El doble filo de la Ley de Amparo: primer round entre Concesionarios y EPN (Primera Parte)

Jenaro Villamil

Primera parte del texto originalmente publicado en la Revista Proceso.

Camara DiputadosEl lunes 11 de febrero, en una comida con senadores del PRD, el director de Información de Grupo Televisa y estratega jurídico de la empresa, Javier Tejado Dondé les advirtió a los legisladores de izquierda:

-A nosotros no nos preocupa la reforma de la ley de telecomunicaciones. Vamos a aceptar la competencia. Es más preocupante la reforma a la ley de amparo que van a aprobar en la Cámara de Diputados. Le van a dar todo el poder a Peña Nieto. Le darán un poder ilimitado.

Tejado les advirtió que se iba a generar un “encontronazo” entre las cúpulas empresariales que, para esa hora, ya declaraban en los principales noticiarios de radio y en programas informativos de televisión su oposición a una parte de esa reforma.

La cúpula empresarial encabezada por Claudio X. González, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que agrupa a los 36 grupos económicos más fuertes del país y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, hicieron su último esfuerzo para frenar las modificaciones a las fracciones XI y XIII del artículo 129 de la Ley de Amparo.  Se reunieron al medio día con el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong. Querían frenar ese cambio. El ex gobernador de Hidalgo les dijo que ya no podía dar marcha atrás a la iniciativa.

Para el sector empresarial y los grandes concesionarios el problema no era toda la iniciativa, aprobada en el Senado de la República en octubre de 2011, sino las modificaciones al artículo 129 que prohíbe la figura de la “suspensión del acto reclamado” cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes del dominio público referidos en el artículo 27 constitucional, es decir, petróleo, agua, espectro radioeléctrico, minas, ferrocarriles, aviación, etc.

Eliminar la figura de la “suspensión” fue una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al gobierno de Peña Nieto. El ex secretario de Hacienda, Angel Gurría, la cabildeó con la nueva administración y se incorporó en el texto del Pacto por México, firmado con las dirigencias del PAN y del PRD.

El Compromiso 80 del Pacto lo estableció así, genéricamente:

“Se llevará a cabo una reforma integral a la ley de amparo para hacerla compatible con las recientes reformas constitucionales”.

Lo que ninguno de los dirigentes del sector empresarial esperaban era que en la sesión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, del 6 de febrero, se incorporaran las modificaciones al artículo 129. Legisladores del PAN, PRD y PT expresaron su preocupación porque el PRI pretenda otorgarle un “garrote” al titula del Ejecutivo para actuar contra televisoras, telefonía, bancos, compañías aéreas, transporte federal, minas, energía y todos los que legalmente exploten los llamados bienes de la nación estipulados en el artículo 27 constitucional.

“El 99 por ciento de la Ley de Amparo ya está procesada, consensada y existe voluntad de toda la Cámara de Diputados para discutirla en el pleno y aprobarla” el martes 12 de febrero, declaró Fernando Zárate Salgado, diputado del PRD.

Zárate reconoció que sólo existe controversia en dos supuestos: “uno, el artículo quinto, que amplía el amparo a particulares, y número dos, la eliminación de la suspensión específicamente en lo que toca a los concesionarios del artículo 27 constitucional”.

De pronto, las posiciones de algunos legisladores de las izquierdas coincidieron con los de la cúpula empresarial e, incluso, con las de Televisa.

“El que no tengan la suspensión significa, de entrada, que no pueden frenar el acto de autoridad hasta que el juicio se resuelva, varios meses o años después. La suspensión es una garantía de audiencia y para detener actos arbitrarios que se habían estado dando; ha habido abusos por parte de algunos operadores, pero ahora se ve que llegan con una posición muy fuerte los diputados priistas”, declaró Tejado Dondé a Radio Fórmula, un día antes de la aprobación.

En paralelo, el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, y algunos legisladores declararon que era necesario modificar el mecanismo de la suspensión porque varios concesionarios lo habían utilizado para “presionar” o “especular” con decisiones de la autoridad, para frenar licitaciones que abrieran la competencia o para sentarse a negociar con el gobierno desde una posición de fuerza.

Tan sólo en el último año, Cofetel enfrentó 450 acciones legales en contra del proyecto de Televisión Digital Terrestre, de resoluciones y planes emitidos por el pleno. Uno de los casos más escandalosos fue en el 2010, cuando Iusacell, de Ricardo Salinas Pliego, obtuvo una suspensión que le impidió a Nextel explotar los títulos de concesión derivados de la Licitación 21. La presión de Salinas Pliego rompió la sociedad entre Nextel-Televisa, forzó un acuerdo con la telefónica dirigida por Gustavo Cantú y derivó en la “megafusión” de Televisa-Iusacell anunciada en 2011.

Otro caso fue el amparo que interpuso Telcel en contra del Plan Técnico de Interconexión de Cofetel, en 2009. La compañía logró la suspensión y el plan que permitiría disminuir las tarifas de interconexión se frenó.

La Suprema Corte de Justicia estableció desde junio de 2010 que no procedía la suspensión en un juicio de amparo cuando una empresa concesionaria de telecomunicaciones pretenda dejar sin efectos los actos de autoridad.  La votación fue muy cerrada en ese momento: 5 votos contra 6 de los 11 ministros integrantes de la Sala Superior.

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