezago en materia de internet y nuevas tecnologías: más de 35 millones de mexicanos no tienen acceso a la banda ancha, sólo 3 de cada 10 hogares tienen una computadora y el 78 por ciento de los hogares carecen de internet.

Por si fuera poco, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien se le ha señalado como un político telefabricado, se comprometió desde su toma de posesión a eliminar los monopolios y los poderes fácticos, a abrir la competencia en este sector, después de la emergencia de un movimiento social que demandó desde la campaña del 2012 la democratización de los medios de comunicación. Diez de los 95 compromisos del Pacto por México están relacionados con la reforma al sector de telecomunicaciones y de medios electrónicos.

“El gobierno busca introducir regulaciones asimétricas para las empresas de telecomunicaciones y quiere reforzar las atribuciones del órgano regulador, la Cofetel”, advirtió desde enero el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pero los integrantes del Pacto por México, en especial, los negociadores del PAN y del PRD han insistido en avanzar más allá de “cambios cosméticos”.

En el camino, la posición de los panistas se ha dividido por las propias divisiones internas en el partido que perdió la presidencia en el 2012. Su dirigente nacional, Gustavo Madero, le ha apostado su futuro a la concreción de esta reforma y presiona para que la iniciativa se apruebe y discuta originalmente en la Cámara de Diputados y no en el Senado.

A su vez, las propuestas iniciales y los cambios más radicales han sido introducidos por los negociadores del PRD (Jesús Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo, Alejandra Barrales, Eloí Vázquez y Pablo Gómez), con la asesoría de la diputada federal, Purificación Carpinteyro, ex subsecretaria de Comunicaciones y redactora de las partes más delicadas del borrador.

Por el PRI, la interlocución la lleva el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta Sánchez, ex alcalde de Colima, y algunas de las propuestas y observaciones que se mantienen “en corchetes” son del senador y abogado Raúl Cervantes Andrade.

La última versión del borrador negociado entre los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, cuya copia obtuvo Proceso, anuncia cambios importantes en, por lo menos, diez puntos que son considerados como los ejes de una transformación radical en el sector: la creación de un órgano regulador con autonomía constitucional; incorporar el must offer y el must carrier gratuitos a la Constitución (en clara oposición a los intereses de Televisa y TV Azteca); poner límites a la concentración de algún agente del sector (no más del 40 al 50 por ciento); abrir la competencia con nuevas licitaciones en la banda 700 Mhz y en televisión digital abierta; crear el organismo responsable de los medios públicos (Sistema Nacional de Radio y Televisión); permitir hasta el 100 por ciento de inversión extranjera en telecomunicaciones y hasta 49 por ciento en radio y televisión;  aplicar medidas de “desagregación” en telefonía e internet fijos para el agente dominante (con clara dedicatoria a Telmex); así como “prohibir la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.

Aún falta una última y definitiva revisión el domingo 9 de marzo en el seno del Consejo Rector del Pacto por México. Los temas más delicados siguen siendo el órgano regulador, el must carry y los límites de dominancia, así como la posibilidad de autorizar la multiprogramación a las compañías televisivas dominantes.

IFETEL, la Manzana de la Discordia

La creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) como nuevo órgano regulador del sector es el tema central. El IFETEL tendrá autonomía constitucional, con facultades para otorgar y revocar concesiones (en lugar del Ejecutivo federal como está ahora), y estará integrado por siete comisionados designados de forma escalonada a propuesta del presidente de la República y con la ratificación del Senado.

La conformación de este nuevo órgano regulador constituye el principal punto a discusión entre los concesionarios de radio y televisión, las empresas telefónicas, algunos legisladores del PAN y del PRI y sectores del gobierno federal que se oponen a la creación de una nueva entidad. A cambio, plantean reforzar las capacidades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y mantener la facultad del Ejecutivo federal de otorgar, refrendar y modificar las concesiones.

Por lo pronto, el director de Información de Televisa y especialista en telecomunicaciones, Javier Tejado Dondé ya calificó este nuevo órgano como un “invento”, sin viabilidad operativa. En su artículo “Receta para el Fracaso”, publicado en el periódico Reforma el pasado 5 de marzo, el principal negociador de la empresa de Azcárraga Jean advierte que el gobierno de Peña Nieto no cederá a la facultad de autorizar y entregar las concesiones a un órgano regulador autónomo:

“Desde el punto de vista práctico, las recientes modificaciones a la Ley de Amparo –que limitan la suspensión cuando se trata de bienes del dominio público- afectan centralmente a las telecomunicaciones. Pensar que el gobierno decidió buscar para sí esta amplísima facultad y que la va a entregar meses después a un órgano regulador ‘autónomo’ (y ajeno a ellos) parecería inverosímil”.

En paralelo a las discusiones a puerta cerrada del “borrador” de la reforma en telecomunicaicones, el ex presidente de Cofetel en el sexenio zedillista y actual senador por el PAN, Javier Lozano Alarcón, presentó el 28 de febrero una iniciativa de ley para incrementar las atribuciones del actual órgano regulador, sin crear el IFETEL.

“No es necesario cambiar su naturaleza jurídica, sino tan sólo fortalecerla. Así lo que propongo es eliminar una doble ventanilla” para que Cofetel “pueda imponer directamente sanciones sin depender de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pueda otorgar directamente concesiones y pueda hacer declaratorias de dominancia”, resumió el ex secretario del Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón.
Lozano también advirtió que en la reforma sobre telecomunicaciones se tienen que dictaminar las 13 iniciativas pendientes y no sólo la que presente el Consejo Rector del Pacto por México. La posición del legislador se contrapone a la expresada por el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, negociador e impulsor de la reforma en la materia, con quien Lozano ha tenido enfrentamientos públicos por su presunto “entreguismo” con el gobierno de Peña Nieto.

Para la senadora Alejandra Barrales, integrante del Consejo Rector del Pacto por México y negociadora de la reforma, la propuesta de un nuevo organismo autónomo “no es un asunto de coyuntura sino un viejo reclamo de la izquierda”.

“El órgano regulador es el tema clave. Nadie quiere tener un órgano subordinado a los agentes dominantes o al gobierno. Esa es la gran coincidencia entre todos, pero también es la parte más importante porque si no logramos un organismo autónomo no tiene sentido ir a una reforma de simulaciones”, admitió en entrevista con Proceso.

Barrales admitió que la propuesta del IFETEL fue planteada por los legisladores de la izquierda partidista que están en las negociaciones. El otro tema “que no se ha resuelto” es de quién dependerá la entrega de las concesiones: dejará de ser una facultad del Ejecutivo federal o pasará al organismo regulador, sin depender del gobierno.

“Hay un gran avance en este tema, pero, en mi opinión, no hay nada resuelto. No es un tema sencillo”, subrayó la senadora del PRD.

Por su parte, la diputada federal del PRD y ex subsecretaria de Comunicaciones en el sexenio pasado, Purificación Carpinteyro, también admite que lo expresado en el último borrador de la reforma “es demasiado bueno para ser verdad”.

Carpinteyro califica como  “mentirosos” a quienes se oponen a la creación de un órgano regulador autónomo. “En Brasil, las concesiones las otorga el órgano regulador, la Anatel. En Estados Unidos la FCC. Es mentira que en todos los países dependan del Ejecutivo o de un ministerio”, argumentó.