Feminicidio y Chivos Expiatorios en Ciudad Juárez, el Doble Crimen a las Mujeres (Primera parte)

Jenaro Villamil

Reportaje especial.

Marisela Escobedo, buscaba justicia por el asesinato de su hija. Fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua el pasado 16 de diciembre. Fuente: elpais.com

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.-En 1983, una década antes que esta ciudad alcanzara notoriedad internacional por la historia de femincidios y desapariciones de mujeres, la sociedad juarense se conmovió con el caso de Cynthia Liliana González Rivero, una niña secuestrada, violada y asesinada, con particular sadismo.

La Procuraduría de Justicia del estado, a cargo de Toribio Porras Villegas, quiso cerrar el caso con celeridad e inculpó a Lucas Juárez Lozano, un trabajador de la construcción que fue sentenciado a 35 años de prisión sin que hubiera evidencia sólida en su contra, sólo su testimonio, realizado bajo presión y tortura.

La prensa y la sociedad juarense estaban convencidas de que se trataba de un “chivo expiatorio”. En 1986 el gobernador priista Fernando Baeza Meléndez ordenó el indulto de Juárez Lozano. Entre la opinión pública predominó la idea de que los verdaderos responsables eran “varios juniors”, hijos de personajes influyentes en la política y la economía de Ciudad Juárez.

Nadie los investigó. El juez que consignó a Juárez Lozano fue José Chávez Aragón. Por sus buenos servicios, este personaje fue premiado como magistrado de la Segunda Sala Penal y llegó a ser presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, entre 2004 y 2007.

La cadena de impunidad que inició en 1983 llegó hasta finales de 2010, con el caso de Rubí Marisol Freyre, una joven de 17 años asesinada en Chihuahua en 2008. La sombra de Chávez Aragón también apareció en este homicidio.

El crimen de Rubí Marisol se volvió un escándalo a raíz de la liberación del asesino confeso, Rafael Barraza Bocanegra, en mayo de 2010 y del asesinato de Marisela Escobedo, madre de la víctima, que encabezó una inédita protesta frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

A plena luz del día, el 16 de diciembre de 2010 un hombre se acercó y disparó a quemarropa en la cabeza de Marisela Escobedo. El video de la ejecución de la madre y activista dio la vuelta al mundo.

Uno de los tres jueces que exoneró al asesino de Rubí Marisol es Rafael Baudib Jurado, protegido y cercano de José Chávez Aragón, el mismo magistrado que avaló al “chivo expiatorio” de 1983. Además de Baudib Jurado, los jueces Catalina Ochoa Contreras y Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez dejaron libre a Barraza Bocanegra.

“Es igual que me hubieran matado a mi hija dos veces”, afirmó Marisela Escobedo cuando se dio a conocer la exoneración de la ex pareja sentimental de su hija. Fue la propia Escobedo la que inició una investigación personal y dio con el paradero de Barraza Bocanegra en Fresnillo, Zacatecas. No confiaba en la procuraduría estatal.

Escobedo ya no tuvo tiempo de continuar con su protesta. Acusó al Poder Judicial, a la procuradora estatal Patricia González y al gobernador César Duarte de formar parte de una red de complicidades que protegen a los auténticos responsables de los crímenes contra las mujeres.

Seis meses después del asesinato de Marisela Escobedo, su memoria conmociona a una sociedad castigada por el miedo y la impunidad. “Nunca imaginé que tuviera que entregarle a los hijos el cuerpo de una madre. Fue la primera vez que me ocurrió en diez años”, recordó Norma Ledezma, durante el Diálogo por la Paz que sostuvieron las víctimas con el presidente Felipe Calderón, el 23 de junio de 2011, en el Castillo de Chapultepec, encabezadas por el poeta Javier Sicilia.

Ledezma y decenas de madres de las víctimas y activistas de derechos humanos saben que en dos décadas de femincidio en Ciudad Juárez la impunidad y la fabricación de culpables es una constante, a pesar de los informes de organismos internacionales como Amnistía Internacional, o la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de tres de las ocho víctimas encontradas en el campo algodonero, emitida el 16 de noviembre de 2009 contra el Estado mexicano.

La hija de Norma Ledezma, Paloma Angélica Escobar Ledezma, desapareció a los 16 años en marzo de 2002. Era obrera de la maquiladora Aerotec y estudiante de la escuela de cómputo Ecco. Veintisiete días después las autoridades encontraron su osamenta en un arroyo cercano a la carretera de Aldana. Involucraron a su ex novio Vicente Cárdenas Anchondo, pero el caso se le cayó a la procuraduría estatal por las pruebas “sembradas” en el cuerpo de Paloma para inculpar a su pareja.

Ledezma ha denunciado la fabricación de culpables en el caso de su hija y de la mayoría de los casos que ella ve en la organización Justicia para Nuestras Hijas. En las próximas semanas el expediente llegará también a la Corte Interamericana “ante la indolencia del Estado y la insensibilidad a nuestro sufrimiento”, declaró Ledezma, el pasado 4 de julio.

Crímenes y Fabricación de Culpables

La fabricación de culpables va de la mano con el incremento de los asesinatos y desapariciones de mujeres. Entre el 1 de enero de 1993  y el 30 de junio de 2010 existen 887 víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez, según el recuento de la investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Julia Monárrez, quien lleva el seguimiento más puntual de los casos. La organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa contabilizan 42 jóvenes desaparecidas tan sólo entre 2008 y 2009.

A partir de un seguimiento hemerográfico, Norma Ledezma, informó que tan sólo en el primer semestre de 2011 se cometieron 187 homicidios de mujeres en el estado, de los cuales, 117 corresponden a Ciudad Juárez. Es decir, la eficacia de la justicia para encarcelar a los presuntos feminicidas no se ha reflejado en la disminución de los casos.

El caso más documentado de fabricación de un culpable es el de Edgar Alvarez Cruz, un trabajador de la construcción, migrante mexicano que vivía en Denver Colorado, y al que se le atribuyeron primero más de 100 crímenes, luego 17 y ahora se le imputa sólo el homicidio de Mayra Juliana Reyes Solís, una de las víctimas del campo algodonero.

En el expediente no existe ninguna evidencia sólida que lo vincule con Reyes Solís más que el testimonio de José Francisco Granados de la Paz, un preso con problemas de adicción y depresión crónica, detenido en Almoloya.

El ex embajador norteamericano Antonio Garza dio por buena en agosto de 2006 la versión de que Alvarez Cruz era el responsable de más de cien crímenes e implicó al gobierno de Estados Unidos en la fabricación de un culpable en los feminicidios de Juárez.

Alvarez Cruz está encarcelado en Ciudad Juárez desde 2006, computando una pena por 26 años, a pesar de haber sido absuelto en primera instancia por la jueza Catalina Ochoa Contreras, la misma del caso de Rubí Marisol. El ministerio público apeló y la jueza Flor Mireya Aguilar lo sentenció en segunda instancia.

“Me sentenciaron por órdenes de la procuradora de Patricia González”, acusa Alvarez Cruz, entrevistado en el penal de Ciudad Juárez. A su vez, su esposa María Teresa Peinado Portillo, señala que la ex fiscal estatal sobre los casos de feminicidio, Connie Velarde, la psicóloga Karina Muriel y el comandante Vidal Barraza amenazaron a Edgar Alvarez para que se inculpara.

María Teresa Peinado, entrevistada en un restaurante de Ciudad Juárez, es muy clara: “ninguna de las madres de las víctimas acusa a Edgar. La mamá de Mayra, doña Gloria Solís, ha dicho que ella no cree en las investigaciones que imputan a mi marido”. La razón es muy sencilla: la fecha en que se cometió el crimen de Mayra, Edgar Alvarez vivía en Denver, Colorado y lo ha acreditado con comprobantes de pago por su trabajo como albañil.

“A mí me hostigó la ex procuradora Patricia González y la ex fiscal Flor Rocío Munguía González. Tenía vigilancia las 24 horas del día. La subprocuradora María del Pilar Pérez de la Fuente me llegó a decir que Edgar viajaba de Denver por las noches para cometer asesinatos en Ciudad Juárez”, relata la esposa María Teresa.

El interés de mantener a Edgar Alvarez encerrado no es menor. El gobierno de Chihuahua necesitaba otro detenido a quien atribuirle los crímenes del campo algodonero. En este terreno baldío se encontraron en noviembre de 2001 ocho osamentas dejadas a la intemperie, frente a las instalaciones de la Asociación de Maquiladoras, en una de las zonas más transitadas de Ciudad Juárez, a unos metros del consulado norteamericano.

El hallazgo del campo algodonero se convirtió en el más emblemático del modus operandi de los crímenes seriales en contra de, por lo menos, 94 mujeres, según los especialistas.

Las autoridades implicaron como presuntos culpables a unos conductores a los que denominaron la banda de Los Choferes. En julio de 2005 salió libre Víctor García, El Cerillo, quien fue acusado junto con Gustavo González Meza, La Foca, de ser responsable de los crímenes cometidos en el lote algodonero. Se comprobó que tanto El Cerillo como La Foca fueron torturados. Este último murió asesinado en la cárcel y Víctor García salió libre, con el apoyo de las propias madres de las víctimas del campo algodonero.

En estas casi dos décadas se han construido múltiples “chivos expiatorios”, como El Egipcio, El Tolteca, Los Ruteros o Choferes y ahora Edgar Alvarez, a quien le atribuyen formar parte de La Banda del Carro Rojo, porque presumen que en este vehículo cometió los crímenes. Torturados, asesinados o liberados tardíamente todos estos casos confirman una constante en Ciudad Juárez.

Por ejemplo, entre 1995 y 1996 cuando se cometieron varios de los crímenes con mayor sadismo en la historia los crímenes seriales de Juárez, las autoridades crearon una historia para implicar a un ciudadano de origen egipcio.

Uno de esos crímenes fue el de Silvia Irene Rivera Morales, joven estudiante de 17 años que desapareció el 17 de julio de 1995. Su madre, Ramona Morales, denunció la desaparición ante el Ministerio Público, pero las autoridades le dijeron: “a lo mejor su hija se fue con el novio o estará con su amiga por ahí”.

El 9 de septiembre de ese año, el cuerpo de Silvia Irene fue encontrado junto con el de Olga Alicia Carrillo y Rosario García Leal en un predio baldío de Lote Bravo. Los tres cuerpos tenían claros indicios de violación y tortura. La autopsia reveló mordeduras y amputaciones de la mano izquierda y amputación parcial del pezón.

En su testimonio ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en noviembre de 2003, la madre Ramona Morales, señaló que “los investigadores encontraron luego, luego un culpable, El Egipcio, Latif Sharif Sharif, quien ya estaba preso por otros supuestos homicidios de mujeres”. A El Egipcio lo inculparon por más de seis crímenes brutales cometidos en esos años.

Sin embargo, las evidencias eran muy endebles: se basaban en el testimonio de una testigo que oyó gritar a El Egipcio el nombre de Silvia; que la agenda de la muchacha traía una anotación con las letras Sha que “seguramente” era un apócope de Sharif, según las autoridades ministeriales.

Otro caso emblemático es el de Lilia Alejandra García Andrade. Desapareció el 14 de febrero de 2001 cuando cruzaba las avenidas Ejército Nacional y Carretera Panamericana, una de las zonas más transitadas de Ciudad Juárez. Tenía 17 años, trabajaba en una maquiladora y era madre de dos niños.

Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, interpuso una demanda el 15 de febrero por desaparición. Seis días después el cuerpo apareció en un lote baldío cercano al centro comercial Soriana. Desnuda de la cintura hacia abajo, los signos de tortura y violencia sexual eran evidentes. Las autoridades desestimaron los datos proporcionados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos que indicaba la posible presencia de narcotraficantes en la zona donde fue hallado el cuerpo.

Las autoridades ministeriales han “escondido” o “confundido” cuerpos, como el de Verónica Martínez para que la construcción de culpables no se alterara. Durante cinco años, la procuraduría sostuvo que una de las osamentas encontradas en el campo algodonero era de Martínez.

Sin embargo, la averiguación previa 26449/02 señala que el cuerpo de esta muchacha fue hallado realmente en el eje vial Juan Gabriel, frente a la maquiladora R.K.A, cerca de las instalaciones de la fiscalía especial para el feminicidio. Ni siquiera les informaron a los familiares de Verónica Martínez. El objetivo era evitar que se cayera el caso en contra de La Foca y El Cerillo.

(Continúa mañana)

3 Respuestas a “Feminicidio y Chivos Expiatorios en Ciudad Juárez, el Doble Crimen a las Mujeres (Primera parte)

  1. ¿Y las dizque autoridades, siguen ahí, mamando de nuestros impuestos?
    Qué poca madre, para tanta mierda, empezando por el gobernador en turno, cómo me gustaría que a éstos les pasara lo mismo y que vivieran en carne propia este sufrimiento.

  2. Pingback: Feminicidio y Chivos Expiatorios en Ciudad Juárez, el Doble Crimen a las Mujeres (Segunda parte) | Jenaro Villamil

  3. arturo pedroza chavez

    estan seguros de que el crimen de lucas juarez losano fu en el año que pusieron en la nota ruego verificar ya que estamos haciendo un trabajo en la escuela

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s