Feminicidio y Chivos Expiatorios en Ciudad Juárez, el Doble Crimen a las Mujeres (Segunda parte)

Segunda parte del reportaje especial publicado ayer. Consulta la primera parte aquí.

Jenaro Villamil

Sentencia del Campo Algodonero

Foto: M.A. Fuente: elmundo.es

El hallazgo de ocho osamentas en el lote baldío conocido como “campo algodonero”, el 6 de noviembre de 2001, conmocionó a la opinión pública nacional e internacional. Los juarenses observaron que el terreno es colindante con el rancho de Jaime Bermúdez Cuarón, conocido como “el padre de la industria maquiladora de Juárez”, y uno de los personajes que apoyó a Francisco Barrio para llegar a la presidencia municipal por el PAN en 1983.

El campo algodonero está ubicado frente a las oficinas de la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez, emblema del desarrollo industrial de los años ochenta, y a unos ciento cincuenta metros del consulado norteamericano.

En noviembre de 2001  gobernaba Patricio Martínez, del PRI. Al interior de la procuraduría estatal se especuló que el hallazgo constituía un “mórbido mensaje” del Cártel de Juárez al gobierno patricista porque, presuntamente, apoyó la estancia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se ocultó en un poblado de la serranía de Chihuahua, después de su espectacular fuga del penal de Puente Grande, Jalisco.

Las investigaciones de la procuraduría estatal sobre el campo algodonero constituyen un largo expediente de negligencia oficial y fabricación de culpables, según el propio reporte de Amnistía Internacional, México: 10 Años de Desapariciones y Asesinatos de Mujeres en Ciudad Juárez y en Chihuahua, emitido en agosto de 2003.

Este reporte constituyó el más duro expediente sobre “la ineficacia, negligencia e incapacidad de las autoridades mexicanas” para investigar las desapariciones y asesinatos de niñas y jóvenes en la frontera chihuahuense. El reporte documentó hasta entonces 370 asesinatos de mujeres en Juárez.

Seis años después, en noviembre de 2009, la Corte Interamericana emitió la sentencia “González y otras vs. Estados Unidos Mexicanos”, mejor conocida como Caso Campo Algodonero. El fallo se basó en 3 de los 8 casos de las osamentas halladas: Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal.

La sentencia ordenó 25 medidas para la reparación a las víctimas y sus familiares y fijó plazos entre 6 meses y 3 años para que las distintas instancias del Estado mexicano cumplan con resolutivos como los siguientes:

Resolutivo 12: “Investigación y sanción de los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de los jóvenes”.

Resolutivo 13: “Investigar y sancionar a las y los servidores públicos que cometieron irregularidades en las investigaciones”.

Resolutivo 14: “Investigación y sanción a los servidores públicos que amenazaron y hostigaron a las familias Monárrez y Herrera”.

Resolutivo 24: “El Estado debe brincar atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita a las víctimas”.

Un informe preliminar sobre el cumplimiento de esta sentencia, elaborado el 30 de mayo de 2011, y dirigido a Pablo Saavedra Alesandri, secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, advierte que “a un año de la sentencia sólo un resolutivo se ha cumplido cabalmente: el número 25 referente al pago de las indemnizaciones”.

Sobre la investigación y sanción a los funcionarios acusados de irregularidades, el informe advierte que la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua sólo inició procedimiento de responsabilidad administrativa contra “6 servidores públicos” y “en dos casos más se exoneró a las funcionarias, y en otros dos casos, se inhabilitó a los funcionarios por un año y en uno más la funcionaria fue inhabilitada por 2 años”.

El reporte, al cual tuvo acceso Proceso, acusa: “la autoridad estatal no tiene un claro compromiso ni intención de investigar y sancionar a esos servidores públicos que violentaron los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares”. Incluso, ha pretendido sancionar a 36 funcionarios, pero “ninguno de ellos tiene o tuvo relación con las investigación y las violaciones de este caso”.

Para la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, organismos que elaboraron este reporte, es importante que la Corte Interamericana “analice la verdadera intención del Estado (mexicano) para dar cumplimiento” a la sentencia y, sobre todo, “la superficialidad y falta de seriedad con la que se presenta la información” relacionada al Resolutivo 13.

Y, lo peor: estos organismos advierten que “no hay ninguna diligencia que conduzca a nuevas líneas de investigación” sobre los verdaderos responsables de los asesinatos de estas tres muchachas. Son apenas la muestra de expedientes que llegan a casi 900 crímenes en dos décadas.

Estadísticas Criminales

El estudio más reciente titulado “Sistema de Información Geográfica del Feminicidio” en Ciudad Juárez, elaborado por los investigadores Julia Monárrez y Luis Cervera advierte que entre 2006 y 2008, el incremento de los feminicidios fue de 584 por ciento: pasaron de 19 en 2006 a 111 en 2008.

Entre el 1 de enero de 1993 y el 30 de junio de 2010 se contabiliza un total de 887 víctimas, de las cuales se lograron georreferenciar 656 casos. La mayoría de los crímenes fueron cometidos en el Centro Histórico de Ciudad Juárez “lo cual plantea una combinación y concurrencia de sitios y personas que son blanco de esta violencia generada por el crimen organizado”.

De 1993 a 2010, la región pasó de una tasa de 5.19 feminicidios por cada 100 mil habitantes a una tasa promedio de 7.79 feminicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, en 2008, el año más violento, llegó a 26.68.

Uno de los hallazgos estadísticos más graves de este estudio es que se registraron 36 feminicidios de “niñas menores de 6 años” y 41 víctimas tenían 17 años, uno antes de alcanzar la mayoría de edad. La edad promedio de los 887 casos es de 26 años.

El estudio de Monárrez advierte que 91 víctimas “recibieron 210 agresiones distintas, entre las que destacan las violaciones y estrangulamientos, así como la mordida del pezón”. Entre 2008 y 2010 más del 50.6 por ciento de los homicidios fueron con armas de fuego.

Una de las primeras conclusiones de la investigación es que desde 2008 se registra en Ciudad Juárez “el mayor número de homicidios de hombres y mujeres”. Desde 1993 la ciudad  “ocupa la atención de los organismos internacionales de derechos humanos por la grave e impune problemática del feminicidio”.

Sin embargo, sostienen que “existen otras formas de violencia y otras víctimas que permanecen invisibilizados: las y los jóvenes que se encuentran inmersos en la violencia juvenil, y las niñas y niños víctimas de maltrato: emocional, piscológico, físico, sexual y económico”.

Es éste el contexto más grave de la historia de feminicidios e impunidad que, lejos de aminorar, crecen en Ciudad Juárez.

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