Texto del reportaje publicado en Proceso No. 1859.
Jesusa Cervantes/ J.Jesús Esquivel / Jenaro Villamil
Un nuevo frente de conflicto se abrió para el aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, y para los principales operadores políticos y mediáticos de su equipo –Luis Videgaray, David López, Luis Enrique Miranda Nava, Roberto Calleja y Edwin Lino-, desde una Corte Federal de Distrito Central del estado norteamericano de California, por el delito de “conspiración para defraudar” y la presunta participación de los cárteles del narcotráfico para inyectar millones de dólares en gastos de promoción de su campaña.
A las investigaciones emprendidas desde Estados Unidos en contra de funcionarios y empresarios vinculados a tres ex mandatarios del PRI (Tomás Yarrington y Humberto Moreira) se suma esta demanda civil presentada el 7 de junio pasado por el empresario mexico-norteamericano José Luis Ponce de Aquino, conocido como Pepe Aquino, propietario de la empresa Frontera Televisión Network, a quien los priistas contactaron para difundir y posicionar la imagen de Peña Nieto entre la comunidad de origen mexicano, en noviembre de 2011.
El costo total del proyecto iba a ser de 56 millones de dólares, dinero que presuntamente provendría del narcotráfico y de otros “amigos” del PRI. Aquino sostiene que su empresa FTN sufrió un fraude por 15 millones de dólares, ya que a pesar de haber firmado dos contratos y entregar la documentación de su empresa, nunca se le entregaron los fondos ni se le devolvieron los documentos originales.
Gracias a periodistas comprometidos con su profesión podemos enterarnos de los actos de corrupción de la gente que dice. le interesa el país; por lo mientras en este momento envío esta información a mis contactos.