Fuero militar, la protección

Imagen: La Jornada.

Al mediodía del jueves 22 de abril, enfundado en un traje verde claro, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont se presentó a las instalaciones del Senado de la República para destrabar las negociaciones del dictamen de reforma de la Ley de Seguridad Nacional, entrampada hasta ese momento por los temas del fuero militar, la participación del Senado en las declaratorias de afectación a la seguridad nacional y los retenes militares.

Grandilocuente, Gómez Mont les pidió a los 22 senadores del PRD que se reunieron con él:

“Vengo a nombre de las fuerzas armadas a dialogar con la izquierda mexicana. Las fuerzas armadas piden que les den 4 meses para modificar el Código de Justicia Militar”.

“Vamos a ir mucho más allá de lo que la Corte Interamericana ha planteado”, les ofreció Gómez Mont a los perredistas y también al coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien insistió en incorporar a los tribunales civiles en el juicio contra militares. El titular de Gobernación les adelantó que la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar eliminaría del fuero militar también los delitos sexuales, la tortura y la desaparición forzosa.

De esta manera, el secretario de Gobernación presionó de última hora para excluir del dictamen de reforma de la Ley de Seguridad Nacional la propuesta de que los integrantes de las fuerzas armadas que cometan delitos contra ciudadanos en los operativos contra el narcotráfico sean juzgados por tribunales civiles.

Escépticos, los senadores René Arce, Pablo Gómez y Tomás Torres le recordaron al secretario de Gobernación que la demanda del PRD de desaparecer el fuero militar era “irreductible” para que su partido votara a favor del dictamen de reforma de la Ley de Seguridad Nacional, presentado por Felipe Calderón desde abril del año pasado.

La incorporación de los delitos sexuales y la desaparición forzosa en el Código de Justicia Militar no es una concesión gratuita del gobierno federal y las fuerzas armadas.

Asesores de las comisiones dictaminadoras advirtieron a Proceso que el alto mando militar pretende adelantarse así a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde noviembre de 2009, en su sentencia sobre el caso de Rosendo Radilla, líder social de Guerrero desaparecido durante la guerra sucia, la Corte le pidió al gobierno mexicano que modificara el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

La Corte Interamericana, además, está en la fase final del juicio sobre 2 de las 6 indígenas de Guerrero que acusaron a soldados de violarlas y también resolverá los casos de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que denunciaron a soldados de tortura y que hasta ahora no han sido sancionados.

El presidente del Centro Miguel Angel Pro de Derechos Humanos, Luis Arriaga, subrayó que éstos y otros casos revelan que la militarización de la lucha contra el narcotráfico “ha minado el control civil sobre las fuerzas armadas” y ha generado un crecimiento explosivo de las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército.

Tan sólo entre 2007 y el primer semestre de 2009, el número de abusos de efectivos militares contra civiles creció 472 por ciento, de acuerdo con el seguimiento hemerográfico del Centro Pro. De 54 abusos reportados en 2007 se pasó a 119 en 2008 y hasta julio de 2009 se tenían registrados 115.

El mayor número de abusos denunciados son irrupción ilegal en la vivienda, agresión física, tortura y robo. El número de víctimas ha crecido también: de 11 fallecidos en 2007 se incrementó a 22 civiles muertos en 2008 y 8 homicidios cometidos presuntamente por militares hasta el primer semestre de 2009.

También la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha informado que desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2009, el número de quejas en contra de la Secretaría de Defensa Nacional se incrementaron en un 300 por ciento y las recomendaciones emitidas por el organismo crecieron en un 400 por ciento.

El mismo día que Gómez Mont acudió al Senado para negociar que se excluyera el tema del fuero militar, se presentó el rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Rafael Rangel Sostman para proponerle a los legisladores que los efectivos militares que cometan delitos puedan ser juzgados en tribunales civiles.

Durante su encuentro con Carlos Navarrete, presidente del Senado y coordinador del PRD, Rangel Sostman aprovechó para demandar el esclarecimiento de los asesinatos de los estudiantes de posgrado Jorge Mercado y Francisco Arredondo, ambos del Tec de Monterrey, y cuyos casos no han sido resueltos.

Dos días antes, el martes 20 de abril, acudieron al Senado integrantes del Comité del 68 para reclamar que se suspendiera el proceso de dictaminación de las leyes de seguridad nacional y de secuestro, entre otras, hasta que se escuche a los distintos organismos sociales.

Encabezados por Raúl Alvarez Marín, Jesús Martín del Campo y Carlota Botey, los integrantes del comité denunciaron que la iniciativa de Calderón sobre Seguridad Nacional “legaliza procesos y procedimientos que, además de ser violatorios de las garantías, busca eximir de responsabilidad a quienes los promueven”.

Sin embargo, las presiones más fuertes sobre el Senado provinieron del Ejecutivo federal –Calderón sostuvo una comida con la bancada del PAN el jueves 22 de abril- y de los secretarios de Defensa y de Marina que sostuvieron dos reuniones previas con los coordinadores de las fracciones parlamentarias para demandarles “certeza jurídica” en las acciones de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico.

Durante la última reunión, realizada a puerta cerrada el 7 de abril, el titular de la Defensa, general Guillermo Galván, cometió uno de los deslices más costosos para el ejército: calificó como “daños colaterales” los homicidios cometidos contra civiles.

Sus desafortunadas declaraciones generaron diferencias al interior de la cúpula militar. El secretario de Marina, Francisco Saynez, admitió el 21 de abril que las fuerzas armadas deben reconocer errores, pero insistió en que no era tiempo de “lamentos ni de aflicciones” sino de “cooperar y aportar a favor de los intereses nacionales”.

Avances del Dictamen

Hasta el martes 20 de abril, a tres sesiones de que concluyera el periodo ordinario de sesiones, existían 23 “corchetes” o reservas entre los senadores que dictaminaban la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

Las diferencias más importantes se concentraban precisamente en el tema del fuero militar, los retenes, la participación del Senado en la declaración de existencia de una afectación a la seguridad interna y la participación de la CNDH en la vigilancia de los operativos.

El miércoles 21 de abril, las comisiones unidas de Seguridad Pública, Gobernación y de Estudios Legislativos eliminaron más de 10 “corchetes” hasta que el senador Jesús Murillo Karam, presidente de la comisión de Gobernación, presentó un proyecto alterno de dictamen que eliminaba la facultad del Senado para avalar el envío temporal del ejército a las calles y le daba una mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo.

El senador perredista Tomás Torres le reclamó a Murillo Karam que su propuesta era prácticamente similar al decreto presidencial del 9 de mayo de 2007 que crea la figura de las Fuerzas Federales de Apoyo.

El punto medular quedó indefinido: el del fuero militar.  Sobre este punto, circuló una propuesta elaborada en la Comisión de Gobernación, con el aval de los asesores de Gómez Mont, que planteó la posibilidad de eliminar el fuero militar, pero de una manera indirecta y ambigua:

“En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada Permanente a que se refiere este título –decía la propuesta-, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delito, serán juzgadas en los términos de la legislación vigente y las resoluciones emitidas por los órganos internacionales que sean vinculatorias para el Estado mexicano”.

En sintonía con esta propuesta, que contó con el aval del PRI, el coordinador de la bancada del PAN, Gustavo Madero, prometió que en menos de 24 horas el Ejecutivo federal presentaría una propuesta de modificación al Código de Justicia Militar.

En lugar de una iniciativa de ley, Gómez Mont acudió el jueves al Senado a pedirles cuatro meses más a los legisladores para que el Ejecutivo federal presentara un nuevo Código de Justicia Militar y para urgir la aprobación de la reforma de la Ley de Seguridad Nacional.

El principal “corchete” quedó así en suspenso, pero en la noche del jueves 22 de abril, la urgencia por aprobar el dictamen y darle “certeza jurídica” a los militares permitió que los senadores del PRD incluyeran modificaciones sustanciales para impedir el uso de las fuerzas armadas en contra de movimientos sociales o sindicales, para reglamentar los retenes, al tiempo que se aprobó una propuesta para que los ayuntamientos pudieran solicitar la declaratoria de la afectación a la seguridad interior a través del Congreso local o el Ejecutivo estatal.

Prácticamente el 80 por ciento del contenido de la iniciativa de Calderón en el Título Séptimo de la iniciativa, que se titula precisamente “Procedimiento para Declarar la Existencia de una Afectación a la Seguridad Interior” fue modificado.

El artículo 69, en su capítulo IV, quedó con la siguiente redacción para incluir la participación del Senado en la aprobación de la declaratoria de afectación, pero sólo con el objetivo de “revisar su legalidad”:

“El Secretario Ejecutivo remitirá el proyecto de declaratoria al presidente de la República para su aprobación; así como a la Cámara de Senadores, o en sus recesos a la Comisión Permanente, para revisar su legalidad. Las Cámaras del Congreso podrán ejercer sus funciones legales de control político”.

En la fracción VII del mismo artículo, a propuesta del PRD, se eliminó la posibilidad de usar al ejército contra movimientos sociales o políticos:

“No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social”.

En relación con los retenes, se modificó la redacción del artículo 77 para que tanto los policías como elementos de las Fuerzas armadas respeten los derechos humanos y las garantías de las personas “conforme al protocolo que se establezca para tal efecto, que entre otras cosas deberá contener: a) mecanismos de identificación de los efectivos de las instituciones que participan en las acciones de la declaratoria; b) principios de racionalidad, proporcionalidad, profesionalismo, honestidad y uso legítimo de la fuerza”.

Fuero Militar, Control Indirecto

Al filo de las 22 horas, cuando se discutían las propuestas del artículo 72 de la iniciativa, el senador René Arce pidió que se incluyera el criterio del artículo 13 constitucional, según el cual “en ningún caso y por ningún motivo” los tribunales militares podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”. Establece también que cuando en un delito o falta del orden militar este implicado un civil, el caso quedará en manos de la autoridad civil”.

El senador panista Felipe González reaccionó de manera airada y les reclamó a los senadores del PRI y del PRD que ya había un acuerdo con Gómez Mont para que la eliminación del fuero militar no se incluyera en el dictamen de la reforma de Ley de Seguridad Nacional.

“De ninguna manera el ejército ha violado la ley cuando nos está ayudando a que se restablezca el Estado de derecho”, afirmó el ex gobernador de Aguascalientes.

La posición de González provocó el enojo de Jesús Murillo Karam, del PRI, quien presidía la sesión. “A mi me preocupa que se utilice como argumento que Gómez Mont va a mandar en septiembre la reforma al Código de Justicia Miliar para que discutamos la ley. No me gustaría condicionar una cosa con la otra”, señaló.

Pablo Gómez, del PRD, insistió en la propuesta de Arce. “Tenemos que resolver este problema: qué va a pasar cuando los militares estén en funciones civiles. No queremos que sean delitos del orden común sino que sean considerados delitos militares juzgados por tribunales civiles”.

Para destrabar la negociación, Santiago Creel, senador del PAN, apoyó la propuesta de René Arce y también pidió incluir en el artículo 72 que se respete el artículo 133 de la Constitución, el cual ordena que los tratados internacionales firmados por México es ley suprema.

“Tal parece que queremos meter al ejército en una camisa de fuerza”, reclamó molesto Felipe González, correligionario de Creel.

Sin embargo, por mayoría se aprobó una nueva redacción del artículo 72 de la Ley de Seguridad Pública. El texto del dictamen, cuya copia obtuvo Proceso, establece lo siguiente:

“Las fuerzas federales se coordinarán con las autoridades civiles locales y estarán subordinadas al orden jurídico establecido en la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales de los cuales sean parte los Estados Unidos Mexicanos.

“En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada Permanente a que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delitos que afectan a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia en los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Controlar a Calderón

Para el especialista en temas de seguridad nacional y ex diputado federal del PRD, José Alfonso Suárez del Real, el problema no radica sólo en controlar al ejército en sus funciones de policía frente al narcotráfico sino “también al gobierno y a las policías”.

“No debemos centrarnos en que sólo el ejército per se viola los derechos humanos y comete delitos. También lo hace la policía. Siento un desbalance en esta discusión. La Ley de Seguridad Nacional está pensada en beneficiar más a Calderón y a Genaro García Luna”, afirmó Suárez del Real.

-¿Y no es importante discutir el tema del fuero militar? –se le cuestionó.

-El debate sobre el fuero militar está distrayendo el asunto fundamental. Hay que señalarles a las fuerzas militares que ellos no van a ser los chivos expiatorios de los errores cometidos por Calderón o por García Luna en la lucha contra el narcotráfico.

“Existe un intento de privilegiar a la Secretaría de Seguridad Pública y de corroborar que Calderón prefiere a García Luna. Es al funcionario que más protege. Calderón no tiene una línea militarista, sino una línea policiaca”, sentencia Suárez del Real.

Por su parte, Luis Arriaga, del Centro Pro, insistió en que a las organizaciones de derechos humanos no se les consultó para hacer un diagnóstico ni la elaboración de la reforma de Ley de Seguridad Nacional.

“Los canales de interlocución están cerrados. Ni en Gobernación ni en el Senado nos incorporaron a la discusión. Nos preocupa esta concepción de la seguridad nacional desde una perspectiva bélica”, advirtió.

Coincidiendo con esta posición, Suárez del Real subrayó que en esta discusión “se está perdiendo una oportunidad maravillosa: la seguridad nacional no sólo se ve afectada por el crimen organizado, sino también por la guerra del hambre, las guerras del agua o las guerras ecológicas que se perfilan”.

“Calderón anda buscando cómo zafarse de su responsabilidad de Estado por haber lanzado a una institución como al ejército a una guerra lamentable”, concluyó.

2 Respuestas a “Fuero militar, la protección

  1. Karina Jimenez pech

    Genaro q tal, un saludo desde Merida Yucatan, se q viviste aki…me gustaria saber tu mail para poder escribirte, soy hna d Juan Alberto Jimenez amigo tuyo d aki d Yucatan, kiero platikarte algo sobre el, el me pidio ses favor,,,, gracias
    Y pasando a la nota, simplemete ellos deben ser juzgados como cualkiera., nada mas asi d sencillo.

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