El “Apagón” de Calderón

La política de telecomunicaciones y de digitalización televisiva del gobierno de Felipe Calderón entró en crisis. En menos de quince días dos órdenes judiciales y una decisión empresarial de Televisa echaron abajo los dos procesos más polémicos de este año y exhibieron a las autoridades del gobierno federal: la licitación 21 para el negocio de la telefonía móvil de cuarta generación en los próximos 20 años y el decreto presidencial del 2 de septiembre que adelantaba del 2021 al 2015 el “apagón analógico” en materia televisiva.

El miércoles 20 de octubre, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero ordenó suspender las medidas anunciadas en el decreto de Calderón y, en especial, la conformación de una Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, encabezada por los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Hacienda, Gobernación, Desarrollo Social, Economía y Educación Pública, todos ellos, “precandidatos” presidenciales del PAN para el 2012.

Los legisladores priistas, encabezados por el senador Manlio Fabio Beltrones, Raúl Mejía y Fernando Castro, impulsaron una controversia constitucional advirtiendo que el presidente estaba “legislando por decreto” y violando la sentencia 07/2009 contra la Ley Televisa en la cual se estableció que la única autoridad en materia de radiodifusión es la Cofetel.

Además, organizaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) advirtieron en un comunicado que las medidas anunciadas en el decreto del 2 de septiembre “pueden convertirse en un condenable recurso de clientelismo político”, ya que las subvenciones a los hogares mexicanos para adquirir el decodificador que permitirá tener acceso a la televisión digital se distribuirán en 2012, año de la sucesión presidencial.

El interés político-electoral y la complicada relación entre el gobierno de Calderón y Televisa se ha convertido también en un juego de fuerzas entre el monopolio de la televisión privada y la administración panista.

En el caso de la licitación 21, correspondiente a la banda 1.7Ghz para el cuádruple play, las autoridades regulatorias de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el propio Felipe Calderón defendieron hasta el último minuto la polémica decisión de otorgar al consorcio formado por Televisa-Nextel el bloque nacional de 30 megahertz, el más valioso, con un “enganche” de 180.3 millones de pesos, 28 veces menos que el precio pagado por los otros competidores (Telcel, Telefónica) que subastaron en la misma licitación por los bloques de 10 megahertz, pagando más de 5 mil millones de pesos.

De nada valieron los más de 70 litigios jurídicos que emprendió Iusacell, compañía telefónica de Ricardo Salinas Pliego, concesionario de TV Azteca, las medidas cautelares ordenadas por tres jueces, ni el punto de acuerdo del Congreso de la Unión para que se suspendiera la licitación, dadas las irregularidades documentadas desde la emisión de las propias bases, ni mucho menos la fractura que se generó en el seno de la Cofetel: la licitación 21 fue aprobada por sólo 2 votos a favor de los 5 comisionados que integran el pleno.

El verdadero “golpe” a la licitación 21 se lo propinó uno de sus principales beneficiarios: Televisa. Con un mensaje críptico que caracteriza a sus comunicados bursátiles, la compañía de Emilio Azcárraga Jean anticipó diez días antes el inminente fracaso de su sociedad con Nextel, dejando mal parados a los directivos de esta empresa, al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, al titular de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta y al propio Felipe Calderón.

El 4 de octubre, tres días después de que Molinar Horcasitas entregara los títulos de la concesión a los representantes de Nextel, Televisa anunció que “con respecto a la adjudicación de la concesión del espectro por 30Mhz en la banda AWS el pasado viernes, Grupo Televisa y NII Holdings (controladora de Nextel) están evaluando si las condiciones precedentes para el cierre de la transacción se han alcanzado o se podrán alcanzar”.

De esta manera, Televisa informó a sus accionistas bursátiles de México y Estados Unidos que estaba en duda el compromiso de invertir 1 mil 40 millones de dólares para adquirir el 30 por ciento de Nextel. En febrero de este año, el vicepresidente de Finanzas del consorcio televisivo, Alfonso de Angoitia, condicionó esta inversión a la entrega del título de concesión de la banda 1.7Ghz.

Un día después, Emilio Azcárraga Jean anunció que Televisa invertirá 1,200 millones de dólares para adquirir el 5 por ciento de las acciones de Univisión, la compañía de televisión en habla hispana más importante de Estados Unidos. Además, amplió por tres años más el contrato de exclusividad de contenidos con Univisión. El impacto bursátil para Televisa fue inmediato: en un solo día, sus acciones ganaron 13 por ciento.

La otra jugada financiera de Televisa ocurrió el 12 de octubre, dos días antes de que un juez concediera el amparo definitivo a Iusacell para cancelar la licitación 21. Mediante un comunicado, el grupo mediático anunció la oferta de Certificados Bursátiles a través de la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de 10 mil millones con una tasa de 7.38 por ciento, con vencimiento en 2020.

El 14 de octubre, el juzgado segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Civiles Federales, Octavio Bolaños Valadez, concedió el amparo definitivo al grupo Iusacell, con lo cual impide que, mientras dure el litigio la sociedad entre Televisa-Nextel puedan operar la concesión entregada el 1 de octubre.

El 18 de octubre, en medio de crecientes rumores sobre las diferencias entre Nextel y Televisa, la compañía de Azcárraga Jean formaliza el rompimiento. “Ambas partes han decidido dar por terminado el acuerdo de inversión previamente anunciado el 15 de febrero de 2010”, indicó el comunicado.

El Ridículo y el Trabajo Sucio

El documentado favoritismo de las autoridades hacia la sociedad Nextel-Televisa generó un debate entre el diputado federal panista Javier Corral y el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas. Todavía el mismo día que el juez de Toluca ordenaba la suspensión definitiva, Molinar envió varias cartas a los medios para desmentir que hubiera existido una “ganga” o un descuento a favor de Televisa-Nextel.

El funcionario ya no mencionó a la compañía de Azcárraga Jean en su réplica a Reforma y a La Jornada. Según Molinar, “Nextel no sólo pagará los 180 millones de pesos de enganche, sino también, cerca de 18 mil millones de pesos de derechos. Eso no es una ganga. Por el contrario, esa cantidad garantiza y satisface el interés patrimonial del estado pues es equivalente al precio actualizado de mercado que se obtuvo en la licitación de la banda 1.9Ghz, realizada en 2005”.

Corral le demandó a Molinar Horcasitas que repusiera el proceso de licitación 21 y recordó que tres de los cinco comisionados de Cofetel impugnaron las bases y demandaron que se suspendiera la entrega del espectro, ya que existían órdenes judiciales que dictaron medidas cautelares por la serie de irregularidades detectadas, desde enero a la fecha.

Calderón también salió en defensa de la entrega del espectro a Televisa-Nextel y de la licitación de la fibra óptica, que también benefició a Televisa, en sociedad con Megacable y Telefónica. Durante su participación en la semana de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, Calderón afirmó que gracias a estas subastas “ya no hay, como hace varios años, sólo un gran operador o dos, sino que ahora tenemos tres y hasta cuatro operadores que pueden, precisamente, en condiciones de competencia, proveer servicios con más calidad y a mejor precio a los mexicanos”.

El presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, al comparecer en la Cámara de Diputados, también defendió los criterios establecidos por este organismo antimonopólico y negó que la autorización de la sociedad Nextel-Televisa implicara favorecer el poder de la empresa más importantes de medios electrónicos en México.

Pérez Motta insistió que Nextel era un “jugador entrante” en telefonía móvil, ya que los 22 megahertz que detenta son sólo para servicios de trunking y su ingreso a la competencia favorecerá una paulatina reducción de precios a los consumidores “por decenas de millones de pesos en los próximos años”.

No obstante, testimonios internos de Cofetel, señalan que desde septiembre de 2009, les ordenaron a trabajadores de la comisión, bajo las órdenes de Patrocinio Barajas, responsable de la unidad de Prospectiva y Regulación, “poner en orden” y “revisar” los títulos de concesión de Nextel, ya que se buscaba “ampliar” la cobertura de la compañía telefónica.

“Prácticamente estuvimos ‘arreglando’ a Nextel para que meses después se asociara con Televisa. Hicimos un trabajo sucio que en lugar de beneficiar al país (las multas hubieran entrado a las arcas de la nación), beneficiamos a Televisa-Nextel”, escribió a Proceso Juan Carlos Flores López, uno de los trabajadores que estuvo bajo las órdenes de Barajas, que fue despedido posteriormente de la comisión.

El “Pleito” Televisa-Calderón

El 18 de octubre, el mismo día que se anunció la ruptura de la sociedad Televisa-Nextel, Emilio Azcárraga Jean emitió un mensaje en Twitter para justificar la decisión: “Hay que tomar decisiones todos los días, y creo que tomamos lo mejor para nosotros”.

Extraoficialmente, los dos principales conductores de los noticiarios de Televisa, Carlos Loret de Mola y Joaquín López Dóriga, publicaron en sus columnas del martes 19 de octubre en El Universal y Milenio Diario que la decisión adoptada beneficia a Telcel, la compañía de Carlos Slim, que actúa a través de Iusacell, y afirmaron que Televisa fue víctima de una campaña en contra.

Más explícito, Loret de Mola escribió en su columna “Tengan su ‘Ganga’” que la entrega de la concesión, el 1 de octubre, fue una medida de “chantaje” de Felipe Calderón para presionar a Televisa frente a la sucesión del 2012:

“Esta sucesión de hechos –afirmó Loret de Mola- puede ser la habitual torpeza de la SCT o constituir una estrategia de la administración de Felipe Calderón destinada a vulnerar al grado de poder sostener con sus alfileres la licitación y con ello chantajear a Televisa, de cara a la contienda electoral del 2012. Esa sí que era una ganga. Televisa no aceptó quedar en manos del gobierno federal y ayer por la mañana dejó la polémica licitación sobre la mesa y se levantó.

“En el camino muchos se fueron con la finta: denunciaron que el gobierno federal estaba ‘amarrado’ con Televisa (al parecer, jamás encendieron los noticieros o programas de opinión). La alianza verdadera quedó exhibida cuando Televisa se hizo a un lado y en las bolsas de valores subieron sus acciones. Tengan su ganga”.

Para otros especialistas consultados por Proceso, la razón principal de la salida de Televisa no fue la orden judicial ni un pleito definitivo con el gobierno de Calderón o con Grupo Salinas sino una maniobra empresarial para cancelar el compromiso de invertir 1 mil 40 millones de dólares en Nextel y privilegiar su inversión en Univisión, en vías de ser aprobada por las autoridades regulatorias de Estados Unidos, y quitarse “piedras en el camino”.

Para el diputado federal panista Javier Corral la ruptura Televisa-Nextel deja sin efecto los títulos de concesión, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe convocar a una nueva licitación.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, presidida por Raúl Trejo Delarbre, advirtió en otro comunicado el riesgo de que Televisa pueda tener acceso a los 30 megahertz por la vía del uso de las frecuencias de televisión digital.

“Sería inadmisible que los megahertz para la telefonía móvil que hoy rechazó Televisa en la alianza con Nextel los obtenga dentro de pocos meses y de manera gratuita como resultado de los nuevos usos que podrían tener las frecuencias de televisión digital”, señaló el organismo.

La Digitalización Electoral

En el marco de su cuarto informe de gobierno, Felipe Calderón emitió en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual “se establecen las acciones que deben llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre”. Desde ese momento, legisladores del PRI y del PRD advirtieron que se trataba de un decreto “electorero” (ver Proceso, No. 1766).

Los puntos fundamentales del decreto son: adelantar del 2021 al 2015 el llamado “apagón analógico” para que todos los aparatos televisivos puedan tener acceso a la señal digital; liberar la banda de 700 megahertz para el año 2012 y “así posibilitar la prestación de otros servicios de telecomunicaciones para favorecer el uso eficiente de dicha banda”; instrumentar las acciones necesarias para que los hogares mexicanos con menos recursos puedan tener acceso a receptores o decodificadores que permitan tener la señal digital, a través de la Secretaría de Economía y de la Sedesol; y crear una Comisión Intersecretarial para la Transición Digital, presidida por Juan Molinar Horcasitas, para “coordinar las acciones necesarias para concretar la transición”.

El decreto de Calderón no echó abajo lo estipulado en el acuerdo previo, establecido por el gobierno de Vicente Fox, en julio de 2004, especialmente la renovación automática de las 462 concesiones de televisión hasta el 31 de diciembre de 2021 (94 por ciento de ellas en manos de Televisa y TV Azteca) ni tampoco aclaró las dudas respecto al uso, asignación y devolución del espectro sobrante, como resultado de la digitalización. Desde 2004 hasta junio de 2010 ya operan 65 “canales espejos” en todo el país, la mayoría en manos de Televisa y TV Azteca.

Un informe de Cofetel, difundido en enero de 2009, afirmó que sólo 1.6 millones de hogares, menos del 7 por ciento del total del país, están en posibilidades de recibir las transmisiones de televisión digital.

El especialista Gabriel Sosa Plata afirmó en su análisis para la revista Zócalo que entre 2004 y 2010, los primeros seis años de la transición analógica-digital prevaleció una política de “opacidad y falta de rendición de cuentas por parte del gobierno, así como por la indiferencia y compromiso de algunos operadores para incentivar el desarrollo de la tecnología del país”.

Y ejemplificó: Televisa se comprometió a transmitir en digital en ciudades como Villahermosa, Mérida, Morelia, Uruapan, San Luis Potosí y Zacatecas, a partir del 15 de diciembre de 2009, pero en 2008 cambió de opinión y la Cofetel le autorizó modificar los títulos de concesión de las repetidoras de canal 2 y canal 5 en esas plazas para iniciar transmisiones hasta 2015 y 2018.

Frente a esta falta de certeza, Calderón emitió un nuevo decreto que no corrigió los errores de la digitalización emprendida por Fox para favorecer a las dos grandes compañías televisoras, pero le agregó un ingrediente electoral: el reparto de los decodificadores entre 2011 y 2012 y la formación de una Comisión Intersecretarial que dependerá directamente de él y marginando a la Cofetel.

Esta decisión motivó el recurso de anticonstitucionalidad interpuesto ante la Suprema Corte y la decisión de la ministra Olga Sánchez Cordero de suspender como medida cautelar el decretazo de Calderón. “No se afectarán la seguridad ni la economía nacionales con la suspensión”, afirmó la ministra el jueves 21 de octubre.

Lo que comienza a afectarse es el plan electoral del gobierno de Felipe Calderón y su relación con los medios electrónicos dominantes.