Archivo mensual: marzo 2012

Partidos burlan la ley y niegan lugares a las mujeres

Por Sara Lovera

El IFE pidió a los partidos rectificar sus registros para cumplir con el 40% de candidaturas femeninas que marca la ley Fuente: CNN

En el colmo de todo lo imaginable, de lo posible, de las declaraciones sobre la justicia electoral para las mujeres emitidas alrededor del 8 de marzo, los partidos políticos se niegan a promover a las mujeres en tiempo y forma, pero sobre todo, conforme a la ley en los puestos electorales. La resistencia evidencia que vivimos en el peor de los machismos y fuera de un estado de Derecho.

¿Quién podrá obligar a que cumplan? Sabiendo con suficiencia que muchas mujeres importantes, capaces, capacitadas, conocidas, lideresas experimentadas, empoderadas y decididas, han sido eliminadas de las listas y los argumentos son salvajes, como hace 150 años, cuando la paradoja es que en el mundo las mujeres están haciendo gobierno, ciudadanía y han mostrado su mayoría de edad.

Esta semana, el Instituto Federal Electoral podría definir las listas electorales, donde al menos el 40 por ciento deberían ser mujeres, por plantearlo como lo ven ellos. Este instituto podría elegir o definir por su cuenta y asegurar ese porcentaje,  en tanto, que los partidos políticos siguen argumentando que no han podido encontrar mujeres interesadas, que no se inscribieron, que a muchas no les interesa ser candidatas y que un derecho no es obligación.

La última frase es la más increíble que puede argumentarse, “un derecho no es obligación”, como si viviéramos en la peor de las democracias posibles.

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Josefina, el “Fuego Amigo” o Cómo Sobrevivir sin el PAN

Jenaro Villamil

Josefina Vázquez Mota lamentó ayer que se hayan dado a conocer grabaciones telefónicas con su coordinador de redes sociales. Foto: NTX. Fuente: http://www.informador.com.mx/

La guerra de los audioescándalos ha retornado al equipo de Josefina Vázquez Mota. La grabación divulgada desde el viernes 23 de marzo por el portal www.lasillarota.com alcanzó categoría de escándalo hasta el lunes 26, cuando la propia candidata presidencial del PAN evadió escucharlos en el programa de NoticiasMVS, con la mesa de análisis de Carmen Aristegui.

“Me parece gravísimo que estemos en un terreno de lo ilegal. Evidentemente es un delito grabar llamadas y hacerlas públicas”, afirmó Josefina Vázquez Mota.

Perdió en ese momento la posibilidad de frenar una escalada que duró todo el día a través de Twitter con los hashtags #PincheSota y #JosefinaMentirosa que se volvieron temas del momento en esa red social dinámica y maleable.  Sucedió algo similar a lo ocurrido con el tema de la UNAM y su tesis de licenciatura. Vázquez Mota tardó varios días en señalar su respeto a la universidad pública más grande del país y prefirió acusar a la “guerra sucia en redes sociales” por haberse filtrado algunos párrafos de su tesis de licenciatura.

Ese mismo lunes 26 y el martes 27 de marzo su equipo de campaña ensayó una respuesta tardía y poco eficaz: su segundo vocero, Javier Lozano, insistió sin aportar elementos de prueba que la grabación y la divulgación son resultado del espionaje del PRI; y su responsable de redes sociales, Agustín Torres, interpuso una demanda de hechos ante la Procuraduría General de la República para que investigue.

“No responsabilizamos a nadie”, afirmó Torres, el interlocutor de Vázquez Mota en esas llamadas, anulando así la propia línea discursiva de Lozano. Si no responsabilizan a nadie, ¿con qué elementos dicen que es responsabilidad del PRI? ¿Quién coordina a los voceros de Vázquez Mota?

No es la primera vez que el audioescándalo rodea a Josefina. El 31 de enero de este año, en el momento más álgido de la contienda interna del PAN, El Universal divulgó otras llamadas telefónicas interceptadas a Vázquez Mota, donde se queja de su adversario, Ernesto Cordero. Lo llama “patán”, lo acusa de utilizar formas “rastreras” y presiona a Gustavo Madero, dirigente nacional del blanquiazul.

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Frena el IFE propaganda ilegal de Calderón

Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Martes 27 de marzo de 2012, p. 5

El representante del Partido Revolucionario Institucional ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejada, dialoga con el consejero presidente Leonardo Valdés Zurita, durante la sesión extraordinaria en el instituto. Foto: Cristina Rodríguez/Fuente: jornada.unam.mxLa Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral (IFE) dictó medidas cautelares para suspender la distribución, por correo electrónico, de una carta del presidente Felipe Calderón dirigida a los contribuyentes, en la que informaba sobre la realización de obras públicas con los recursos recolectados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por ello, ordenó a Presidencia de la República y a esta dependencia cancelar su emisión.

El consejero Benito Nacif, presidente de la mencionada comisión, informó que la mayoría de los consejeros electorales que la integran –Alfredo Figueroa y Sergio García Ramírez– consideraron que la utilización de los correos electrónicos dados de alta por los contribuyentes para distribuir propaganda del gobierno federal era ilegal. Se estimó que esta acción constituye una violación a las restricciones de propaganda gubernamental dictadas en el artículo 134 constitucional.

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Televisa y García Luna, Perversión Político-Televisiva (Segunda Parte)

Segunda parte del reportaje publicado originalmente en la edición No. 1847 del semanario Proceso. Consulta la Primera Parte aquí.

El Caso Romano,  Precedente de Cassez

Unas horas después de la muerte del Secretario de Seguridad Pública foxista, Ramón Martín Huerta, el 21 de septiembre de 2005, Televisa transmitió la liberación espectacular del Rubén Omar Romano, director técnico del Cruz Azul, secuestrado durante 65 días previos. Los funcionarios esperaron a que llegaran las cámaras de televisión para presentar al entrenador argentino.

El entonces director de la AFI, Genaro García Luna, le declaró a Proceso que “se llegó a la casa de seguridad casi un día antes del operativo y se detectó que había mucha movilidad del grupo delictivo, por lo que había la presunción de que querían mover a la víctima”.

García Luna negó que la liberación de Romano tuviera alguna vinculación mediática con el accidente en el que perdió la vida Ramón Martín Huerta, pero admitió que lo “prepararon” unos momentos antes para que compareciera ante las cámaras de televisión (ver Proceso, No. 1508).

El espectáculo montado en torno a la liberación de Romano precedió a lo que dos meses y medio después ocurrió con el montaje trasmitido el 9 de diciembre de 2005 con la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, y la liberación de sus presuntas víctimas.

El Caso Jacinta

 

El 3 de agosto de 2006, en pleno conflicto poselectoral, Jacinta Francisco Marcial, una indígena otomí de Santiago Mexquititlán, fue llevada con engaños por agentes de la AFI a la ciudad de Querétaro. Le habían ofrecido el pago de unas mercancías robadas el 26 de marzo de 2006 por seis elementos de la misma agencia.

La sorpresa para Jacinta Francisco Marcial fue que la presentaron ante los medios de comunicación como la responsable, junto con otras dos mujeres, del secuestro de seis agentes de la AFI. El 19 de diciembre de 2008 fue condenada a 21 años de cárcel y dos mil días de multa. Sus presuntas cómplices, Alberta Alcántara y Teresa González, también fueron enjuiciadas y encarceladas.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) asumió su defensa legal. Los abogados del centro demostraron que Jacinta había sido víctima de violaciones a sus derechos humanos debido a que los órganos encargados de impartir justicia habían vulnerado sus garantías procesales. La indígena otomí nunca tuvo acceso a un intérprete o traductor y se le negó el derecho de presunción de inocencia.

Gracias a la presión nacional e internacional, Jacinta fue liberada el 16 de septiembre de 2009, tras estar encarcelada injustamente durante 3 años.

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#JosefinaNoTieneTiempo y el Espionaje de García Luna

Jenaro Villamil

“Manda un saludo cariñoso a Genaro García Luna que nos graba, en lugar de grabar al Chapo”…. “y saludos a la pinche Sota que también nos graba”.

Estas frases se escuchan en una presunta conversación entre Josefina Vázquez Mota, candidata presidencial del PAN, con Agustín Torres, responsable de las plataformas sociales dentro de su equipo de campaña.

El audioescándalo, subido por el sitio online www.lasillarota.com, se convirtió en la papa caliente en las primeras horas de este lunes 26 de marzo. El audioescándalo volvió a colocar en el foco de atención al titular de la Secretaría de Seguridad Pública que no deja de ser el verdadero protagonista desde la discusión del caso de Florence Cassez. Sin embargo, también generó un hashtag muy incómodo para la aspirante presidencial priista: #PincheSota, en clara referencia a Alejandra Sota, vocera de Los Pinos.

En entrevista colectiva con la mesa de análisis político de Noticias MVS, conducida por Carmen Aristegui, Vázquez Mota prefirió no escuchar al aire esta grabación, por falta de tiempo, y responder de manera evasiva y un tanto desconcentrada a las preguntas planteadas por Denisse Dresser, Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer.

La aspirante presidencial panista, por exceso de cautela o por no querer hacer más grande el escándalo, evadió tocar el tema del presunto espionaje que está detrás de la grabación de sus llamadas telefónicas y su “filtración” a los medios de comunicación.

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Televisa y García Luna, Perversión Político-Televisiva (Primera Parte)

Texto Completo Publicado en la revista Proceso No. 1847.

Jenaro Villamil

Foto: Anthony Suau/The New York Times

Un falso secuestrador asesinado por agentes de la AFI en 2002; una indígena otomí presentada con engaños como secuestradora de seis agentes de la AFI en marzo de 2006; un pastor aeropirata que nunca tuvo explosivos ni amenazó a los pasajeros, capturado ante las cámaras de televisión por Genaro García Luna en septiembre de 2009; unos reporteros de Televisa y Grupo Milenio falsamente rescatados por la Policía Federal en julio de 2010; la presentación “espectacular” ante las cámaras televisivas de Edgar Valdés Villarreal, La Barbie, horas antes del IV Informe de Gobierno de Felipe Calderón; el montaje del caso del futbolista Salvador Cabañas para inculpar al gerente del Bar-Bar, en función de los intereses de Televisa.

Estos son, entre decenas de otros ejemplos, los más casos más significativos de “recreaciones”, invenciones o relaties judiciales  orquestados entre Genaro García Luna, ex titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y actual secretario de Seguridad Pública, y la empresa Televisa, con el aval de los dos presidentes de la República, de extracción panista.

Antes y después del caso de la joven francesa Florence Cassezlos agentes policiacos bajo las órdenes de García Luna  se especializaron en “manejo de escenarios” y de recreaciones para transmitir en televisión, especialmente en la pantalla de Televisa, la de mayor audiencia e impacto político.

No fueron simples errores o excesos telegénicos para promover los logros y la figura de García Luna. Constituyen un modus operando que ha dependido del contexto y de las necesidades políticas tanto de los gobiernos federales como de la SSP. A pesar de los montajes, la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad no han disminuido.

Así lo anota la Auditoría Superior de la Federación, en su análisis de la cuenta pública del 2010 a la SSP: “el incremento de la incidencia delictiva que se registró en el periodo 2001-2010, del orden del 20.7 por ciento en promedio anual…derivó en el aumento de la percepción de inseguridad de la ciudadanía, que para el mismo periodo registró un crecimiento sostenido a una tasa media anual de 4.5 por ciento, toda vez que la población mayor de 18 años se sintió insegura en la entidad donde vive pasó de 47 por ciento a 70 por ciento”.

Peor aún, la Auditoría Superior advierte que el incremento de la inseguridad y sus efectos “no se reflejó en un aumento proporcional de las denuncias ante las autoridades ministeriales”. Lo que sí incrementó fue el gasto ejercido por la SSP. En términos reales se incremento a un ritmo de 37.8 por ciento anual, al pasar de 1 mil 147 millones de pesos en 2006 a 4 mil 131 millones de pesos en 2010.

La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la SSP sólo aumento 0.1 por ciento, siendo el área de menor crecimiento en este sexenio. La Auditoría advirtió que “la cobertura de acciones desplegadas por la SSP en materia de prevención social del delito es poco significativa, ya que de los 466 mil personas consideradas beneficiarias de la implementación de programas de prevención con la ciudadanía y fomento a la cultura de la legalidad representaron sólo 0.4 por ciento de la población”.

En contraste, el gasto en comunicación social de la SSP se incrementó sustancialmente. Tan sólo entre 2008 y 2009 pasó de 59 millones 237 mil pesos a 79 millones 800 mil pesos, según el análisis de Fundar. Sin incluir la producción de la teleserie El Equipo, en 2011, que fue de 118 millones de pesos oficialmente.

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México: ¿Un Estado Confesional? La libertad de convicciones éticas en el artículo 24 constitucional

Compartimos a continuación esta carta pública en defensa del Estado Laico escrita por el Foro Cívico México Laico.

H. CÁMARA DE SENADORES

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Ante la proximidad del análisis y votación de la iniciativa de reforma del artículo 24 constitucional que el Senado de la República en pleno realizará, los firmantes del presente escrito hacemos un atento exhorto a las Senadoras y Senadores para que, con integridad republicana y altura de miras, examinen las graves consecuencias que producirá tal modificación. Al margen de preferencias religiosas, posiciones ideológicas o filiaciones políticas, en este momento lo que está en manos de la Cámara de Senadores son nuestros derechos fundamentales, así como el contexto de garantía de éstos: el Estado laico.

¿Puede acaso estar en riesgo el «Estado laico», cuando es inminente la aprobación por parte del Senado de la reforma del artículo 40 de la Carta Magna que constitucionalizará, precisamente, la «laicidad»? La respuesta es afirmativa: cada vez cobra mayor fuerza el riesgo de que en México se produzca una paradoja legislativa, consistente en que a la vez que se constitucionaliza el «Estado laico» en el artículo 40, se colocan también las bases mediante la reforma del artículo 24 para que nuestro país se convierta en un «Estado confesional». Tal situación se producirá mediante la «libertad de convicciones éticas», que forma parte del texto del artículo 24 que discutirá el Senado.

¿Cuáles serán las consecuencias jurídicas de la «libertad de convicciones éticas»?

Hay dos problemas centrales: primero, que la «libertad de convicciones éticas» no protege a todas las convicciones, sino que excluye a las convicciones que se consideren «no éticas»; segundo, que toda vez que las convicciones y la ética son asuntos personalísimos y, en consecuencia, diversos entre sí, ¿quién cómo decidirá qué convicciones son éticas y cuáles no?

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Encuesta de la semana

#CasoCassez y #JuicioaGarcíaLuna, Condena al Montaje Mediático

Jenaro Villamil

El padre de Florence Cassez, Bernard, a la salida de la Suprema Corte. Foto: AFP/Antonio Nava

Los cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coincidieron en el punto fundamental del proyecto de sentencia elaborado por el ministro Arturo Zaldívar: hubo una “recreación ajena a la realidad” –un reality judicial en términos mediáticos- en la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez.

Incluso, el ministro Jorge Pardo Rebolledo admitió que “el simple hecho de haber accedido a la realización de este montaje ¿o simulación?, me parece que es un acto reprobable, que debe ser sancionado en los términos de la ley”.

A su vez, el ministro José Ramón Cossío condenó el mismo hecho. “La transmisión por parte de los medios, posterior al rescate de las víctimas resulta una demora injustificada en la puesta a disposición de la quejosa”, es decir, Florence Cassez. “Si bien dicha demora puede considerarse justificada para llevar a cabo el rescate, no ocurre lo mismo tratándose de la transmisión en los medios de una supuesta detención”, abundó el ministro Cossío.

Ni hablar de la posición de la ministra Olga Sánchez Cordero que apoyó en los términos fundamentales el proyecto de Zaldívar. Fueron los dos únicos ministros que consideraron que la serie de irregularidades en torno al proceso de Cassez eran lo suficientemente graves para aprobar el amparo.

Los otros tres ministros, aún asumiendo la existencia y la irregularidad del montaje, no se pronunciaron a favor del amparo solicitado por Cassez. Cossío propuso que el asunto fuera turnado al tribunal colegiado que la sentenció en 2009 a 60 años de prisión, pero que no se tomaran en cuenta la ampliación de declaraciones de dos de las víctimas del supuesto secuestro. Este criterio particular puede convertirse en la llave para abrir la cárcel a la ciudadana francesa.

Paradójicamente, la ministra Olga Sánchez Cordero será la responsable de elaborar otro proyecto de resolución en el caso Cassez. En otras palabras, el balón sigue en la cancha de la otra ministra que sí está a favor de otorgarle el amparo.

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Peña Nieto No Propone la Cláusula de Gobernabilidad: César Camacho

Jenaro Villamil

El candidato presidencial priista “no propone regresar a la cláusula de gobernabilidad en las Cámaras” sino eliminar “la cláusula de ingobernabilidad” que impide formar mayorías estables, afirmó el ex gobernador mexiquense César Camacho Quiroz, poco después de tomar posesión como nuevo presidente de la Fundación Colosio.

En breve rueda de prensa, Camacho Quiroz detalló que, actualmente, la Constitución permite un 8 por ciento de sobrerrepresentación en plurinominales y que Peña Nieto propuso eliminar este porcentaje.

Cuestionado también sobre la propuesta peñista de eliminar a los diputados plurinominales, el ex gobernador mexiquense –que sustituyó como interino a Emilio Chuayfett en 1995- sentenció que “en el PRI nadie ha propuesto eliminar plurinominales sino “revisar el número” de los legisladores que actualmente llegan por representación proporcional a la Cámara de Diputados.

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