PAN y PRI, al Ojo por Ojo

Texto publicado en la edición No. 1842 de Proceso.

Jenaro Villamil

Pedro Joaquín Coldwell, envió una carta pública a la procuradora Marisela Morales para calificar como “grave e inadmisible” la salida del titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, José Luis Vargas Valdés. Foto: Germán Canseco. Fuente: proceso.com.mx

En franca disputa desde las elecciones de Michoacán del 2011, que perdió el PAN frente al PRI, el gobierno de Felipe Calderón ha filtrado versiones de investigaciones ministeriales para vincular a tres ex gobernadores priistas de Tamaulipas con el crimen organizado, mientras el PRI decidió en estas dos últimas semanas abandonar la cautela y responder “golpe con golpe” calderonista a la que acusa abiertamente de “criminalizar el proceso electoral” con estas indagatorias.

El terreno de las acusaciones del gobierno calderonista se ha concentrado en los tres últimos gobiernos priistas de Tamaulipas y en la presunta participación del crimen organizado para favorecer al priista Fausto Vallejo, que recientemente tomó posesión como gobernador de Michoacán. El viernes 17, Vallejo advirtió que tomará “las medidas legales conducentes” contra los dirigentes del PAN que acusan al crimen organizado de favorecer al PRI.

El PRI reviró esta semana impulsando un punto de acuerdo de la bancada local en el Congreso del estado de Baja California para exhortar a la PGR a investigar a los ex gobernadores panistas Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy, por presuntos nexos con el narcotráfico. Al mismo tiempo, su dirigente nacional Pedro Joaquín Coldwell, envió una carta pública a la procuradora Marisela Morales para calificar como “grave e inadmisible” la salida del titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, José Luis Vargas Valdés.

Para los priistas el caso más delicado radica en el destape público de las investigaciones de la PGR y de la DEA en contra de los ex gobernadores tamaulipecos y, en especial, en contra de Tomás Yarrington. La información reciente, obtenida por Proceso, apunta al interés de establecer una conexión entre las investigaciones de las administraciones priistas en Tamaulipas y los dos últimas gobiernos del Estado de México, es decir, el de Arturo Montiel y el de Enrique Peña Nieto, el actual aspirante presidencial priista.

El miércoles 8 de febrero pasado, el mismo día que la DEA detiene en San Antonio Texas a Antonio Peña Argüelles, presunto intermediario entre los cárteles de la droga y el gobierno de Tomás Yarrington, en el municipio de Nezahualcóyotl renunció Víctor Manuel Torres Moreno como director de Seguridad Pública del ayuntamiento, cargo que ejercía desde 2010, por órdenes de Luis Enrique Miranda Nava, ex secretario de Gobierno con Peña Nieto.

Torres Moreno no es un personaje menor en la trama de las investigaciones en contra de los ex gobernadores priistas de Tamaulipas. Fue subprocurador del Estado de México, bajo las órdenes de Alfonso Navarrete Prida, en el sexenio de Arturo Montiel (1999-2005) y como ex fiscal de Asuntos Especiales de la procuraduría estatal fue el responsable de las investigaciones del asesinato de Enrique Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, ocurrido el 3 de diciembre de 2004 (ver Proceso Nos. 1467 y 1468).

Ex delegado de la PGR en Nuevo León, ex secretario de Seguridad Pública y Vialidad en el municipio de San Pedro Garza García, Torres Moreno llegó a principios del gobierno de Montiel a la subprocuraduría estatal. Llevó como sus subalternos a Eduardo Rodríguez Masso, a quien convirtió en 2002 en director de Combate a la Delincuencia Organizada dentro de la procuraduría estatal y a Javier Aguilar Fuentes, ambos asesinados posteriormente y acusados de presuntos vínculos con el Cártel del Golfo, durante la administración de Tomás Yarrington en Tamaulipas.

En su editorial del 13 de febrero, la edición digital del periódico Alfa Diario, de los pocos críticos a la administración de Peña Nieto y de Eruviel Avila, publicó:

“Los nombres de Eduardo Rodríguez Masso y Javier Aguilar Fuentes, por cierto ambos asesinados y jamás esclarecidas sus muertes, serán traídos nuevamente a colación…

“Infinidad de ocasiones Rodríguez Masso fue señalado públicamente como operador de Osiel Cárdenas. Las acusaciones nunca pasaron de la página de los diarios. Rodríguez Masso fue asesinado en 2007 de un balazo en la cabeza en Tamaulipas…

“En agosto 2004, el ejército detuvo a Ramiro Hernández, El Maty, operador del Cártel del Golfo y a 6 de sus cómplices en la casa ubicada en la Hacienda Corralejo 75, en Echegaray, Naucalpan. Les fueron asegurados 2 millones de dólares y 160 kilos de cocaína. Uno de ellos era Javier Aguilar Fuentes. Fue acusado de delitos menores y recobró su libertad. Fue asesinado de un balazo en la cabeza en el Distrito Federal”.

Las Rutas del Golfo

Antes de ir al Estado de México a combatir el crimen organizado, Rodríguez Masso fue señalado como integrante de la Hermandad de Comandantes de expolicías ministeriales vinculados con el Cártel del Golfo, durante la administración de Tomás Yarrington.

El reportero Arturo Rodríguez publicó en la edición 1646 de Proceso que Rodríguez Masso fungió como comandante ministerial en Reynosa, Camargo y Díaz Ordaz en la primera etapa de José Guadalupe Herrera Bustamante como procurador estatal. Durante el gobierno de Yarrington fue director de la policía ministerial.

Rodríguez Masso estuvo al frente del operativo para detener a Gilberto García Mena, alias El June. También formó parte de la Hermandad, Javier Aguilar Fuentes, ex comandante ministerial de Matamoros y Ciudad Victoria. Ambos vinculados a Herrera Bustamante, quien llegó como titular de la procuraduría de Tamaulipas al final del sexenio de Cavazos Lerma, un mes después de la caída de Juan García Abrego, el fundador del Cártel del Golfo.

El ex gobernador Eugenio Hernández Flores nombró en agosto de 2007 a Herrera Bustamante como procurador, por segunda vez, de Tamaulipas, a pesar de los presuntos vínculos de su hermano Ariel Herrera Bustamante con el Cártel del Golfo y que la abogada regiomontana Raquenel Villanueva lo acusara como el autor de un atentado en su contra.

A Rodríguez Masso lo ejecutaron el 29 de diciembre de 2007 en su oficina de la disctoca Antrock, en Matamoros, un día antes de que tomara posesión como alcalde de esta ciudad el priista Erick Silva. Los medios locales candidatearon a Rodríguez Masso como jefe policiaco de la ciudad (ver Proceso, No. 1646).

La conexión entre los comandantes de Tamaulipas y los gobiernos del Estado de México no se limitan a Rodríguez Masso ni a Aguilar Fuentes. Otro de los personajes es Pablo Zárate Juárez, quien fue director de la policía municipal de Matamoros, durante el periodo de Tomás Yarrington como alcalde de esta ciudad. En ese tiempo, fue agente de esa corporación Eduardo Costilla, El Coss, lugarteniente de Osiel Cárdenas Guillén y presunto líder actual del Cártel de Golfo.

Zárate Juárez fue antes director de Seguridad Pública en el municipio de Atizapán, en el Estado de México (1991-1993) y fue vinculado en varias ocasiones como protector de bandas de narcotraficantes que utilizaban este municipio conurbado a la Ciudad de México para el trasiego de drogas- Durante el gobierno de Yarrington (1999-2005), Zárate Juárez fue director del Instituto Tamaulipeco de la Vivienda. Fue cercano políticamente a Luis Felipe Puente Espinoza, secretario de Transporte durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El Contrataque del PRI

Horas después que se filtrara a la prensa que la PGR mantiene abierta una investigación en contra de Manuel Cavazos Lerma, actual candidato priista al Senado, contra Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, los tres ex gobernadores de Tamaulipas, el PRI emitió un duro comunicado el 31 de enero para calificar de “inadmisible” el uso de la procuración de justicia contra los adversarios políticos.

“No se puede fingir que se impone la ley violando la ley. Basta ya de usar los instrumentos de la justicia con fines electorales”, sentenció el comunicado, al tiempo que la dirigencia nacional del PRI presentó una denuncia contra los responsables de la “filtración” del expediente de la PGR.

Peña Nieto viajó a Tamaulipas el 2 de febrero y expresó su respaldo público a Cavazos Lerma. El 15 de febrero, el PRI confirmó que el ex gobernador de Tamaulipas y ex secretario Acción Electoral en los últimos dos años del tricolor será candidato al Senado, en fórmula con Guadalupe Flores Valdés.

El 7 de febrero, dos días después del triunfo de Josefina Vázquez Mota en la contienda interna panista para la candidatura presidencial, Pedro Joaquín Coldwell, dirigente nacional del PRI, advirtió que Acción Nacional “va a implementar la misma estrategia que hizo hace seis años” contra el PRD.

“Primero, tratar de quedarse en segundo lugar de la contienda, y luego polarizar la elección y decir que en este caso el PRI es un peligro para México, lo mismo que dijeron hace seis años del PRD”, sentenció Joaquín coldwell.

El 10 de febrero, Reforma publicó que la DEA investiga a Tomás Yarrington por haber recibido millones de dólares tanto del Cártel del Golfo como de Los Zetas, a cambio de protección a sus operaciones criminales. La nota cita a una fuente anónima identificada como CS-1 (Confidential Source 1) que acusó a Yarrington de tener vínculos con Heriberto Lazcano y Miguel Treviño, ambos líderes de los Zetas. Otra fuente confidencial, identificada como CS-2 señaló que el intermediario entre el gobierno de Yarrington y los cárteles fue Antonio Peña Argüelles, detenido el 8 de febrero en San Antonio, Texas, por presunto lavado de dinero. La misma nota cita a otras dos fuentes secretas de la DEA, identificada como CS-3 y CS-4.

A su vez, en la sede nacional del PRI se mencionó que el testigo protegido de la PGR en las acusaciones contra los tres ex gobernadores de Tamaulipas es José Salvador Puga Quintanilla, alias El Pitufo, el mismo personaje cuyas declaraciones fueron la base para la detención masiva de funcionarios y alcaldes de Michoacán, en 2009, por presuntos vínculos contra el narcotráfico. La mayoría de los implicados salieron libres. El Pitufo fue también el “informante” en el caso contra el ex alcalde de Cancún, Greg Sánchez, quien fue liberado después de ser invalidado como candidato a gobernador de Quintana Roo.

El lunes 13 de febrero, la dirigencia nacional del PRI dio a conocer una carta enviada desde el 10 de febrero a la procuradora general de la República Marisela Morales para manifestar su oposición a la designación de un nuevo titular de la Fepade, en sustitución de José Luis Vargas Valdés.

En la parte medular de la misiva, firmada por Pedro Joaquín Coldwell, el PRI advirtió:

“En fechas recientes, se han despertado suspicacias en torno a la injerencia del Poder Ejecutivo federal, en un esfuerzo por criminalizar el proceso electoral y favorecer al Partido Acción Nacional. Es inadmisible que la Fepade se convierta en un instrumento de esta política y vehículo para la persecución aviesa e ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno”.

El 14 de febrero, la bancada del PRI en el Senado se alió al PRD para expresar su malestar por el nombramiento de Imelda Calvillo Tello, como nueva titular de la Fepade. El vocero de la bancada priista Carlos Jiménez Macías consideró que el relevo en la fiscalía es “una señal muy peligrosa” debido a que “el gobierno ha hecho uso de las instituciones públicas para combatir a sus adversarios”.

Un día después, por mayoría de 16 votos (PRI, Partido Verde, Partido Estatal de Baja California, PT y PRD), 4 en contra (PAN) y 2 abstenciones (Panal), el Congreso de Baja California aprobó un punto de acuerdo para demandarle a la PGR que investigue a los ex gobernadores panistas Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy por enriquecimiento ilícito y presuntos nexos con el Cártel de Tijuana.
En la argumentación del punto de acuerdo, impulsado por el PRI, se recordó que en 1989, Ruffo inició su campaña a la gubernatura con 500 mil dólares de financiamiento del cártel de los Arellano Félix; se le acusó de encubrir a su hermano Claudio; mencionaron que los sicarios detenidos en el ataque a la discoteca Christine de Acapulco, tenían credenciales de la Procuraduría de Justicia de Baja Californa.

David Lozano Pérez, presidente de la XIX Legislatura, recordó también que cuatro escoltas de Ruffo murieron asesinados por supuestos nexos con el narcotráfico: Carlos González Félix, Carlos Aboites Rodríguez, Diego Hernández Levya y Jaime Ruelas.

 

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6 Respuestas a “PAN y PRI, al Ojo por Ojo

  1. Miguel Ángel Avilés

    Buen reportaje mi estimado Jenaro. Datos duros, como debe ser. Saludos

  2. Es sumamente importante que las investigaciones recibidas y difundidas por usted amigo Jenaro, se masifiquen para que el mayor número de mexicanos conozca la podredumbre humana que son los priístas y panistas, enemigos del pueblo trabajador. Edilberto

    • Muchas gracias, Edilberto. Este blog es una forma para compartirlo. Puedes reenviarlo para que se conozca. Un abrazo.

  3. Jenaro, está buenísimo el artículo, sobre todo la parte en que se nota que a Peña como buen priista, le vale la opinión pública (por lo visto no necesita de los votos) y respalda a Cavazos y Flores, deveras que qué poca madre.
    Saludos.

  4. Bien por el artículo, reafirma la podredumbre existente en la totalidad de la clase política de nuestro país y que por desgracia todos estos actores se ostentan como mexicanos, pero que si existiera la pena de muerte por traición a la patria, ya todos estarían en otro lugar, pero por desgracia las leyes las han establecido ellos mismos para defender su persona, para que “Juan pueblo” no les pueda reclamar absolutamente nada y se viva una nación de impunidad y corrupción, este artículo corrobora de manera fehaciente que México tiene que cambiar de manera radical, ya que estamos a expensas de puros delincuentes, tanto del orden común, narcos y politicos, no hay mucha diferencia entre estos, todos movidos por la ambición, robar, robar y robar, sin importarles los demás, quienes se dicen mexicanos, no lo son, no lo serán y nunca lo han sido, han violado la Constitución a más no poder esto sin hablar de las demás leyes establecidas, que sólo han servido para aplicarselas al pueblo pero no a quienes de verdad han hecho mucho o más daño del que podría hacer un ciudadano común y corriente.

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